*No soy juez para decir si Sabines debe ir a la cárcel, pero su hay delito que se juzgue con el peso de la ley, dice Ovando Reazola

Tras las detenciones de los ex-gobernadores priistas de los estados de Tamaulipas y Veracruz, la presidenta del comité estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Chiapas, Janette Ovando Reazola demandó que el ex gobernador Juan Sabines Junior debe ser juzgado con el mismo preso de la ley al igual que los otros que hayan cometido algún delito.

En conferencia de prensa, la dirigente en Chiapas comentó: “Nosotros creemos que las personas que cometen delitos sean juzgados por la ley, si existe algún delito contra de él (Sabines) que las autoridades competentes lo hagan; yo no soy juez, ni puedo erigirme en un tribunal para juzgar ".

A esto, explicó que de acuerdo a indagatorias e investigaciones la federación no únicamente deberá encarcelar a los ex mandatarios, sino tendrá que sustraer los bienes y recursos que en su momento fueron hurtados.

"Una cosa importante que sí creo que hay que decir en el caso de las personas, como los ex gobernadores que están siendo detenidos no solo hay que detenerlos, nosotros pediríamos además que devuelvan el recurso que se robaron, no es suficiente que los detengan, que estén en la cárcel y que estén pugnando una condena; nosotros también pediríamos que los recursos que fueron sustraídos de las arcas estatales regresen al gobierno del estado para que pueda servir para servir a los ciudadanos", detalló.

Respecto a las posibles acciones dentro de la Cámara de Diputados por el tema, mencionó que la fracción parlamentaria del PAN propondrá la devolución de recursos, como la incautación de bienes

"No solo lo propondremos así, desafortunadamente a nivel federal el periodo electoral se acerca y conforme a las elecciones se acerca en difícil conseguir acuerdo entre las fuerzas políticas, lamentablemente esto es así, pero estaré presentado durante el último periodo legislativo varias propuestas y por qué no podemos tomar una propuesta como esta”, dijo.

De la misma forma, al ser cuestionada por la línea que ha venido trabajando el partido blanquiazul en el estado y a nivel nacional, apuntó que en acción nacional siguen siendo un partido de oposición responsable, donde no están de acuerdo con diversos pronunciamientos del estado.

“La oposición somos nosotros, la oposición al gobierno del estado o por así decirlo al sistema establecido es el PAN, por lo pronto puedo hablar del PAN porque nosotros no estamos de acuerdo con muchas de las acciones que se llevan a cabo como gobierno, que creemos que se pueden mejorar; nosotros estamos para construir, nosotros no somos alguien que venga hacer leña del árbol caído, alguien que vaya a pegar para que nos den un hueso, nosotros somos una oposición responsable”, finalizó.

A pesar de contar con reglamentos para la limpieza en la ciudad, asociaciones ambientales destacan que de las 550 toneladas de basura que se recolectan al día en Tuxtla Gutiérrez, cerca del 10 por ciento (55 toneladas, 20 mil toneladas anuales) no llega a su destino final, por lo que de acuerdo a estudios del agua y suelo estos terminan en ríos, alcantarillas y terrenos baldíos.

En entrevista, Alondra Aguilar, de la asociación por Un Chiapas Limpio, explicó que de acurdo a estudios urbanos, durante al día en Tuxtla Gutiérrez se generan cerca de 50 toneladas de desechos sólidos urbanos que llegan a parar en ríos, terrenos baldíos o alcantarillas.

A lo anterior, señaló que esto es debido a la falta de cultura ciudadana, así como un estricto manejo de la empresa encargada de la recolección diaria en la capital del estado.

En este sentido, Carlos Betanzos Garcés, investigador en cambio climático en Chiapas, señaló que el reglamento de protección ambiental y aseo para el municipio de Tuxtla Gutiérrez, no ha sido un referente para poner un control ambiental, ya que día a día se observa basura las calles de la ciudad.

A esto, agregó que los artículos de la norma del municipio no garantizan cuidado y protección a las áreas verdes y reservas locales, ya que actualmente no se tienen registrados detenciones por tirar basura en horas indebidas o acumulación como tal.

“En estricto apego de la ley, el reglamento no ha funcionado, no es obsoleto, simplemente no se lleva tal cual fue diseñado; lo podemos observar al día a día, en cada esquina hay bolsas de basura que son aniquiladas por perros o son arrastras por agua o viento”, comentó.

*Mediante amparos ganados de mala manera, funcionan 24 mil unidades piratas en Chiapas, reconoce alto funcionario de la secretaría del transporte

A pesar de contar con mecanismos y leyes para el control en unidades del transporte público/privado del estado, en Chiapas se estima la existencia de 24 mil vehículos  “piratas” que laboran de forma irregular.

