Las acusaciones apuntan directamente al rector Javier López Sánchez, a quien señalan de haber protegido por presuntos vínculos personales a un profesor acusado de conductas inapropiadas contra alumnas. Aunque el docente ya no forma parte de la institución, los inconformes consideran que la resolución fue tardía, limitada y sin garantizar justicia para las víctimas.

De acuerdo con los testimonios, desde octubre de 2025 al menos cuatro estudiantes denunciaron formalmente al profesor Valentín “N” por presuntos tocamientos no consentidos, insinuaciones y comentarios de carácter sexual. Parte de los hechos, aseguran, habrían ocurrido incluso durante un viaje académico realizado a San Cristóbal de Las Casas en noviembre de 2024. Con el paso de los meses, más alumnas se sumaron con señalamientos similares, lo queafirman evidenciaría un patrón de conducta que no fue atendido con la debida diligencia.

Durante el proceso interno, el Comité de Ética de la universidad solicitó mantener el caso bajo reserva; sin embargo, las denunciantes sostienen que fueron obligadas a continuar asistiendo a clases con el docente mientras avanzaban las investigaciones, situación que califican como revictimizante. Posteriormente, aunque otro profesor emitió sus calificaciones, aseguran que la medida terminó por exponerlas ante la comunidad universitaria, generando presión social y señalamientos.

Ante la falta de confianza en el procedimiento interno y lo que consideran omisiones graves, las estudiantes decidieron acudir a la Fiscalía estatal para que el caso sea investigado fuera del ámbito universitario.

Los denunciantes hicieron un llamado al gobernador Eduardo Ramírez, así como a la Secretaría de Educación y a la Fiscalía General del Estado, para revisar el actuar de la rectoría y esclarecer posibles responsabilidades administrativas o legales.

Hasta ahora, la UNICH no ha emitido un posicionamiento público frente a los nuevos señalamientos, lo que ha incrementado las críticas y cuestionamientos sobre la transparencia institucional y la protección real a las víctimas dentro del ámbito universitario.

Durante el acto inaugural, la presidenta municipal, Mtra. Fabiola Ricci Diestel, destacó que la paz se construye desde la inclusión y el respeto a los derechos humanos, subrayando que en San Cristóbal de Las Casas no se puede normalizar ninguna forma de violencia y que el compromiso institucional es garantizar derechos y oportunidades para todas y todos, sin distinción.

La alcaldesa señaló que estas jornadas buscan atender las causas de la desigualdad y la violencia mediante políticas públicas con enfoque de derechos humanos, promoviendo entornos seguros, accesibles y libres de discriminación, con la participación activa de instituciones y de la sociedad civil.

En representación del fiscal general del Estado, Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal de la Zona Altos, William Hernández Ovando, resaltó que una sociedad justa e incluyente debe garantizar la igualdad de derechos sin discriminación alguna, y enfatizó que los tres niveles de gobierno trabajan de manera coordinada para fortalecer la inclusión social y la prevención de la violencia.

Por su parte, la fiscal de Justicia Indígena, Mtra. Floralma Gómez Santiz, refrendó el compromiso de la Fiscalía para coadyuvar en acciones de prevención e inclusión social, destacando la importancia de la perspectiva diferencial y el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil.

Al evento acudieron María José Velasco Moscoso, regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia en San Cristóbal; el capitán primero César García Rodríguez, de la Guardia Nacional; y Micaela Hernández Meza, presidenta de K’inal Ansetik A. C., así como regidoras y regidores, directoras y directores, representantes del sector salud y de organizaciones civiles, quienes acompañaron el arranque formal de estas jornadas en favor de la paz y la justicia social.