• La víctima fue identificada como Isaura López Vázquez

• Se detuvo a Adier “N” y se aseguró un arma de fuego

Luego del hallazgo de un vehículo en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, en la colonia San Cayetano de Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se logró identificar a la víctima como Isaura Patricia López Vázquez, de 34 años, así como la detención de Adier “N”, como presunto responsable de este lamentable hecho ocurrido la madrugada de este domingo.

Desde el Centro de Justicia para las Mujeres en San Cristóbal de Las Casas, Llaven Abarca explicó que alrededor de las 2:00 horas se recibió la noticia criminal a través del C5 Escudo Pakal. De acuerdo con las primeras diligencias, la causa de muerte fue hemorragia aguda secundaria a herida de proyectil de arma de fuego, lo que le provocó el fallecimiento.

Señaló que al indiciado también le fue asegurada un arma de fuego y se llevan a cabo las diligencias periciales correspondientes para determinar si dicha arma fue utilizada en los hechos, por lo que la carpeta de investigación continúa integrándose con los datos de prueba necesarios.

Finalmente, Jorge Llaven reiteró que la Fiscalía General del Estado actúa de manera contundente y con Cero Impunidad ante los delitos cometidos contra las mujeres.

"Ningún feminicidio en Chiapas quedará impune", afirmó, al señalar que se solicitará la pena máxima de hasta 100 años de prisión en contra del presunto responsable.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- En conferencia de prensa, un grupo de compradores denunció públicamente un fraude relacionado con la venta y reventa de terrenos en una privada ubicada sobre la calle Pípila, en el barrio de Fátima, donde aseguran que un mismo lote habría sido vendido hasta a tres o cuatro personas diferentes.

Los denunciantes señalaron como presunto responsable al arquitecto Mario Luis Urbina Trujillo, a quien acusan de comercializar fracciones de un predio de aproximadamente 5 mil metros cuadrados desde el año 2020.

Durante la conferencia, explicaron que inicialmente eran alrededor de 16 personas las que se consideraban afectadas; sin embargo, conforme han revisado la documentación y contactado a otros compradores, estiman que el número de personas afectadas podría superar las 40.

De acuerdo con los testimonios expuestos, algunos compradores cuentan con contratos de promesa de compraventa, mientras que otros aseguran tener documentos que acreditarían la adquisición de los mismos espacios, generándose casos en los que un solo terreno tendría hasta tres o cuatro supuestos propietarios.

Los inconformes explicaron que los terrenos eran ofrecidos mediante pagos parciales, lo que hacía atractiva la operación. Una vez realizado el acuerdo, aseguran que se les señalaba físicamente el espacio mediante estacas o mojones, bajo el argumento de que todavía estaban en trámite diversos permisos para el desarrollo, subdivisión, construcción e introducción de servicios.

Sin embargo, señalaron que al momento de intentar concluir los pagos y formalizar la propiedad comenzaron las dificultades para establecer comunicación con el vendedor, situación que los llevó a revisar la documentación y detectar según su versión, la existencia de otros compradores sobre los mismos lotes.

Los denunciantes sostienen que el predio tiene una superficie aproximada de 5 mil metros cuadrados y que conforme al plano de lotificación que mencionaron durante la conferencia, únicamente tendría capacidad para alrededor de 20 fracciones, pese a que aseguran que existen más de 40 personas que han realizado operaciones de compraventa.

Los 16 compradores que participan directamente en las acciones legales estimaron que el monto que habrían entregado en conjunto asciende aproximadamente a 10 millones de pesos. Ante esta situación, informaron que ya han iniciado acciones legales para exigir la devolución de su dinero y el esclarecimiento de las operaciones realizadas sobre el inmueble.

Durante la conferencia también hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para revisar la situación jurídica y administrativa del predio, así como los permisos relacionados con su subdivisión y eventual escrituración. Los afectados solicitaron además la intervención de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que se investiguen los hechos y en caso de acreditarse alguna conducta ilícita, se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, recomendaron a la ciudadanía verificar cuidadosamente la situación jurídica de cualquier terreno antes de entregar dinero o firmar contratos, al advertir que, según su denuncia, los lotes del predio señalado continuarían siendo ofertados.

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