·         Demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

 Un grupo de aproximadamente setenta habitantes del municipio de Venustiano Carranza iniciaron este martes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno en demanda de que se les paguen tres millones de pesos por concepto de indemnizaciones, tras de que fueran desplazados de su comunidad en 2013.

Alfredo López Núñez, vocero de los inconformes informó que desde mayo del citado año un grupo paramilitar encabezado por José Vázquez Hernández, los amenazó de muerte sino abandonaban sus tierras. “No tuvimos otra opción y desde ese entonces buscamos justicia y el resarcimiento de los daños”.

Reveló que en aquel entonces las autoridades, representadas por Secretario de Gobierno, Noé Castañón, firmaron un acuerdo en el que se comprometían al pago por el quebranto económico causado a aproximadamente 119 familias de la comunidad. “Pero es la fecha que no nos resuelven”, señalaron.

Tras una marcha que iniciaron en el Parque “Cinco de Mayo” aproximadamente a las 10:00 horas, los campesinos coincidieron que la autoridad les ha cerrado las puertas para el diálogo. “Exigimos castigo para quienes actuaron en nuestra contra, entre ellos OCEZ,  pues todo lo hemos documentado”, detallaron.

Relataron asimismo que tras ser despojados de sus pertenencias encontraron refugio en la comunidad Trinidad Oquil.

López Núñez aseguró que actualmente en Venustiano Carranza los pobladores viven con temor. “Es un pueblo sin ley, cuya población se encuentra en total indefensión y donde cualquiera pueda secuestrar, robar, matar, es decir, no hay Estado de Derecho en la comunidad. No queremos más ilegalidad”.

Respecto a la cantidad que exigen como indemnización, dieron a conocer que es el monto global de las pérdidas económicas que sufrieron los 119 afectados. “Todos fuimos despojados de manera particular de parcelas, casas, autos y animales de corral. Lo que pedimos es justo”, argumentaron.

Detallaron que inicialmente el gobierno les dio unos terrenos para que trabajaran, sin embargo se trata de superficies cuya tierra es mala, donde no pueden producir ningún alimento, por lo que todos los labriegos deben hallar trabajos temporales en otras regiones para poder sostener a sus familias”.

De manera personal dijo que avala la medida de austeridad que ha tomado también el Legislativo de Chiapas

Se va vivir una recesión económica, con las medidas de austeridad que han tomado los tres niveles de gobierno, y eso redundará en la iniciativa privada, donde también va haber desempleo, señaló la diputada María Eugenia Pérez Fernández.

Al ser entrevistada, anotó que de los impuestos salen los recursos económicos para pagar a los burócratas, y si los recursos provenientes del  petróleo merman, el gobierno no podría gastar más de lo que tiene y tiene que reducir el gasto corriente.

Inclusive, de manera personal dijo que avala la medida de austeridad que ha tomado también el Legislativo de Chiapas, que les reduzcan sus salarios en un 20%. Si se va apretar el cinturón que se apriete parejo, subrayó.

Reconoció que la gente está viviendo una situación difícil, por lo que no queda más que generar ingresos por el turismo, comercio y servicios, pero para eso también hay que generar confiabilidad para la inversión, para que la gente tenga confianza en venir a Chiapas.

La también empresaria del sector turístico enfática dijo que el dinero siempre anda en alguna parte, lo atraigamos, que vengan los turistas confiados en que su recorrido de tres días por lo menos no se verá interrumpido.

Sin embargo, consideró que todos los grupos sociales que tengan alguna demanda deben reflexionar que en estos momentos son tiempos de unión y de canalizar las exigencias por los cauces correspondientes, sobre todo que el estado atraviesa por una situación complicada económicamente.

La única manera de poder generar riqueza es a través de fuentes de empleos en el turismo, comercio, servicios, sobre todo que en Chiapas no hay industrias, por lo que no se deben ahogar las arterias de comunicación tan importantes, como es la zona de Agua Azul-Misolha y la región de los Altos.

Dijo qué necesidad tienen los turistas de ver encapuchados que les cierran el paso, y aunque actúan de manera pacífica la gente se asusta, por lo que si está difícil la situación la vamos a complicar más.

Consideró que la tempestad que se está presentando ahora no es solamente responsabilidad de las autoridades estatales ni federales, sino es mundial, y tenemos que ver la manera de salir juntos sobre todo con las medidas de austeridad que han tomado los gobiernos de los tres nivele

* Unas 40 familias solicitan apoyo para la regularización y escrituración de sus lotes.

* Recibieron la visita de las brigadas de labor social y al presidente estatal Enoc Hernández Cruz.
 Habitantes de la colonia Diana Laura, ubicada en la zona sur de Tuxtla Gutiérrez, solicitaron la intervención del presidente de la asociación civil Yo quiero tener un millón de amigos, Enoc Hernández Cruz, para lograr la regularización y escrituración de sus predios que les permita dar certidumbre jurídica a su patrimonio.

Al recibir la visita de Hernández Cruz, quien llegó acompañado de las brigadas de labor social de Un Millón de amigos de la capital chiapaneca, doña Beatriz, don Manuel, doña Margarita y demás integrantes del Comité Ciudadano de Gestión de la citada colonia, también presentaron una serie de carencias que vienen padeciendo.

La colonia Diana Laura se fundó sobre un predio irregular hace más de 20 años, según testimonios de los propios vecinos, muchos de los cuales ya lograron conseguir su escritura pública, pero aún quedan más de 40 familias que no cuentan con este documento ya que son de bajos recursos económicos, por eso solicitaron que esta AC pueda apoyarlos en este proceso que aún tienen inconcluso.

Finalmente, dieron a conocer que hay varias lámparas fundidas, calles que requieren de pavimentación y que por el mal estado en el que se encuentran se convierten en guarida de pandilleros y drogadictos que representan un riesgo de seguridad para las familias, especialmente para los niños y las estudiantes que tienen que transitar por esas vialidades.