En México se repite como consigna que la austeridad es una virtud. “No gastar de más”, presumen algunos políticos, como si recortar fuera gobernar. Pero lo que hoy vivimos no es una política responsable, sino un Estado cada vez más débil, incapaz de imponer orden o dar respuestas.

Las señales están por todos lados. El huachicol fiscal dejó de ser un rumor para convertirse en símbolo: redes que mueven enormes cantidades de dinero mientras el poder mira hacia otro lado. No es un problema menor ni aislado, es la prueba de que el crimen organizado encontró espacios cómodos para operar.

Al mismo tiempo, el gobierno anuncia operativos con nombres llamativos que prometen mucho y entregan poco. La Barredora y otros esfuerzos sirven para la narrativa, pero no cambian la realidad cotidiana. El mensaje implícito es peligroso: hay espectáculo, pero no consecuencias visibles.

Lo más grave es la normalización de los asesinatos impunes. Periodistas, candidatos, funcionarios locales y ciudadanos se suman a una lista que crece sin explicación ni cierre. Cuando la violencia se vuelve costumbre, el miedo ocupa el lugar de la autoridad.

Este escenario no solo afecta hacia adentro. También abre la puerta a presiones externas. Estados Unidos no necesita inventar excusas: la violencia, el narcotráfico y el dinero ilícito bastan para presentarse como un problema de seguridad regional. Cuando un país no controla su territorio ni protege a su gente, otros empiezan a opinar —y a decidir— por él.

La pérdida de soberanía no llega de golpe ni con uniformes extranjeros. Llega lentamente, cuando un gobierno prefiere ahorrar que gobernar, explicar que resolver, y administrar la crisis en lugar de enfrentarla.

La alternativa existe. No pasa por gastar sin medida, sino por reconstruir capacidad del Estado, recuperar autoridad, enviar señales claras de que la violencia y la corrupción no son tolerables. Sin propaganda, sin dogmas, sin excusas.

Porque sin autoridad real, no hay paz posible. Y sin un Estado fuerte, ninguna soberanía se sostiene.

La reciente realización de un rito ancestral dentro de las instalaciones del Congreso de Baja California ha generado una fuerte polémica y reabre un debate fundamental: la separación entre religión, tradiciones espirituales y la función pública.

Si bien las expresiones culturales y religiosas merecen respeto y reconocimiento, los espacios legislativos no son el lugar para ceremonias espirituales, independientemente de su origen o intención. El Congreso representa a una sociedad plural, diversa y con múltiples creencias, por lo que mezclar rituales con funciones políticas vulnera el principio del Estado laico, consagrado en la Constitución mexicana.

La labor de los legisladores debe centrarse en crear leyes, debatir políticas públicas y atender las necesidades reales de la ciudadanía, no en promover o permitir actos simbólicos que pertenecen al ámbito personal o comunitario. Cuando estas prácticas se realizan en recintos oficiales, se envía un mensaje equivocado y se desdibuja el papel institucional que deben asumir quienes gobiernan.

Respetar las tradiciones no significa trasladarlas a espacios donde deben prevalecer la neutralidad, la razón y el interés público. Los representantes populares deben ser conscientes de su responsabilidad y mantener la política en su lugar: al servicio de todos, sin creencias impuestas ni espectáculos innecesarios..