Se exhortó a los comerciantes a extremar medidas de prevención para evitar riesgos a trabajadores y visitantes

Ocosingo, Chiapas.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con personal del grupo interinstitucional realizaron un operativo en los mercados públicos del municipio de Ocosingo, para detectar venta de pirotecnia y exhortar a comerciantes que cuentan con permiso a extremar medidas de prevención.

En este operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, Protección Civil, Policía Estatal de Caminos, Policía Estatal de Tránsito y Policía Municipal de Ocosingo.

Cabe destacar que para evitar riesgos a trabajadores y visitantes de dichos centros de abasto, los comerciantes de este producto serán reubicados en el estacionamiento del Auditorio Municipal. En esta ocasión, 15 locatarios acordaron mudar sus locales a dichas instalaciones.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Gabriela Zepeda Soto, refrendan su misión de velar por la seguridad de las y los chiapanecos, realizando operativos que deriven en la preservación de la integridad física y patrimonial de la ciudadanía.

La SSyPC pone a disposición los servicios gratuitos “Tu Ángel Azul”, línea para auxilios viales, al teléfono 6144021 y para celular marcando al 113; apoyo de seguridad a cuentahabiente al número 6177020 extensiones 16000 y 16423.
 
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Beatriz Adriana Cabrera Pérez, denunció los atropellos que ha sufrido por las autoridades policiacas en la ciudad de Ocosingo, desde los primeros días del 2020.

En entrevista dijo que su cónyuge Ángel Leonel Carvajal Mancilla, migrante hondureño, se encuentra encarcelado injustamente desde el pasado 23 de enero, fecha en que el comandante de la Policía Municipal de Ocosingo, Carlos Vandala, le fabricara el delito de robo, "actualmente se encuentra recluido en el penal de Huixtla, fue trasladado con tal de que no denunciáramos  las arbitrariedades en su proceso".

 Cabrera Pérez, pidió al Fiscal general del estado, a través de Distrito Selva, Alfonso Enrique Méndez que desista de la acusación falsa que fue fabricada a su pareja, así como al Ministerio Público Víctor Hugo Nájera García, ya que junto al comandante Vandala inventaron delito de robo, esto por ser migrante y por no pagar un presunta “mordida” de 30 mil pesos.

“Resulta que mi esposo lo detuvieron el 23 de enero de 2020 en Ocosingo y fue hasta el 28 de enero que lo presentaron ante el Ministerio Publico de Ocosingo, durante esos días fue torturado por los policías, nos negaron verlo, no tuvo abogado, eso lo sabe la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro y el Ayuntamiento de Ocosingo, que esos días estuvo secuestrado por esos policías mientras pedían 30 mil pesos de mordida”.

Beatriz Adriana, aseguró que han denunciado en varias instancias esta injusticia que existe con autoridades de Ocosingo, y que hasta el momento no los atienden, por lo que urgió a las autoridades escuche su demanda.

“Hemos pedido que el consulado de Honduras intervenga, desafortunadamente no hemos recibido noticia, inclusive el comandante y el ministerio público inventaron diciendo que mi esposo es mexicano y le cambiaron su nombre, cuando tenemos su acta de nacimiento”.

Agregó, que, en ningún momento se ha presentado el ofendido a denunciar el supuesto robo, “porque no existe tal robo, todo fue inventado por el comandante Vandala, por culpa de estas personas mi esposo esta en la cárcel, está sufriendo, tiene la mandíbula quebrada por los golpes que recibió durante varios días”.

Finalmente, afirmo que toda la documentación sobre el caso está en manos de los abogados del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) “por eso pido que dejen libre a mi esposo porque el delito está inventado, no hay denuncia de robo”.

A 14 años de la masacre de indígenas en el poblado Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, ocurrido durante un desalojo que realizó presuntamente un grupo de indígenas y la Policía Estatal, sigue impune, denunciaron.

Los familiares de víctimas y víctimas sobrevivientes de la Masacre de Viejo Velasco, reiteraron una vez más su exigencia ante el estado mexicano, de justicia por 36 personas que sufrieron desplazamiento forzado, “así como la ejecución extrajudicial de Filemón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González, Vicente Pérez Díaz, Miguel Moreno Montejo y Pedro Núñez Pérez, la desaparición forzada de Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López, el secuestro y tortura de Petrona Núñez González”.

En el comunicado pidieron la cancelación de las órdenes de aprehensión que existe en contra de sus compañeros de la Organización Social CDLI-XINICH, a quienes el Estado Mexicano se empeña en hacerlos responsables de asesinar a sus propios compañeros.

“A 14 años de la Masacre de Viejo Velasco seguimos escuchando el sonido de la agresión; nuestras hermanas y hermanos choles refugiándose en las montañas para salvar sus vidas; aún el rocío de la noche nos acompaña buscando a nuestros hermanos adultos mayores, Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, que aún continúan desaparecidos, luego de que ese mismo día, el grupo civil armado se los llevó”, aseveraron.

Finalmente, manifestaron que pobladores-as de Viejo Velasco, fueron un digno ejemplo, enfrentada a una agresiva política de despeje territorial, despojo social y privatización de la naturaleza, de parte del Estado mexicano, ejercida sobre dichos poblados, ubicados dentro y en los límites de la Reserva de Biosfera Montes Azules, una de las zonas más ricas en biodiversidad, agua, cubierta forestal y con un fuerte atractivo escénico y turístico del país.