Luego del acto público, el vocero del grupo, hizo saber que el pasado 20 de noviembre, el Ejército Mexicano intentó desalojar y amenazó con detener a sus compañeros

Al cumplirse 14 meses del asesinato de Héctor Sántiz López, originario del Ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) demandaron justicia con un mitin en la Plaza Catedral de esta ciudad, además de un volanteo informativo.

 “Por enésima ocasión denunciamos que el asesinato de nuestro compañero es responsabilidad del Estado mexicano, e intentan condenarlo al olvido; actitud que muestra la indolencia, dilación e impunidad del Estado mexicano contra los pobres del campo y la ciudad que han perecido por la barbarie de las fuerzas represivas”, dijo Francisco Javier Pérez.

Luego del acto público, el vocero del grupo hizo saber que el pasado 20 de noviembre, el Ejército Mexicano intentó desalojar y amenazó con detener a sus compañeros de Altamirano y del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano; “el Estado mexicano insiste mediante sus fuerzas represivas en minar la organización y resistencia de los compañeros del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo como del resto de las comunidades integrantes del FNLS”.

Durante las actividades, lamentó los actos de “terrorismo de estado contra el magisterio” del bloque democrático de la sección 07 de la CNTE-SNTE, que a través de pistoleros y agentes estatales, “pretenden socavar, someter con un baño de sangre la voluntad de lucha en defensa de la educación pública de los trabajadores de la educación”.

 “El Estado mexicano insiste mediante sus fuerzas represivas en minar la organización y resistencia de los compañeros del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo como del resto de las comunidades integrantes del FNLS”.

Destituyen a cinco funcionarios, los investigan por un presunto fraude en la zona de Ocosingo.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Cinco funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Estado fueron destituidos este lunes y ya son investigados por su presunta participación en el fraude que se cometió en la región de Ocosingo en agravio de 139 personas a quienes les ofrecieron una plaza de trabajo a cambio de un pago de 10 y 15 mil pesos. 

La principal sospechosa de este hecho de corrupción es María Idalia Ovalle Ruíz, quien se desempeñaba como delegada de Hacienda del Estado en Ocosingo, misma que renunció misteriosamente al cargo y desapareció de la región.

Las personas defraudadas de Chilón, Ocosingo, Sitalá, Tumbalá, Yajalón y Sabanilla, retuvieron en una primera acción de protesta al diputado federal suplente Ricardo López Montejo, compañero de fórmula del legislador Leonardo Rafael Guirao, de quién no se ha dicho si tiene algún grado de complicidad o no.

Al no lograr la recuperación de su dinero, las personas engañadas con una plaza de trabajo, procedieron a retener y privar de su libertad al nuevo encargado de la delegación hacendaria en Ocosingo Raúl Ramírez Martínez y de nueva cuenta al diputado suplente Ricardo Montejo, a quienes obligaron a grabar un mensaje en video que se ha difundido ampliamente en redes sociales y en noticieros de la televisión nacional, donde piden la intervención de las autoridades para que se repare el daño económico causado por 3 millones de pesos porque de lo contrario podrían ser linchados. 

A raíz de los sobornos por 3 millones de pesos que realizó la entonces delegada de Hacienda en el municipio de Ocosingo, María Idalia Ovalle  Ruiz, este lunes por la mañana fueron destituidos de sus cargos cinco funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de esa Dependencia, incluido su titular, José Antonio Calderón Baylán, y en su lugar tomó posesión Bulmaro Ramos Lara.

Auditores de la Secretaría de la Función Pública no permitieron el acceso a su área de trabajo de Hugo Saavedra Mendoza, quien se desempeñaba como Director de Ingresos; Alfredo Franco Trejo, quien era director de Inteligencia Tributaria; Berenice Muñoz Romero, quien se desempeñaba como Coordinadora de Programas Especiales; y Juan Ángel Acata Velázquez, ahora ex Director de Auditoría Fiscal.

Mientras tanto, los indígenas reclaman la devolución del total de las aportaciones que hicieron, ya que sólo les ha devuelto una parte y amenazan con secuestrar a los empleados de la Delegación de Hacienda de aquel municipio, informaron fuentes dignas de crédito de la propia Secretaría.

Mientras tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado inició de oficio la carpeta de investigación correspondiente tanto por la privación ilegal de la libertad del delegado hacendario y el diputado federal suplente, como por el presunto fraude que se cometió en agravio de 139 personas que aseguran haber pagado entre 10 y 15 mil pesos cada uno a cambio de una plaza de trabajo que se les ofreció pero que nunca les cumplieron.