La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Ambiental, ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los municipios de Altamirano y Ocosingo, derivado de investigaciones por el delito de ecocidio en su modalidad de comerciar, procesar y acopiar recursos forestales maderables sin autorización de la autoridad competente.

Las diligencias se realizaron en seguimiento a denuncias anónimas que señalaban actividades de almacenamiento y venta de recurso forestal maderable sin la documentación correspondiente, lo que fue corroborado mediante actos de investigación.

Con la autorización del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo, se ejecutaron los cateos con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Fiscalía Indígena, Guardia Estatal Preventiva, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Dirección de Servicios Periciales.

En el inmueble ubicado en la carretera Altamirano-Cuxuljá a la altura del ejido 12 de Octubre, se aseguraron 307 piezas de madera en rollo; 18 mil 751 piezas de madera aserrada en diversas presentaciones; maquinaria tipo sierra cinta de 3 pulgadas; torre de sierra de 6 pulgadas; estructura metálica con rodillos y bandas para transportar troncos de madera; dos desorilladoras de madera y sierra sin marca; y una sierra cinta con estructura metálica de la marca Danckaert International.

En el inmueble cateado en la localidad Nueva Providencia, de Ocosingo se aseguraron 29 piezas de madera en rollo; 20 mil 58 piezas de madera aserrada; 90 mil tabletas para caja de empaque; una estructura metálica con rodillos y bandas para transportar trozos de madera; dos sierras cinta con estructura metálica; ocho sierras cinta de 06 pulgadas; un motor con disco esmeril para afilar; dos tanques de oxígeno industrial; un afilador de hoja de sierra; y una desorilladora de madera y sierra.

Los bienes quedaron bajo resguardo en los predios intervenidos, mientras que el Ministerio Público continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de hacer frente al delito de ecocidio con Cero Impunidad.

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La Fiscalía General de Estado de Chiapas obtuvo sentencia condenatoria en contra de Samuel "N", por su probable participación en el delito de pederastia, cometido en perjuicio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en la colonia Nueva Esperanza del municipio de Reforma, el 31 de diciembre de 2024.

El Juez de Control de la Región 03 del Distrito Judicial de Pichucalco dictó sentencia condenatoria al indiciado, imponiéndole una pena de seis años y ocho meses de prisión y el pago de una multa de 37 mil 562 pesos, sin concederle beneficio alguno y con la consecuente suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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Luis García Villagrán, reconocido defensor de derechos de la población migrante y beneficiario del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos desde 2019, fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las organizaciones advierten que este acto se inserta en un patrón sistemático de represión en medio del endurecimiento global de las políticas migratorias.

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatorías especiales de la ONU, han reiterado que los ataques contra personas defensoras no solo violan sus derechos fundamentales, sino que también debilitan su labor esencial y dejan en situación de mayor vulnerabilidad a las poblaciones que acompañan.

En un pronunciamiento conjunto, los firmantes exigieron que se respete el debido proceso y la integridad de García Villagrán. Además, criticaron las declaraciones emitidas durante la conferencia presidencial del 6 de agosto, las cuales, aseguran, vulneran el principio de presunción de inocencia.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes y el Servicio Jesuita a Refugiados México, subrayan que la labor de defensa no debe ser criminalizada, sino reconocida como una pieza clave en la garantía de derechos y la justicia social.

El caso de García Villagrán se suma a una serie de hostigamientos documentados en Chiapas, lo que refleja una constante persecución contra quienes denuncian violaciones y acompañan a migrantes en su tránsito por México, particularmente en la frontera sur, donde se concentra una fuerte presión migratoria.

Frente a este panorama, las organizaciones nacionales e internacionales reiteraron su respaldo al defensor y llamaron a las autoridades mexicanas a cesar toda forma de criminalización, garantizar su seguridad y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo en favor de los derechos humanos.