El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo), manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.

“Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado diferentes organizaciones, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos, durante el mes de junio y lo que va julio la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74  agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”, denunciaron.

Expresaron a través de un escrito que actualmente son 2 mil 036 personas víctimas de desplazamiento en el municipio de Aldama, por lo que  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 71 /2019, por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.

“En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento, por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar número 882-17), mientras en Chenalhó existe preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente 31 personas desplazadas de la comunidad Los Chorros, que constantemente han sido hostigados por personas de la comunidad”, denunciaron.

Agregaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido, la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento en el estado".

“¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos, ¿quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región, ¿quién los arma?”, mencionaron.

Destacaron que esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia.

“Como organizaciones de derechos humanos exigimos un alto a la violencia paramilitar en la región se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, entre otros grupos desplazados que viven en las montañas”, concluyeron.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-  En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Llaven Abarca informó los avances de la carpeta de investigación por el delito de homicidio en el municipio de San Juan Chamula en agravio de Efraín Pérez Pérez, descartando que este hecho violento esté relacionado con el conflicto de límites de tierras entre habitantes de Aldama y Chenalhó, reiterando que el diálogo de ambas partes se encuentra avanzado por la Secretaría General de Gobierno.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas detalló que a través de la Fiscalía de Justicia Indígena se han llevado a cabo diversas diligencias de criminalística, balística, campo, fotografía, evaluación de daños, posición víctima-victimario, y entrevistas, las cuales permiten establecer el intento de asalto como línea de investigación.

Llaven Abarca recordó que en los hechos ocurridos el pasado 6 de julio, perdió la vida Efraín Pérez Pérez, quien conducía el vehículo Nissan Frontier de color blanco, acompañado del presidente municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez y dos personas más, cuando fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego en el tramo carretero Chi’cviltenal-Yutniotik en el municipio de San Juan Chamula.

Asimismo, resaltó que este hecho violento hasta esta etapa de los avances de la carpeta de investigación no mantiene relación con el problema territorial entre los habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó, reiterando que el diálogo y la pacificación de ambas partes se encuentran avanzados con la intervención de la Secretaría de Gobierno.

Llaven Abarca destacó que este órgano de procuración de justicia continúa con las investigaciones correspondientes a fin de identificar y ubicar a las personas responsables de la comisión de dicho delito y enfrenten la justicia.

Finalmente, el fiscal general manifestó que no habrá impunidad a esta conducta ilícita y reiteró su serio compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio chiapaneco.

Alrededor de  70 trincheras y parapetos colocados entre los límites de Aldama y el ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, que eran utilizados para realizar disparos de armas de fuego de distintos calibres, fueron destruidos por elementos de la Guardia Nacional, Policía Especializada, Estatal y Ejército Mexicano, con la finalidad de restablecer la paz entre ambos municipios que se disputan 59 hectáreas de terreno.

La destrucción se realizó durante los días 26, 27 y 28 de mayo, como parte de un acuerdo tomado por ambos municipios durante una reunión efectuada el 21 de mayo  con autoridades estatales, con el objetivo de construir el proceso de paz que ponga fin al conflicto que comenzó hace más de 40 años, que ha dejado alrededor de 30 personas, muertas, decenas de lesionados y varias familias desplazadas.

En el municipio de Aldama fueron destruidos 40 parapetos y en Santa Martha, más de 25, “en ambos lados se encontraron casquillos percutidos de distintos calibres, desde 22 hasta de fusiles R15”, señaló un grupo de indígenas.

Indicaron que tienen esperanza  que la destrucción de las trincheras sea un paso para que esos dos pueblos tsotsiles de los Altos de Chiapas firmen un acuerdo de paz definitivo, ya que desde hace más de 40 años están enfrentados por la disputa de 59 hectáreas de terreno.

Recordaron que en días anteriores, habitantes de Santa Martha propusieron a los pobladores de Aldama que se repartieran las tierras en partes iguales, para poner fin al diferendo, que en cuatro décadas ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y lesionados en ambas partes.             

El grupo de indígenas, aseguró que Aldama ya respondió y planteó que le entreguen 32.5 hectáreas de las 59 en disputa, propuesta que Santa Martha está valorando y contestarán en una próxima reunión.

 Cabe destacar que desde hace más de una semana no ha habido denuncias de Aldama de disparos de armas de fuego, como ocurría casi todos los días, lo que ocasionalmente provocaba el desplazamiento de decenas de familias hacia las montañas.