Detienen a balconero en Chiapas; familia denuncia posible robo de identidad

Familiares de Rodolfo Hernández Sánchez aseguran que fue vinculado con una empresa relacionada con hidrocarburos, pese a que toda su vida se ha dedicado a la balconería.

San Fernando, Chiapas.– Familiares de Rodolfo Hernández Sánchez, habitante del ejido Benito Juárez, municipio de San Fernando, solicitan la intervención de las autoridades federales para esclarecer su detención, ocurrida el pasado 14 de octubre, ante la sospecha de que pudiera tratarse de un caso de suplantación de identidad.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, Rodolfo se encontraba realizando trabajos de balconería en un templo presbiteriano cuando dos personas se acercaron para solicitarle un servicio en otra comunidad. Tras aceptar y abordar un vehículo, habría sido interceptado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente, la familia fue informada de que había sido trasladado a Coatzacoalcos, Veracruz, por su presunta relación con delitos vinculados al manejo de hidrocarburos.

Según la información difundida sobre el caso, en la investigación aparece relacionado con una empresa denominada Petronúcleo S.A. de C.V., donde presuntamente figura como administrador único.

Sin embargo, sus familiares sostienen que Rodolfo siempre se ha dedicado a la balconería, que únicamente cursó estudios hasta secundaria y que desconoce las actividades empresariales que se le atribuyen.

La familia también señala inconsistencias en los datos personales integrados a la investigación, entre ellas un domicilio distinto al de su residencia habitual y un nivel académico que no corresponde con su trayectoria.

Ante esta situación, consideran que su identidad pudo haber sido utilizada sin su consentimiento.

Habitantes de su comunidad y miembros de una congregación religiosa han expresado su respaldo a Rodolfo, mientras sus familiares solicitan que se revisen las pruebas y se esclarezca su situación jurídica.

El caso ha generado preocupación entre personas cercanas al detenido, quienes piden una investigación que permita determinar si existió una suplantación de identidad.

Hasta el momento, este medio no cuenta con una postura oficial de la FGR sobre los señalamientos de la familia ni con documentación judicial que confirme la presunta suplantación de identidad.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, llevó a cabo la incineración de cerca de 500 kilogramos de diversas drogas y la destrucción de más de un centenar de objetos relacionados con actividades ilícitas.

En total, las autoridades destruyeron 478 kilos, 978 gramos y 230 miligramos de narcóticos. 

Entre las sustancias incineradas destacan más de 469 kilogramos de marihuana (cannabis sativa l.), casi 3.5 kilogramos de benzocaína, y diferentes cantidades de clorhidrato de cocaína y metanfetamina, además de cientos de unidades de psicotrópicos como clobenzorex y metilfenidato.

Asimismo, se procedió a la destrucción de 127 objetos del delito decomisados en diversos operativos en la región, entre los que se encontraban máquinas tragamonedas, chalecos tácticos, gorras y teléfonos celulares.

Previo a la quema, agentes del Ministerio Público Federal (MPF) realizaron el conteo, pesaje y pesaje exacto de los cargamentos en la bodega de indicios de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Tuxtla Gutiérrez, bajo el estricto cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos de la institución.

El acto final de incineración se ejecutó en las instalaciones del Campo Militar No. 31-C "El Sabino", ubicado en el municipio de Berriozábal, Chiapas. 

El proceso contó con la supervisión directa del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR para certificar la legalidad y transparencia de la diligencia.

Con estas acciones, la dependencia federal reafirmó su compromiso en el combate al tráfico de estupefacientes y el debilitamiento operativo de los grupos delictivos en el estado. ( comunicado). 

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación para determinar posibles irregularidades en la preservación de la escena donde se realizó un operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco, en el que se buscaba detener a un presunto líder de un grupo criminal identificado como “Rubén N”.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido el 16 de marzo de 2026, el operativo fue considerado de alta complejidad táctica y durante su ejecución se registraron enfrentamientos armados debido a la resistencia de integrantes del grupo criminal. Como resultado de estos hechos hubo personas fallecidas y el sospechoso resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La fiscalía explicó que el sitio donde se encontraba el presunto líder —un conjunto de cabañas dentro de un club del municipio— no contaba inicialmente con condiciones de seguridad suficientes para el trabajo del personal ministerial y pericial. Posteriormente, el aseguramiento del lugar se realizó mediante una orden de cateo solicitada ante una autoridad judicial.

Sin embargo, la institución indicó que personas ajenas a la investigación ingresaron previamente a los inmuebles sin autorización, lo que pudo alterar o contaminar la escena de los hechos. Debido a esta situación, la FGR señaló que no es posible confirmar la autenticidad o procedencia de objetos o indicios que hayan sido difundidos públicamente.

Lo que la FGR no reconoce como confirmado

En su comunicado, la fiscalía dejó claro que no puede validar información o evidencias difundidas fuera de los canales oficiales, entre ellas:

• Objetos o evidencias que circulan en fotografías o videos en redes sociales.

• Supuestos documentos, listas o registros atribuidos al lugar.

• Cualquier indicio que no haya sido asegurado formalmente por el personal ministerial y pericial.

• Información difundida públicamente sin cadena de custodia verificada.

Ante la posibilidad de que se haya comprometido la preservación del lugar, la fiscalía abrió una investigación interna para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades relacionadas con el resguardo de la escena.

La dependencia federal indicó que las investigaciones continúan y que informará a la opinión pública conforme se obtengan resultados verificables dentro del proceso. ????