A tres años del asesinato de Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5 mil 023 personas ocurrido en octubre de 2017, mujeres y hombres  así como el Comité Chalchihuitle, (Chalchihuitán), continúan denunciando la falta de justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

A través de un comunicado, recordaron que el gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al presidente municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones, “sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos en total mil 237 personas”.

“Durante estos tres años y hasta ahora siguen latentes los ataques paramilitares de San Pedro Chenalhó, y los gobiernos en turno en sus tres niveles no han cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicaron.

Por ello desde las montañas, cerros y cuevas donde permanecen los desplazados, exigieron al gobierno de la república desartícule, desarme y castigue a los grupos armados de Chenalhó, responsables del desplazamiento, del robo de pertenencias y la destrucción de casas, además urgieron la indemnización de los daños ocasionados por estos hechos de violencia.

“En este tiempo que llevamos sufriendo, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en las comunidades colindantes entre ambos municipios, a pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados, no hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables”, denunciaron.

Así también el Comité de desplazados, dio a conocer que hay un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, y que los gobiernos no han realizado acciones de prevención, investigación y seguridad, desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

“Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle, las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias, nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto; les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables”, acotaron.