Son posturas diametralmente opuestas: Efraín Orantes Abadía, conservacionista de fauna,
afirma tener pruebas contundentes de sus acusaciones contra directivos del célebre Zoológico “Miguel Álvarez del Toro” (ZOOMAT). Carlos Guichard Romero, biólogo y director de la institución, también asegura tener documentos que rebaten los dichos del primero. 

Escuchar a uno y otro deja la sensación que están en lo cierto; que cada uno tiene elementos de acusación y defensa. Es común en ese tipo de confrontaciones, aunque ambos niegan que las diferencias lleguen a ese punto crítico. Se declaran defensores de la fauna, principalmente de aquellas especies en peligro de extinción. ¿Quién dice la verdad?

A reserva de presentarles la versión video-grabada de ambos, para que usted, lector, se forme su propio criterio, le entrego un resumen del asunto que, hay que decirlo, no es menor, puesto que se trata de un tema intrínsecamente relacionado con la preservación del medio ambiente y la protección de las especies animales.

Para Orantes Abadía el área de cuarentena es en sí un “campo de concentración” donde conviven especies distintas en la misma jaula. Y pone como ejemplo el de las aves. Efectivamente, en una sola jaula conviven una guacamaya roja y un tucán. Lo pudimos corroborar durante un recorrido con el director del ZOOMAT, Carlos Guichard Romero, quien en su defensa explica que ambas aves no tienen conflictos de ninguna naturaleza y por lo tanto, su convivencia es permitida… Y normal. 

Otra de las acusaciones del conservacionista es que muchas de las especies no cuentan con una legal procedencia; es decir, que para su aceptación en el zoológico no se llenaron los requisitos legales de rigor, ni se cumplieron con los protocolos sanitarios existentes, lo que, alega, pone en grave y serio riesgo, la salud del resto de animales. 

En respuesta, el biólogo Guichard afirma que se tiene la infraestructura adecuada y necesaria para determinar el estado físico de los animales y actuar conforme a las condiciones de éstos; explica que el área de cuarentena funciona en óptimas condiciones y asegura que cada ejemplar admitido para su recuperación en ése sector cuenta con toda la documentación emitida por instancias federales, incluyendo certificados de salubridad requerido, que les garantiza proteger a todas las especies de cualquier brote epidémico, ejemplifica. 

En ese contexto, ahonda en el tema del alto índice de mortalidad que acusa Orantes, quien afirma que en los últimos meses habrían muerto alrededor de 20 ejemplares: “Como todo ser vivo —dice— hay muerte de animales, especialmente los que nos manda PROFEPA; son animales que vienen heridos, desnutridos, golpeados y que ya no responden a los tratamientos veterinarios”. 

En ese tenor va el asunto respecto a una de las instituciones más queridas de Chiapas. La más reconocida en materia ambiental a nivel latinoamericano. Orantes Abadía ha mostrado copias documentales de sus acusaciones; Guichard Romero ha abierto las puertas del ZOOMAT, incluso a zonas restringidas para refutar a su acusador. 

Alguien debe tener la razón y alguien debe ordenar una investigación más allá de lo que se debe mostrar. Y posterior a ésta, determinar las medidas apropiadas; en una parte de la entrevista con el director del zoológico admitió que existen algunas carencias y eso debe tomarse en cuenta para devolver el brillo al lugar o mejorar el que ya se tiene. 

Ha sido buena la denuncia del conservacionista, porque abrió un debate; y ha sido buena la reacción del director porque busca transparentar, dentro de lo que cabe, a una institución que merece toda la atención de las autoridades, especialmente ahora que se tiene un gobierno ecologista.

A simple vista parece no haber fallas. Pero habrá que ir más a fondo. Revisar interinstitucionalmente el tema, debe ser obligación prioritaria y urgente.

Por desgracia, otras instituciones involucradas como la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, por ejemplo, han reaccionado burdamente. Su titular, Carlos Morales Vázquez, ha enderezado una campaña de intimidación, acoso y amenazas contra Orantes Abadía, lo que ha generado sendas demandas penales ante la PGR y quejas ante la timorata CEDH. ¿Había necesidad?

No; pero la torpeza de Morales Vázquez, acusado en varias ocasiones de traficar con diversas especies animales y joyas arqueológicas, han provocado reacciones de ese calibre. Juzgue usted. 

