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Destrucción del medio ambiente en Altamirano

*Habitantes denuncian tala de hasta mil árboles diarios

Altamirano, Chiapas.- En el municipio de Altamirano, ubicado en la zona selvática de Chiapas, la población advierte un grave ecocidio: la tala indiscriminada de árboles que según cálculos de los propios habitantes, alcanza cerca de mil ejemplares diarios. De continuar este ritmo, en menos de una década los bosques y potreros podrían quedar totalmente devastados.

Durante un recorrido realizado de la cabecera municipal hacia el ejido Morelia, se constató la presencia de trabajadores, maquinaria pesada y camiones que transportan grandes trozos de madera hacia aserraderos reabiertos recientemente. Los pobladores, que en su mayoría hablan tseltal y tojolabal, exigen frenar de inmediato esta actividad que está destruyendo la riqueza natural de la región.

Uno de los denunciantes quien pidió omitir su nombre m,señaló que las autoridades del sexenio anterior autorizaron permisos de tala que hoy permiten el derribo masivo de árboles. “En unos 10 años esta zona quedará pelona si no se detiene este crimen ambiental. Nadie ha puesto un alto y todos los días vemos cómo los camiones llevan madera a los aserraderos”, lamentó.

Los habitantes precisaron que los terrenos afectados son tanto ejidales como de propiedad privada, donde se talan principalmente pinos de entre 10 y 15 metros de altura. Además, reprocharon la ausencia de campañas de reforestación pese a que la temporada de lluvias sería propicia para sembrar especies como pino, ciprés o roble.

La devastación también ha provocado daños colaterales. La carretera que conecta Altamirano con el ejido Morelia presenta severos baches y hoyos debido al constante tránsito de unidades pesadas. “Antes hacíamos 15 minutos, ahora tardamos hasta 30 porque la carretera está destruida”.

Alertaron sobre la escasez de agua que ya resiente la población. “Los árboles atraen lluvia y frescura, pero con esta tala indiscriminada cada vez sufrimos más la falta de agua. Pedimos que las autoridades recorran la zona y vean el daño con sus propios ojos”.

Los pobladores de Altamirano coincidieron en un llamado urgente: frenar la tala clandestina y emprender una reforestación masiva que permita recuperar los bosques y proteger a las futuras generaciones.

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Denuncian muerte de interna en el CERSS No. 5

*Por presunta negligencia médica.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.– 11 de Agosto del 2025.-  La organización Colectiva Cereza Chiapas denunció la muerte de una reclusa identificada como Génesis, ocurrida la tarde del domingo dentro del Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) Número 5, ubicado en el tramo carretero San Cristóbal-Ocosingo, a 19 kilómetros de la cabecera municipal.

Según el pronunciamiento de la organización, la interna presentó desde la mañana síntomas de un ataque de asma crónico, pero no recibió atención médica inmediata debido a la ausencia de personal médico en el penal. Señalan que únicamente fue atendida por una enfermera, quien no habría detectado el alto riesgo de la crisis.

Alrededor de las 16:00 horas, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida. La Colectiva acusó que las custodias llegaron tarde y responsabilizó al alcaide y al director del centro penitenciario por la falta de atención directa y oportuna.

En su comunicado, recordaron que Génesis solicitaba desde hace un año su traslado de regreso al penal de El Amate y la describieron como una mujer solidaria con sus compañeras. “Que tu homicidio por omisión sirva para visibilizar la situación en que vivías y viven tus compañeras”, expresó la organización.

Colectiva Cereza exigió a las autoridades penitenciarias, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y a las instancias correspondientes, iniciar una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte. El cuerpo será entregado este lunes a sus familiares para su sepultura.

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Organizaciones denuncian criminalización de defensor de migrantes detenido en Tapachula

San Cristobal de Las Casas, Chiapas, 6 de agosto de 2025 — Más de 60 organizaciones de la sociedad civil, colectivos y defensores de derechos humanos manifestaron su profunda preocupación por la detención del activista Luis García Villagrán, ocurrida el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, en un contexto de creciente criminalización hacia quienes acompañan y defienden a personas migrantes en la frontera sur de México.
Luis García Villagrán, reconocido defensor de derechos de la población migrante y beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2019, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).
Las organizaciones advierten que este acto se inserta en un patrón sistemático de represión en medio del endurecimiento global de las políticas migratorias.
Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías especiales de la ONU, han reiterado que los ataques contra personas defensoras no solo violan sus derechos fundamentales, sino que también debilitan su labor esencial y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las poblaciones que acompañan.
En un pronunciamiento conjunto, los firmantes exigieron que se respete el debido proceso y la integridad de García Villagrán. Además, criticaron las declaraciones emitidas durante la conferencia presidencial del 6 de agosto, las cuales, aseguran, vulneran el principio de presunción de inocencia.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados México, subrayan que la labor de defensa no debe ser criminalizada, sino reconocida como una pieza clave en la garantía de derechos y la justicia social.
El caso de García Villagrán se suma a una serie de hostigamientos documentados en Chiapas, lo que refleja una constante persecución contra quienes denuncian violaciones y acompañan a migrantes en su tránsito por México, particularmente en la frontera sur, donde se concentra una fuerte presión migratoria.
Frente a este panorama, las organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su respaldo al defensor y llamaron a las autoridades mexicanas a cesar toda forma de criminalización, garantizar su seguridad y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo en favor de los derechos humanos.
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