*El gran fraude que oculta Pablo

*Son 31 millones de euros que se esfumaron en su administración, pero de eso no habla

El 27 de enero de 2004, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, firmó el principal programa de cooperación entre México y la Unión Europea (UE), el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis). Entonces el gobierno de Chiapas dispuso de un fondo de 31 millones de euros, 16 millones los aportó el gobierno de Chiapas y el resto la UE. 

Ese monto equivalía a casi la tercera parte de la cooperación total que acordaron la UE y México para el período 2007-2013: 110 millones de euros.

La Comisión Europea había estimado que el PRODESIS beneficiaría, entre 2004 y 2008, a 155 mil habitantes establecidos en 833 comunidades, divididas en 16 microrregiones “de la región Selva de Chiapas”. Esta abarca siete municipios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La Trinitaria y La Independencia.

Al final, según evaluaron consultores privados contratados por la Unión Europea, no redujo la pobreza ni protegió el medio ambiente Tampoco impulsó el desarrollo sustentable 

Conclusión: el PRODESIS fue un fracaso total en Chiapas. 

Con los recursos destinados por la Unión Europea a Chiapas, no sólo se hubiesen construidos dos puentes Chiapas y 10 tramos carreteros como el que regentea la española  Aldesa; se hubiese podido construir un segundo piso a toda la selva Lacandona.

Pero de eso no habla Pablo Salazar Mendiguchía. 

PRODESIS se planteó tres "objetivos generales": "reducir la pobreza", "disminuir la presión sobre los recursos naturales de la Selva Lacandona y mitigar los procesos de degradación medioambiental en la zona", y "reformular las políticas de desarrollo social" con la finalidad de hacerlas "más participativas y sustentables".

Sin embargo, el informe de la Misión de Evaluación de Medio Término del Prodesis, presentado como documento confidencial a la Comisión Europea, que lo financió, constató el fracaso de los objetivos de ese programa de cooperación.

El informe --cuyo contenido difundió Proceso en su edición del 20 de enero de 2008-- aseguraba entonces que Prodesis "no ha logrado disminuir la pobreza" ni tampoco aminorar de manera apreciable "la presión sobre los recursos naturales, y que las iniciativas económicas del proyecto para fomentar "el desarrollo social" de la región "no han arrojado resultados positivos concretos".

Elaborado por los despachos privados independientes IBF International Consulting y BAa Consultors –basados en Bruselas y Barcelona, respectivamente--, el informe indica que "pesar de ser pertinente en sus objetivos", Prodesis "no es viable".

Mientras que el Plan Operativo Global de Prodesis marcaba que 2005 y 2006 debían de ser años "de plena ejecución" del proyecto, "en realidad no se logró siquiera iniciar la mayor parte de las actividades planeadas", por lo que los cuatro años de duración de Prodesis "se reducen aproximadamente a dos de intervención efectiva", lo cual "no es suficiente para promover procesos que tomarían normalmente entre cinco y 10 años".

La Misión de Evaluación se quejó en su informe de que las autoridades chiapanecas (el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia) le negaron el acceso a la “red de información interna del proyecto”.

Tal evaluación coincide con las críticas formuladas por organismos no gubernamentales de México y Europa, en el sentido de que el proyecto lo pusieron en marcha los gobiernos de la UE y del estado de Chiapas, sin consultar a la población a la que iba dirigida.

Esto en clara violación al estatuto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho de las poblaciones indígenas a participar en la toma de decisiones de proyectos que las afecten.

Pero no sólo eso. Los consultores europeos que evaluaron el PRODESIS y su aplicación en la selva Lacandona detectaron "actividades fraudulentas" que involucraron en forma directa a María de los Ángeles Cruz Hernández, secretaria de Desarrollo Social en la administración de Pablo Salazar Mendiguchia, y Rodolfo Diaz Sarvide, funcionario del PRODESIS.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), fechado el 7 de diciembre de 2005, observa que el Prodesis se implantó en la parte oriental de la Selva Lacandona, donde hay menor población y mayores recursos naturales Señala que esto refleja “una contradicción con el intento de reducir la pobreza”, la cual “es más fuerte en la parte occidental y en los Altos de Chiapas, pero donde los recursos naturales son menores”

Y una valoración de la Universidad Metropolitana afirma que los objetivos previstos nunca se alcanzaron.y documenta testimonios de los desvíos de recursos millonarios por parte de funcionarios públicos que operaron recursos. 

Todo ello quedó en la impunidad.

Fueron 31 millones de euros tirados a la basura, con los que no sólo se habría mejorado la calidad de vida de quienes habitan la selva Lacandona, sino que, como se pretendía, se había evitado mayor degradación del entorno selvático en la Lacandona.

Pero de eso Pablo Salazar Mendiguchía prefiere no hablar.

·         El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

 El próximo 17 de febrero,  los trabajadores del gobierno del estado de Chiapas ratificarán su denuncia penal en contra del presidente del Tribunal Burocrático del estado, Juan Carlos Moreno Guillén.

Los empleados, que son parte de la Unión Sindical de Trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas (USTAGRECH) demandaron a Juan Carlos Moreno Guillén por haber otorgado el registro al citado sindicado y luego cancelar la toma de nota sin ninguna razón jurídica.

El caso también ya se encuentra en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a quien los empleados le han pedido su intervención.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó a los demandantes ratificar su denuncia en contra del funcionario.

La denuncia también es en contra de los magistrados: Norberto Mireli, Manuel de Jesús Coutiño, Josefa del Rocío Ovando, Herman Hoppensdet Pariente, Ricardo Mota y Juan Antonio Rodrigo.

Los empleados, algunos de ellos ya han sido cesados y han entablado demandas laborales en contra del gobierno del estado y han enviado su caso a instancias internacionales.