·        Encapuchados y armados, causan disturbios en las oficinas de la Procuraduría de Justicia; no hubo ningún detenido

 Como parte de sus protestas para externar sus demandas, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), marcharon en varios municipios de la entidad, tales como Ocozocoautla, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, entre otros, pero fue en este último donde los marchistas encapuchados y armados con palos y machetes, causaron disturbios y provocaron una intensa movilización policiaca.

 Allí, los vándalos manifestantes del MOCRI, arremetieron en contra de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Centro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde causaron destrozos y saqueos, sin que ninguno de los agresores lograr ser detenido.

 La misma postura asumieron integrantes de la misma organización, acusada de invasiones en terrenos de los municipios de Berriozábal, Jiquipilas, Ocozocoautla, Chiapa de Corzo y en esta misma capital, en todos los lugares donde realizaron sus movilizaciones, contradiciendo sus acciones con las agresiones que dicen padecer de parte de otras organizaciones y de las propias autoridades.

 Cabe hacer mención que en el municipio de Chiapa de Corzo, centenares de elementos de la Policía Estatal acudieron hasta la plaza central de aquella población para controlar la situación, sin que hasta el momento se tenga conocimiento si hubo personas detenidas durante las acciones.

Esta no es la primera vez que esta organización guerrillera violenta el Estado de Derecho y la legalidad en Chiapas, ya que uno de sus métodos favoritos es precisamente infligir terror entre la sociedad y provocar al gobierno.

Al respecto, dirigentes de diversas organizaciones sociales y productivas de Chiapas exigieron al gobierno chiapaneco actuar con el imperio de la ley para cerrar el paso a estos grupos que sólo vulneran la legalidad con pretexto de lucha social. Dijeron que no se debe tener contemplaciones frente a pandillas de facinerosos que atentan contra las libertades de los ciudadanos.

Una de las voces más críticas es la del Obispo Felipe Arizmendi Esquivel, de San Cristóbal de las Casas, quien reiteradamente ha hecho llamamientos a ponderar el diálogo para evitar la violencia en la solución de los problemas de cualquier índole. Asimismo se ha manifestado en contra de los bloqueos carreteros.

Sobre el último punto ha dicho: Exhorto respetuosamente a la ciudadanía, a los grupos y organizaciones, que no acudan a bloqueos sistemáticamente, como si fuera la única manera de expresar sus peticiones. Los bloqueos nos afecta a todos, y nosotros no somos culpables de lo que hace el gobierno, ni está en nuestras manos atender sus peticiones”.

Este fin de semana, el ayuntamiento de Tapachula inició con la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio, con el objetivo de reducir los números de asesinatos de mujeres.

Con el objetivo de prevenir, atender y erradicar la violencia contras las mujeres, se implementaron diversas actividades donde se concientiza sobre el tema, informó Neftalí Del Toro, presidente municipal.

Explicó que consiste en tomar acciones gubernamentales y desde el inicio de esta administración, y por ello se puso en marcha la Unidad Especial de Protección a la Mujer con el propósito de fortalecer la seguridad de las mismas, a través de capacitaciones, talleres, brigadas médicas en materia preventiva, entre otras.

Informó que la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Acompañado de representantes de asociaciones civiles, empresariales, autoridades policiacas y sector social, Del Toro Guzmán dijo que se busca tener una atención más especializada hacia las niñas, adolescentes y mujeres, adultas mayores, que los delitos y abusos que se cometan en contra de los derechos de ellas sean denunciados y castigados.

DATOS DUROS

En un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) destacó que en el mundo, al menos una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su pareja (ONU Mujeres 2015).

Y en México, de acuerdo con la ENDIREH, el 47% de las mujeres ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, y una de cada cinco ha sufrido violencia en el ámbito laboral. En 2015 se registraron en promedio 6.2 asesinatos de mujeres al día, apuntó.

“Esta violencia se ejerce todos los días y en todos los ámbitos, y constituye una de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres más reiterada, extendida y arraigada en el mundo. Impacta en la salud, en la libertad, en la seguridad, y en la vida de las mujeres y de las niñas, socava el desarrollo de los países y daña a la sociedad en su conjunto”, de acuerdo con el comunicado de Unicef.