La Colectiva Cereza y mujeres de diferentes organizaciones, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de Justicia Altos, en San Cristóbal de Las Casas, la tarde de este viernes, para denunciar  la criminalización hacia las mujeres de pueblos originarios, a quienes no se les garantiza el derecho a una vida libre de violencia

Es el caso de Juanita una indígena tzeltal que está procesada bajo la causa 33/2022 del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas, acusada del delito de homicidio calificado.

Indicaron que será el martes 09 de mayo del 2023 que se dictará el fallo, sin embargo, las defensoras de los derechos de las mujeres en situación de cárcel temen que el juez sea influenciado para dictar una condena no favorable.

Las inconformes  se manifestaron a las 2:00 de la tarde, con consignas como: “libertad para Juanita”, “ministerios públicos constructores de delitos”, “yo también me defendería”, “ante una violación derecho a la defensa legítima”.

Mientras que en las pancartas se leían leyendas: "basta ya de violaciones sexuales, feminicidio, ocultos por la Fiscalía General del Estado”, “ Fiscalía cómplice de la violencia”, “Juanita defendió su vida”, “precaución aquí violan los derechos de las mujeres”.

Cabe recordar  que Juanita es una mujer qué emigró del municipio de San Juan Cancuc hacia San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de mejorar su condición de vida, sin embargo, a un año de su llegada a esta ciudad  fue según sus defensoras hostigada por días, amenazada y violada por Juan, quien el 14 de marzo del 2022 apareció degollado en la habitación donde ella fue detenida.

Según el reporte Juanita se encontraba visiblemente lesionada y en un estado alterado de conciencia; durante la audiencia del juicio oral el ministerio público fue incapaz de desahogar pruebas que demostraran cómo sucedieron los hechos.

Finalmente las defensoras de los derechos humanos de la mujer, visibilizaron la violencia estructural en la impartición de justicia, afirmando que, existe una discriminación y violencia extrema en contra de las mujeres de pueblos originarios en San Cristóbal de Las Casas.

Integrantes del Colectivo Cereza se manifestaron afuera de teatro Zebadúa la tarde de este jueves,  dentro del Marco del Día de los Derechos Humanos, para exigir la inmediata liberación de las cuatro mujeres indígenas que fueron acusadas por trata de personas, durante la búsqueda del menor Dylan.

“La Fiscalía de Justicia sigue criminalizando a familias empobrecidas e indígenas, como es el caso concreto de Josefa, Juana, Hortencia y Maribel, quienes siguen privadas de su libertad, una de ellas en el Cerss número 5 y el resto en un departamento que está fuertemente custodiado por la Fiscalía General del Estado, están separadas de sus familias y de sus hijos, son 20 niños y niñas que también fueron encerrados durante cuatro meses”, destacaron.

Agregaron que las cuatro mujeres están acusadas por el delito de trata de personas, a pesar de que no existe ningún solo dato en la carpeta de investigación que apunte a que este delito existe, “la realidad es que en la búsqueda por la desaparición de Dylan, se acusó a esta familia de la desaparición del niño y cuando lo encontraron con una persona totalmente ajena a esta familia, les fabricaron el delito de trata, porque habían espectacularizado esa detención”.

Ante esta situación exigieron la inmediata libertad de las cuatro mujeres indígenas y un sobre seguimiento porque no existen medios de pruebas para acusarlos, “lo saben las autoridades y porque sigue el daño  irreparable que le están haciendo no solo a las mujeres sino a toda la familia, niños y niñas que siguen separados de sus madres”.

Finalmente señalaron que han solicitado tanto al fiscal de Derechos Humanos como a la Titular de la Fiscalía de Trata una reunión pero les han cerrado las puertas sistemáticamente, “las mujeres se encuentran sin las cuestiones básicas de alimentación, de limpieza, llevan tres días incomunicadas, tienen con ellas tres bebes de media lactancia y no les han proporcionado comida, están en una situación de vulnerabilidad de sus derechos humanos”.

Diversos representantes de defensoras de derechos humanos y familiares radicados en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, demandaron la liberación de cuatro mujeres acusadas de trata de personas, detenidas en el contexto de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez.

En conferencia de prensa urgieron la reintegración a sus familias de 23 menores de edad que se encuentran resguardados en el DIF estatal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como el esclarecimiento de la muerte de Adolfo Gómez, quien apareció muerto el pasado 27 de julio en una celda del penal número 5 de San Cristóbal.

Mencionaron que sobre las investigaciones para encontrar a Dylan Esaú, localizado finalmente el pasado 13 de agosto, la Fiscalía de Chiapas informó hace tres semanas que “desmanteló una red de trata de personas” en la zona norte en San Cristóbal y se detuvo a tres mujeres, además de “rescatar” a 23 menores de edad.

Al respecto, Enereida Gómez Sánchez, madre de cinco de los 23 menores “rescatados”, dijo que las mujeres detenidas son: su hermana María Hortensia y sus cuñadas, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sántiz, madres del resto de los menores.

Externó que fueron detenidas su madre Josefa Sánchez Gómez y su padre Adolfo Gómez, quien apareció muerto dentro del penal, con señales de golpes, sin que hasta la fecha se haya esclarecido la forma en que falleció.

Agregó que, en la casa cateada por agentes estatales a mediados de julio pasado en San Cristóbal, vivían cinco familias que se dedicaban a vender artesanías en las calles de la ciudad, y que debido a que no tienen con quien dejar a sus hijos, los llevan con ellos.

“Esto es una injusticia lo que nos hacen porque no hemos cometido ningún delito”, agregó Enereida, y que cinco de los menores que la policía dijo haber rescatado, son sus hijos; cuatro de su hermano Aníbal Gómez Sánchez; cinco de su otro hermano Ever y cinco de María Hortensia, los 23 menores, 20 de ellos están resguardados en el DIF estatal, y tres más con sus madres en el penal de El Amate.

Afirmó que el martes pasado le entregarían a sus hijos, pero el proceso no se concretó debido a que sus actas de nacimiento tienen algunos errores en los apellidos.

Finalmente, Enereida exigió que sean liberadas las mujeres, devueltos los menores a sus familiares y que se investigue la muerte de Adolfo, a esta petición se unieron  Melel Xojobal, la Colectiva Cereza y la Red por los Derechos de la Infancia en México.