El Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco S.C de A.P de R.L de C.V, en reunión extraordinaria de carácter urgente, en la cual acordó  la revocación de poderes y facultades que se habían otorgado a favor de los ciudadanos Manuel  Mora, Nolasco, José Montoya Aguilar, Gerardo Edalí, Aguilar Martínez, Bernabé de Jesús Gómez Velasco, Eduardo Javier Liévano Ruíz y Álvaro Ortega, por lo cual no cuentan con ninguna facultad para representar a la cooperativa, evitando de esta manera realicen cualquier acción que afecte a la Caja Popular San Juan Bosco.

En las próximas horas se indicó a los medios de comunicación que se darán a conocer otros acuerdos importantes del Consejo de Administración de la Caja Popular San Juan Bosco.

Por otra parte, se tiene conocimiento que Nolasco José Montoya Aguilar, está amenazando a responsables de sucursal y a empleados para que operen actividades ilícitamente o los amenaza con despedirlos del trabajo hoy mismo.

De igual manera ha trascendido que ante la ilegalidad con la cual se conduce el grupo de vándalos que ingresaron violentamente al Corporativo y a las Oficinas Generales, Mari Carmen Córdova Gómez, rechazó ocupar la gerencia general de la Cooperativa.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de Chiapas, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de una persona por su probable participación en los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de transporte, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la carpeta de investigación Carlos “G”, fue detenido en enero de este año, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules, Ocosingo, Chiapas.

La detención de Carlos "G", se realizó cuando se encontraba descargando de una aeronave que hizo aterrizaje en el citado lugar, 25 paquetes con clorhidrato de cocaína con un peso de 223 kilos 966 gramos siete miligramos; además le aseguraron un arma de fuego, tres cargadores y 19 cartuchos útiles.

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), presentó los datos de prueba suficientes y contundentes al Juez de la causa, quien decretó como legal la detención y resolvió vincular a proceso al imputado, imponiendo como medida cautelar prisión preventiva oficiosa y un plazo de tres meses de investigación complementaria.