El estado es un foco rojo de pirataje, donde se estima la existencia de 24 mil unidades de transporte que trabajan de forma irregular, señala en entrevista Álvaro Robles Cameras, secretario técnico de la Secretaría de Transporte del Estado de Chiapas, al destacar que la cifra equivale al mismo número de concesiones en la entidad.

“Nosotros tenemos como una estimación, que los mismos transportistas nos han brindado, el parque vehicular del transporte irregular es casi del mismo tamaño del transporte concesionario de 24 mil”, comenta.

En este sentido, Robles Cameras explica que en Tuxtla Gutiérrez, como los 121 municipios restantes, transportistas irregulares laboran bajo un amparo, recurso que se ha ganado de mala forma por las malas prácticas por parte de ex funcionarios públicos de la Secretaría de Transporte.

A esto, agrega que la dependencia reconoce la gravedad del asunto, ya que durante administraciones se han concedido amparos indebidamente.

“Tenemos una serie de problemas en Tuxtla con amparos que se han ganado de mala manera, por una mala práctica que tuvimos incluso en el interior de la secretaría, tenemos que reconocerlo, la secretaría no tomó las determinaciones legales correctas en su momento, algunos transportistas ganaron un amparo indebidamente y están circulando”, menciona.

Respecto a los problemas dentro del sector transporte, expone que al conceder amparos estos fácilmente son quebrantados, ya que el parque vehicular se está ampliado debido a la clonación de amparos, situación que afecta a verdaderos transportistas

“El problema de todo esto es que están circulando, multiplicando el amparo, clonándolo y están ampliando el parque vehicular afectando el ingreso de los concesionarios, de los verdaderos transportistas y que se conducen en el marco de la ley están siendo afectado por ellos”, dice.

Por lo anterior, afirma que la dependencia no cuenta con un número exacto ya que el recurso de amparo puede ser multiplicado y a la par se disfrazado por calacas o pintura, “no tenemos un número exacto, porque lo pueden multiplicar, le pueden poner calcas, pueden pintar un auto con una gran rapidez y montarlo, si se descompone uno ponen otro”.

Referente al tema de revocación de concesiones a líderes del transporte, menciona que el trámite se encuentra en proceso, donde actualmente existen aproximadamente 250 procedimientos a comparecer.

“El trámite está en procedimiento, hay aproximadamente 250 procesos de revocación de concesiones, está el trámite de la comparecencia, los señores transportistas tienen todos los derechos que les da la ley para defenderse, y nosotros tenemos todos los elementos y herramienta para hacer velar y valer el estado de derecho”.

Explica que al darse la revocación de las concesiones,  el órgano técnico de la dependencia las congela sin ser otorgadas a particulares u otros que reclamen por el derecho.

“Regularmente cuando se revocan las concesiones se congelan en el argot y en la jerga los transportistas dicen las concesiones quedan dormidas, que quiere decir que no se pueden otorgar por si solas y si al señor se la quitamos se la vamos a pasar a otro señor, hay un órgano técnico que deciden qué hacer con esas concesiones”. 

Hasta tres años de prisión y 300 días de multa podrán alcanzar automovilistas que hagan uso de equipos telefónicos mientras conducen o estén bajo el influjo de alguna droga, dio a conocer Ahmed Díaz Luciano, abogado del Juzgado de Control de Tribunales de Enjuiciamiento Región 1, al destacar la modificación de los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

A esto, explicó que el pasado 23 de febrero la Cámara de Diputados aprobó dar cárcel de hasta tres años y 300 días de multa a choferes que provoquen accidentes de tránsito por encontrarse en estado de ebriedad, bajo el uso de alguna droga o por el uso de equipo telefónico.

En este sentido, comentó que respecto al artículo 171, el castigo se incrementó de seis meses a uno u hasta tres años de prisión, y de 100 pesos de multa hasta 300 días de multa a quienes violen la ley de tránsito en vías federales por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas.

A esto, agregó que de acuerdo al artículo 172, a quien conduzca utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto sin "manos libres" y cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá, además de la sanción correspondiente al delito cometido, una pena de uno a tres años de prisión.

"A quien conduzca un vehículo de motor utilizando radio, teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto (...) y cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, se le impondrá además de la sanción correspondiente, de uno a tres años de prisión", citó.

De acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en Tuxtla Gutiérrez de mil 29 accidentes de tránsito, el 82 por ciento es por falta de precaución o distracción en el que implica el uso del teléfono celular, un cuatro por ciento es por estado de ebriedad, y el 14 por ciento restante por otros factores.

Según el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes (Conapra), en el 2014 Chiapas fue el estado con menos accidentes vehiculares, sin embargo la tasa de mortalidad por tal actuar se estimó en 140 por ciento, tasa por arriba de la media nacional.