Los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia Indígena, lo que motivó la intervención de organizaciones civiles y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Autoridades tradicionales, representantes comunitarios y personal de la Visitaduría Regional Especializada en Asuntos Indígenas sostuvieron una mesa de diálogo para abordar el conflicto.

Durante la reunión, se recordó que la legislación estatal en materia de derechos humanos y no discriminación prohíbe limitar el acceso a servicios esenciales como el agua por motivos de credo o por negarse a participar en celebraciones religiosas. La CEDH calificó la suspensión del suministro como una práctica discriminatoria.

Uno de los afectados expresó en su lengua materna que gracias a la intervención institucional y la apertura de ambas partes, se alcanzó un acuerdo para restablecer el servicio. Sin embargo, hasta la mañana de este martes todavía no contaban con agua en los domicilios, aunque confían en que el abastecimiento se normalice en el transcurso del día.

De acuerdo con testimonios de habitantes, el suministro ha sido irregular desde hace varios años, llegando en algunos meses solo dos o tres días con baja presión. Las fallas actuales se atribuyen a desperfectos en una de las bombas del sistema de agua, dañada por una descarga eléctrica durante los constantes apagones en la zona.

Autoridades municipales señalaron que el equipo afectado se ubica en el predio Santa Elena, a unos 5 kilómetros de la cabecera y que actualmente solo una bomba se encuentra en operación, lo que limita la distribución. Vecinos recordaron que la crisis se agravó durante el conflicto social de la pasada administración, cuando ejidatarios tomaron la presidencia municipal por más de un año y acusan que el servicio se suspendió de manera intencional como medida de presión política, deteriorando aún más la infraestructura hidráulica.

Los afectados exigieron una solución definitiva, pues consideran insuficiente la distribución parcial y temporal de agua. “Este problema lleva años y ahora empeoró; antes el agua llegaba cada 10 o 15 días, ahora llevamos más de un mes sin una gota. Estamos cansados de comprar agua cara y vivir así”, denunció un vecino.

El Sistema de Agua Potable pidió comprensión y aseguró que trabaja en la reparación de la bomba dañada para restablecer el servicio lo antes posible, aunque no precisó una fecha para su normalización.

Vecinos de distintos barrios y colonias señalaron que el suministro ha sido irregular desde agosto de 2023, cuando se averió la bomba principal que abastece los tanques de almacenamiento de agua. La falla se originó en medio del conflicto político registrado durante la pasada administración, cuando ejidatarios tomaron la presidencia municipal por más de un año.

Según denuncias ciudadanas, suspendieron el servicio como medida de presión para exigir la desaparición del concejo municipal. Pese a los pagos puntuales de sus recibos, muchos usuarios deben recurrir a la compra de agua en pipas, cuyo costo oscila entre 300 y 400 pesos o bien adquirir garrafones de 20 litros a 10 pesos cada uno, generando un gasto adicional difícil de sostener para muchas familias.

Los ciudadanos señalaron que los tanques de almacenamiento siguen vacíos y que no se ha dado mantenimiento a las bombas de agua ubicadas en la comunidad de Santa Elena, origen del suministro. La situación, afirman, se ha mantenido sin solución desde hace más de cinco años, sin que ninguna administración haya logrado resolverla.

Las zonas más afectadas incluyen El Campo, Las Casitas, La Candelaria, El Arenal y Barrio Centro, donde el malestar es creciente ante la falta de respuestas claras por parte del actual ayuntamiento encabezado por Gaspar Sántiz. La población exige una solución inmediata al problema del agua potable.