Autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo interinstitucional en comunidades del municipio de Huixtán, en la región Altos de Chiapas, luego de las denuncias presentadas por indígenas tsotsiles y autoridades tradicionales sobre la presunta tala ilegal de más de 200 hectáreas de bosque.

De acuerdo con las denuncias, habitantes de diversas comunidades hicieron un llamado urgente a las autoridades para investigar la devastación ambiental que aseguran continúa afectando la zona, así como para garantizar la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades.

Como parte de las acciones de prevención y vigilancia, las Fiscalías de Distrito Altos y de Justicia Indígena, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal de Huixtán, realizaron recorridos en caminos de terracería y zonas de difícil acceso en las comunidades San Andrés Puerto Rico, Ejido Población, La Libertad, San Pedro Pedernal y Paraíso Las Delicias.

Asimismo, elementos de seguridad efectuaron recorridos pie tierra en los predios Santa Isabel y Las Orquídeas, donde existen reportes por presuntas invasiones para la instalación de aserraderos clandestinos y la tala ilegal de árboles.

Autoridades comunitarias señalaron como presuntos responsables a integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP), a quienes acusan de provocar daños severos al medio ambiente y poner en riesgo el equilibrio ecológico de la región.

Las corporaciones de seguridad informaron que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Hasta este domingo no se reportan personas detenidas; sin embargo, las autoridades mantendrán los recorridos preventivos para combatir delitos ambientales y evitar mayores afectaciones en la zona.

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Ixtapa, Chiapas.– Habitantes de la colonia Nopal denunciaron la falta de docentes en la escuela primaria bilingüe “20 de Noviembre”, donde al menos dos grupos permanecen sin clases desde hace meses e incluso años, lo que ha afectado el aprendizaje de decenas de alumnos.

De acuerdo con autoridades ejidales y escolares, una de las vacantes se originó tras el fallecimiento de la maestra María Isabel Gutiérrez Jiménez, ocurrido el 24 de junio de 2025, sin que hasta la fecha se haya asignado un reemplazo. En tanto, otro grupo quedó sin docente desde el 16 de mayo de 2023, debido al cese de una profesora, aseguró Manuel Pérez Jiménez, del comité de la escuela primaria.

El director del plantel, Marcos Gómez Hernández, informó que actualmente 27 alumnos de cuarto grado, grupo B, no cuentan con maestro y el otro grupo de igual número de estudiantes tienen clases únicamente por dos meses que es lo que cubre un maestro interino.

Añadió que pese a las gestiones realizadas ante la Dirección de Educación Indígena y otras instancias, únicamente han recibido respuestas sin una fecha concreta para la asignación de personal.

Por su parte, autoridades comunitarias como el tesorero ejidal Jairo Ruiz Vázquez y el comisariado Alfredo Vázquez Ruiz, señalaron que han acudido en múltiples ocasiones a la Secretaría de Educación, acompañados por supervisores y jefes de zona sin lograr una solución, ya que los docentes enviados han sido temporales y por periodos cortos.

Silvia Mariela Vázquez López, en representación de las madres  y padres de familia indicó que los  estudiantes, distribuidos en dos salones, han perdido clases de manera intermitente o total, lo que ha generado rezago en áreas básicas como lectura y matemáticas, además de evidenciar carencias en la infraestructura escolar.

Ante esta situación, la comunidad hizo un llamado al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para que intervenga y garantice la asignación urgente de maestros de base, con el fin de restituir el derecho a la educación de niñas y niños afectados.

Eduardo Ramírez

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Familias desplazadas del Ejido Puebla, municipio de San Pedro Chenalhó, denunciaron públicamente que desde hace más de seis meses no reciben despensas por parte de Protección Civil, dejando en condiciones de vulnerabilidad a unas 120 personas que permanecen en un campamento en San Cristóbal de Las Casas.

Araceli Cruz, vocera de las 24 familias afectadas, hizo un llamado urgente a las autoridades para que atiendan la falta de apoyo alimentario, señalando que la omisión representa una violación a sus derechos como víctimas de desplazamiento forzado interno.

“Hermanas y hermanos de la sociedad civil, denunciamos la burla hacia nosotros como víctimas, ya que las autoridades han evadido su responsabilidad conforme a los principios rectores de las Naciones Unidas. Desde hace más de seis meses Protección Civil nos dejó en el abandono en el tema de alimentación”, expresó.

Indicó que recientemente un camión arribó al campamento con despensas; sin embargo, el apoyo fue insuficiente y no alcanzó para todas las familias, lo que generó inconformidad entre los afectados.

Finalmente, las familias reiteraron que además del abastecimiento regular de alimentos, continúan exigiendo el cumplimiento de acuerdos previos, el pago de daños y una reubicación digna, tras más de 10 años de permanecer en condiciones precarias.

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