La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas, obtuvo del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, vinculación a proceso en contra de Yojhan “G” y Héctor “H”, así como de un menor de edad, probables responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores, ambos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al corroborar una denuncia ciudadana, detuvieron a dichas personas en Berriozábal, Chiapas. 

Lo anterior, luego de observar a un individuo armado que estaba en la azotea del inmueble denunciado y que abrió fuego en contra de los elementos castrenses, quienes vieron por la puerta del lugar a otras dos personas que portaban armas tipo fusil. Posteriormente, aseguraron cuatro armas de fuego, 37 cargadores, dos mil 635 cartuchos útiles, un chaleco balístico, dos fornituras, cuatro placas balísticas, un vehículo y el inmueble.

Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien a su vez los remitió ante el Juez Especializado, el cual calificó de legal la detención, impuso a Yojhan “G” y Héctor “H”, prisión preventiva oficiosa y tres meses para el cierre de la investigación complementaria; en cuanto al menor de edad, medida cautelar de internamiento preventivo con revisión de la medida cautelar cada mes y se fijó un plazo de un mes de investigación complementaria.

Integrantes de la organización del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FEDROC), se manifestaron la mañana de este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, para denunciar a un ministerio público a quien acusan de obstruir la acción de la justicia en contubernio con peritos de esta dependencia.

Así lo informó en conferencia de prensa Antonia Hernández Mendoza, madre de una menor que fue atropellada el mes de junio de 2024 sobre el boulevard Juan Sabines Gutiérrez, frente a las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales en San Cristóbal (Sedem).

Indicó que el responsable se dio a la fuga junto con su motocicleta y a pesar de que se presentó la denuncia en el ministerio público no hay avances de las investigaciones y pretenden darle carpetas.

"Estamos aquí para denunciar al ministerio público Remy de Jesús en contubernio con la perito Nayeli Guadalupe, implicados en probable cohecho al desaparecer pruebas del expediente 268/2024, en el que pretenden echarle la culpa a una víctima menor de edad para proteger a quien la atropelló con una motocicleta, desde el primer momento se ha solicitado el video de la cámara de seguridad que está a unos metros de las instalaciones de la Policía Municipal, hasta la fecha se han negado a proporcionarnos".

Agregó que a pesar de que existen evidencias y que la perito lleva 40 días de no presentarse a trabajar, urgió que se revisen las cámaras de seguridad o que les proporcionen una copia del expediente para ver cómo se inició la investigación.

Finalmente, dijo que el ministerio público pretende dar carpetazo al expediente, "ya se denunció ante el juez de control, por lo que pedimos una copia del expediente, por eso venimos aquí como integrante de la FEDROC para exigir justicia, vamos a seguir exigiendo justicia".

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