Chiapas.- A través de un comunicado en redes sociales, un grupo armado que se autodenomina Frente Comunitario Indígena Semilla Rebelde Tierra y Territorio, declaró estar en defensa de 130 hectáreas de tierras y acusó al gobierno de no brindar soluciones ante la violencia en la región.

En su mensaje, el grupo denunció el asesinato de hijos de ejidatarios y señaló que ante la falta de respuesta gubernamental, se vieron obligados a organizarse y prepararse militarmente para proteger a sus comunidades. 

“Narcomilitares y sicarios han generado un clima de inseguridad, afectando a pobladores humildes e inocentes, nos quieren quitar nuestras tierras y eso no va a poder, porque un pueblo organizado jamás será vencido”, expresaron en el comunicado.

Asimismo, el grupo acusó a autoridades de los tres niveles de gobierno de permitir el avance del crimen organizado en la región, señalando la venta de drogas, el cobro de piso y la protección de presuntos líderes criminales. 

Entre los nombres mencionados, apuntaron al diputado Juan Manuel Utrilla Constantino y a su cuñado, Joaquín Flores, quien actualmente funge como director de la Policía en el municipio de Yajalón. También identificaron a diversos actores que según ellos, operan dentro del ejido Tila.

En su mensaje, el Frente Comunitario manifestó su desconfianza en el pacto de civilidad firmado el 13 y 20 de Marzo de 2025 entre los tres grupos de la zona, afirmando que “podría tratarse de una estrategia gubernamental para traicionarlos”. 

Aseguraron que pese a dicho acuerdo, continúan las detonaciones de armas de fuego en el ejido Tila, sin que las corporaciones militares o policías estatales actúen contra los grupos criminales.

“Decimos claro, no queremos más asesinatos de compañeros ejidatarios, no más intimidaciones. Si tocan a uno, nos tocan a todos”, advirtieron, reafirmando su decisión de mantenerse en resistencia y lucha por la defensa de sus tierras.

El comunicado finaliza con la consigna: “vivan los pueblos unidos del ejido Tila” y abajo el sistema del mal gobierno capitalista”.

#prensalibrechiapas 

#Tila

- La víctima ya se encuentra en el seno familiar y recibe atención integral 

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por presunta violencia en el noviazgo, en agravio de una joven en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. 

Inicialmente, la víctima fue presentada como localizada, tras contar con reportes de no localizada y Protocolo Alba; sin embargo, ella misma, por voluntad propia, decidió retirarse de las oficinas de la representación social, con su novio.

Ante tal situación y la imposibilidad jurídica de retenerla, toda vez que se trata de una persona mayor de edad, el fiscal del Ministerio Público ordenó las medidas de protección respectivas, a efecto de estar al pendiente de la persona localizada, ante la manifestación de sus familiares de que pudiera ser objeto de violencia. 

En este tenor, una vez que posteriormente la joven se comunicó con sus familiares para externarles que estaba siendo violentada por su pareja, quien por cierto se trata de un menor de edad, la autoridad ministerial, a través de un grupo interdisciplinario conformado por las diversas áreas de atención a víctimas con que cuenta la Fiscalía General del Estado, concretamente en materia médica, psicológica y jurídica, atendieron a la denunciante y lograron reintegrarla al seno familiar, además de iniciar las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades, y ordenar las medidas de protección correspondientes. 

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las mujeres, atendiendo y esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

#FGEChiapas #089DenunciaAnónima #911Emergencias

#JusticiaConHumanismo #CeroImpunidad

La madre de Sofía Carballo Torres, víctima de violencia física y psicológica, denunció públicamente al Fiscal Renau Martínez, titular del turno dos de la Fiscalía de la zona Altos de Chiapas, por permitir que su hija fuera extraída de las instalaciones de la Fiscalía sin notificación alguna. A pesar de la existencia de una denuncia por desaparición de persona y la evidencia documental que demuestra el abuso sufrido por Sofía, la joven fue retirada de forma irregular por la parte trasera de la Fiscalía, sin que se informara a la madre, Gabriela Carballo Torres.

En su declaración, Sofía Carballo aceptó abiertamente que sufre de violencia, tanto física como psicológica, lo que refuerza la gravedad del caso. A pesar de esta declaración y la existencia de pruebas claras sobre el abuso, el protocolo de protección de víctimas no fue aplicado en su caso. La falta de medidas adecuadas para garantizar su seguridad por parte de las autoridades agrava aún más la angustia de la madre, quien teme por la integridad de su hija.

Gabriela Carballo, quien se mostró profundamente preocupada por la seguridad de su hija, hizo responsable directamente al fiscal Martínez y a la Fiscalía de Chiapas por cualquier daño o riesgo que pudiera enfrentar Sofía. "Exijo que se garantice la protección de mi hija y se esclarezca esta grave irregularidad", expresó la madre, quien denuncia la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de su hija.

El caso ha generado alarma entre organizaciones locales y autoridades, quienes exigen una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en las que Sofía fue retirada de la Fiscalía, así como una revisión de la aplicación de los protocolos de protección en casos de violencia de género.

El fiscal Renau Martínez, no ha emitido ninguna declaración sobre la denuncia.

Este incidente resalta la preocupante situación de violencia de género en la región, que sigue afectando a numerosas mujeres en Chiapas y pone en evidencia posibles fallas en los mecanismos de protección y justicia. En un contexto donde la violencia de género ha sido reconocida como un problema estructural, este caso subraya la necesidad urgente de reforzar los protocolos de seguridad para las víctimas y garantizar que las autoridades actúen con responsabilidad y compromiso en la protección de sus derechos. La falta de transparencia y acción inmediata solo perpetúa el ciclo de violencia y desprotección al que se enfrentan las mujeres.