·         La pérdida de bosques y selvas en Chiapas haya aumentado de forma importante en los últimos años, producto de las invasiones, “porque esas personas llegan y talan, y además la madera la venden de forma ilegal”.

 René Gómez Orantes, presidente de “Bosques y Gobernanza AC”, lamentó que la pérdida de bosques y selvas en Chiapas haya aumentado de forma importante en los últimos años, producto de las invasiones, “porque esas personas llegan y talan, y además la madera la venden de forma ilegal”.

Lo más preocupante, es que “no llegan a manejar los bosques, los llegan a tirar, porque esas familias se dedican a la agricultura o ganadería”.

De hecho, criticó que las instancias correspondientes no quieran atender el problema, el cual se recrudeció, recordó, desde el movimiento zapatista en el año de 1994, “y en verdad es vergonzoso cómo han saqueado los bosques en la entidad chiapaneca”.

Incluso desestimó la presencia de la Gendarmería Ambiental, en este caso, en la Selva Lacandona, “pues ni la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) ha hecho algo, está rebasada, qué de menos la estrategia del gobierno federal mediante esa agrupación, porque hay redes de complicidades y corrupción muy graves”.

Es necesario, sugirió, que la autoridad se deje de complacencias y actúe en contra de los ecocidas, “sobre todo en las regiones de los Altos, donde es grave; también en la comunidad Betania, municipio de Teopisca; en Jitotol y Cintalapa, donde también es demasiado preocupante el problema”.

Insistió en la necesidad de encarcelar o sancionar a quienes incurren en estos delitos: “Porque, según la Profepa, el 70 por ciento de la madera que se comercializa es ilegal, pero la vez pasada tuvimos una reunión con el representante de la Policía Federal, y me dijo que es más, que entre 90 y 95 (%)”.

En caso de no frenar las invasiones, René Gómez estimó que en menos años se acabaría con la naturaleza del estado: “Lo más grave es la omisión, y la autoridad debe tomar en cuenta las propuestas que le planteamos”.

Tal como lo anunciaron, este martes se concentró la militancia de la CIOAC en el municipio de Chiapa de Corzo, de donde partirán  este miércoles en marcha hacia la Capital de Chiapas, para exigir a las autoridades les resuelvan sus necesidades sociales y proyectos que han planteado desde el año pasado.

         En tanto, para financiar la instancia los cioacistas tomaron las casetas de cobro de la carretera de cuota Tuxtla-San Cristóbal y viceversa, donde cobraron de 50 a 100 pesos por vehículos

         Corazón Gómez Consuegra, del comite estatal de la CIOAC , sostuvo que los más de 500 militantes de la organización pernoctarán en el colonial Pueblo Mágico y este miércoles la meta es llegar al Palacio de Gobierno para manifestar sus demandas.

         Anotó que demandan el esclarecimientos de los homicidios de algunos militantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos; liberación de presos políticos y regularización de predios invadidos.

         La manifestación incluye también protestar por las reformas estructurales que ha impulsado el gobierno, que en nada benefician a los obreros agrícolas y campesinos, sino al contrario los pone en desventaja con los hombres de dinero, y vulnerables a perder sus tierras. Asimismo, incluyen solicitudes de apoyos al campo.

Advirtió que la marcha de Chiapa de Corzo hacia Tuxtla generará bloqueos, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía, pero solamente de esa manera exigirán la revisión y cumplimiento de la minuta firmada el 12 de mayo del 2016, en donde las autoridades se comprometieron a dar respuesta a sus demandas.

En materia de justicia, piden el esclarecimiento de los asesinatos de José Vladimir Figueroa Ruiz, Javier Lara Méndez, Fernando Cruz, Hortencia López Aguilar y Federico García Morales, así como el castigo a los responsables.

Transportistas en modalidad de volteos denunciaron a la alcaldesa de Suchiate, Matilde Espinoza Toledo, de acaparar el acarreo de materiales de construcción de las obras municipales, aprovechándose del cargo que ostenta para beneficiar a los sindicatos de sus familiares y obtener jugosas ganancias.

Uno de  los inconformes, quien por temor a represalias omitió su nombre, afirmó que en la administración de Espinoza Toledo se crearon nuevos grupos de camioneros, todos de familiares y compadres de la alcaldesa, a quienes se les da participación en todas las obras del municipio y a las agrupaciones sindicales se les deja fuera.

Dijo que grupos sindicales adheridos a la CTM, como la 1080, 172, Unión sindical en Camiones de volteos, entre otras, solo se tienen participación en obras pequeñas, además por órdenes de la alcaldesa se les paga a un menor precio, ya que la instrucción fue "si quieren trabajar tienen que aceptar mis condiciones".

"Nos dan las miserias y hasta eso nos quieren quitar, ya que por decir los viajes que valen un peso, tuvimos que ir a decir que lo haríamos por 80 centavos, pero ella nos dijo, te pago 60 si quieres, además nos paga cuando ella quiere" abundó.

Puntualizó que son alrededor de 150 camioneros que viven esta problemática, de cuyos trabajos dependen sus familias, pero a pesar de quedar fuera de las obras se abstienen de hablar por temor a sufrir agresiones, ya que en la administración de Espinoza Toledo todo aquel que denuncia sufre represalias por parte de gente enviada por la alcaldesa.

Por su parte, el secretario general de la CROM, mencionó que la única constructora que ha acaparado las obras es la del hijo de la alcaldesa, llamada "ESTOL" a quien también se le ha pedido que contrate la mano de obra local, sin embargo ellos dan el trabajo a jornaleros chapines a quienes pagan menos y los hacen trabajar por más tiempo, sin embargo la población sufre por la falta de espacios laborales.

Puntualizó que tanto camiones y mano de obra de otros municipios no deben entrar a trabajar en Suchiate porque están fuera de jurisdicción, pero la munícipe no le importa, porque esta actividad le genera grandes ganancias, sin embargo en la obras no se ha contratado a ninguna persona del lugar, así que las no generan ningún beneficio u oportunidad económica a la población local.