El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México AC (FISANIM-Fideo), manifestaron su preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas.
“Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado diferentes organizaciones, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama, y el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite, vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, anteriormente disparaban desde barricadas lejanas, ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos, durante el mes de junio y lo que va julio la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74 agresiones armadas a San Pedro Cotsilnam, Yetón, Tabak, KoKo’, Xuxch’en, Tselepotobtic, Chivit y la cabecera municipal de Aldama”, denunciaron.
Expresaron a través de un escrito que actualmente son 2 mil 036 personas víctimas de desplazamiento en el municipio de Aldama, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación número 71 /2019, por su parte el Comité Autónomo de Desplazados Internos Chalchihuite ha denunciado 8 agresiones en Kanalumtik, en los puntos conocidos como Tsamtechen, Tseleltik, la comunidad de Pom en el tramo Chacojton, y Cruz Cacanam de Chalchihuitán, así como en Las Limas comunidad límite de Chenalhó.
“En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento, por este hecho la CNDH emitió recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Medida Cautelar número 882-17), mientras en Chenalhó existe preocupación por las amenazas e intimidación que viven constantemente 31 personas desplazadas de la comunidad Los Chorros, que constantemente han sido hostigados por personas de la comunidad”, denunciaron.
Agregaron que el Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del estado de Chiapas, no ha cumplido con su cometido, la situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, “como organizaciones de derechos humanos vemos la necesidad de que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas, realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento en el estado".
“¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de las comunidades desplazadas y a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos, ¿quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región, ¿quién los arma?”, mencionaron.
Destacaron que esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio de COVID-19, debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres se encuentran entre la población de alto riesgo ante esta pandemia.
“Como organizaciones de derechos humanos exigimos un alto a la violencia paramilitar en la región se reconozcan y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Chenalhó, así como la situación crítica de San Antonio Patbaxil, Carmen San José del municipio de Chilón, entre otros grupos desplazados que viven en las montañas”, concluyeron.
