Chiapas.– La situación es desesperante en los Altos de Chiapas. Más de 3,400 personas, entre mujeres, niños y ancianos, se han visto forzadas a abandonar sus hogares tras una emergencia humanitaria que ha afectado gravemente a las comunidades de Pantelhó y Chenalhó. Las autoridades están en alerta máxima ante este desplazamiento masivo, que está dejando a miles de personas sin refugio ni recursos.

Las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera municipal de Pantelhó, entre otras, han sido evacuadas de forma precipitada. En total, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia zonas más seguras, buscando refugio ante la grave incertidumbre que los rodea.

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y el IPRI han emitido un llamado urgente para que se actúe de inmediato, exigiendo que se garantice la protección integral de las víctimas y se les ofrezca el apoyo necesario, conforme a la Ley Estatal sobre Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas. Las organizaciones también piden la desarticulación de grupos que afectan la estabilidad de la región y que el gobierno garantice una solución real y efectiva.

Los pueblos indígenas de la región están a la espera de respuestas concretas de las autoridades, que aún no han cumplido con sus promesas de apoyo, mientras enfrentan esta crisis sin precedentes que los deja vulnerables a una incertidumbre total.

Representantes de los tres niveles de gobierno sostuvieron recientemente una reunión de trabajo con una comisión del Sector Santa Martha, en el municipio de Chenalhó, para dar seguimiento a las acciones de atención a las personas en situación de desplazamiento en la región. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de Titulares de la Secretaría General de Gobierno, se abordaron los avances en las demandas ya solventadas y se revisaron los temas pendientes que aún están en proceso, con el objetivo de agilizar los trámites necesarios.

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La reunión, que contó con el acompañamiento de la Coordinación de Asesores y la Delegación de Gobierno, destacó el compromiso de las autoridades para dar atención oportuna a la situación de desplazamiento, así como la importancia de mantener un trabajo coordinado entre las instancias involucradas.

El encuentro permitió identificar áreas de mejora en la gestión de los procesos y reafirmó la voluntad de los gobiernos federal, estatal y municipal para continuar con el apoyo a las personas afectadas, buscando soluciones efectivas y rápidas.

Familiares de Juana Santiz Jiménez  y Ernesto Gómez Pérez, ambos sentenciados injustamente  a 25 años de prisión  por homicidio, denuncian el mal actuar de la Fiscalía de Justicia Indigena al violentar los derechos humanos de los menores hijos de (Juana) al obligarlos a firmar una declaración falsa o a modo en contra de su madre, ya que de lo contrario fueron amenazados de ser acusados del asesinato de su padre.

Hechos ocurridos Naranjatik Bajo del municipio Chenalhó en el año 2022. 

Familiares e integrantes de la Colectiva Cereza, denunciaron las irregularidades en el caso, asegurando que hasta la fecha la Fiscalia no ha aportado pruebas que inculpen a los sentenciados, pidiendo la libertad inmediata de Juana y Ernesto.

Aseguraron que el cuerpo de Juan, fue localizado enterrado en un terreno y que tenia historial de ser violento, tanto que fue acusado de asesinar a uno de sus hermanos, por lo que fue expulsado de dos comunidades, ganándose varios enemigos, quienes pudieron haberlo asesinado.

"Para la Fiscalía es fácil acusar a las mujeres indígenas, en vez de buscar al o los verdaderos asesinos, pero vamos a seguir alzando la voz", aseguraron las abogadas.