El descenso de un equipo de fútbol que jamás representó al estado, ha sido motivo para que  personeros de la administración que lo trajo a Chiapas —a costa de la vida de 34 niños en Comitán—, lancen cualquier cantidad de epítetos y defiendan lo indefendible.

Sin más argumento que la injuria, los abogados del equipo Jaguares pretenden buscar culpables de un fracaso anunciado, que se germinó en la soberbia de un dictador desalmado, inhumano y perverso que sembró desde entonces la semilla de la indiferencia, el odio y el rencor.

¿Ignoran acaso que el gobierno de Pablo Abner Salazar desoyó deliberadamente los angustiosos gritos de auxilio en el hospital Regional de Comitán, mediante los cuales se pedía ayuda para evitar la muerte de los infantes? Si ese es el caso, menester es recordar que el entonces dictador prefirió desviar recursos destinados a salud y emergencias para pagar la franquicia de ese equipo, que enviar la ayuda requerida a los moribundos.

La mayoría de los bebés internados en ese nosocomio murieron por asfixia, sepsis y enterocolitis, entre otras causas, derivadas de una severa insuficiencia respiratoria. El director de dicho centro asistencial de ésa época, Raúl Belmonte Martínez, denunció públicamente que ante la ineficiencia del sector salud en los municipios cercanos a Comitán, todos los enfermos eran canalizados a ese lugar, lo que desató brotes epidémicos que fueron reportados a tiempo a las autoridades de Salud, empero no fueron atendidos.

Más tarde, algunos de los médicos procesados penalmente por la muerte de los niños, en sus declaraciones ministeriales, acusaron a quien fungió como secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo y al propio Pablo Abner, de haberse negado a proporcionar respiradores artificiales para salvar a los niños gravemente enfermos. “De tres respiradores artificiales, solo funcionaba uno cuando teníamos la emergencia de atender a 53 pacientes”, cuenta uno de los implicados.

La prioridad de Abner Salazar no era salvar la vida de ésos niños, sino adquirir la franquicia de un equipo de fútbol, al que habría de construirle su propio estadio, en terrenos arrebatados al magisterio. La inversión final de la compra de ese equipo, es incuantificable. La danza de cifras es exageradamente movida. Que fue multimillonaria, es cierto y todo se pagó con dinero malversado, al grado que algunos alcaldes que se negaron a “contribuir” para tal propósito, fueron encarcelados o perseguidos.

¿Vale, entonces, la pena defender lo que desde hace 15 años se constituyó en el símbolo de la corrupción e indiferencia? ¿Es necesario tener un equipo de fútbol de primera división a costa de la vida de nuestros niños y niñas? ¿Hay que sacrificar el real desarrollo de Chiapas por un grupo de deportistas (que en honor a la verdad, ninguna culpa tienen de la corrupción que los trajo a la entidad), que no tienen el menor interés por hacer bien lo que les corresponde?

Si revisamos los resultados del Jaguares, concluiremos que éste, solo era un gasto desproporcionado e inútil. Los personeros de PASM (“mis ‘sapos’”, les llama él mismo), aseguran que su estancia en Chiapas dejaba una “importante derrama económica”. Totalmente falso. Para la mayoría de partidos, el boletaje era regalado por diputados, candidatos, funcionarios, diputados y hasta por personajes opositores. ¿Lo ponían de su bolsa? No. Lo pagaba el gobierno.

A pesar que un empresario foráneo presumía la propiedad, el gran gasto lo hacía el gobierno estatal. Luz, agua, boletos, seguridad interna, uso del estadio y estacionamiento e incluso, hay versiones que, desde que fue traído por el tirano Salazar, la nómina de jugadores, corría a cargo del gobierno.

La constante presencia de David León Romero, jefe de prensa del PVEM, asesor de la actual administración y ajonjolí de todos los moles, en las actividades de Jaguares, robustecen la sospecha que al final, todos los gastos eran del erario.

En esas circunstancias, Chiapas no necesita de un equipo de fútbol, cuya mediocridad avergüenza. Tenemos graves y serias carencias. Ahí está la crisis de salud. La privaciones en educación, las necesidades en los grupos vulnerables; hay muchas cosas en que invertir a favor del pueblo, no en un equipo deportivo que nunca se ganó el afecto de la afición.

Desde que Pablo Abner determinó traerlos a Chiapas, la salud del estado decayó al grado que hoy, no hay ni gazas ni alcohol en los hospitales. De ahí se derivó la grave situación hospitalaria. Insistir en tener fútbol profesional es insultar la inteligencia de los chiapanecos; es despilfarrar dinero en asuntos insulsos, mientras la población carece de todo. Ojalá y quienes deban tomar decisiones en ese sentido, piensen en Chiapas; piensen con la cabeza, no con las patas. 

·         El diputado ecologista Jesús Sesma presentó una iniciativa para evitar que funcionarios públicos utilicen a elementos de seguridad pública como guardaespaldas personales

El Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que los funcionarios públicos utilicen a elementos de seguridad como sus escoltas personales, toda vez que los servidores deben dejar de contar con privilegios que además de causar molestia en la población, desvían a los elementos de sus funciones primordiales que son velar por la seguridad nacional y la ciudadanía.

Jesús Sesma Suárez, coordinador de los diputados ecologistas, refirió que su propuesta busca prohibir que cualquier funcionario público cuente con escoltas pertenecientes a las policías federales, estatales o municipales, con excepción del Presidente de la República; los gobernadores, el Procurador General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad Pública; los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina; y  los titulares de las fiscalías generales y de los cuerpos policiacos en las entidades federativas, debido a la labor que realizan.

Sesma Suárez señaló que diariamente se reúnen una gran cantidad de políticos en diversos puntos de la Ciudad de México, y siempre están acompañados de sus escoltas, que en la mayoría de los casos son policías, soldados o marinos que cobran del erario público. En este sentido, afirmó que la ciudadanía reclama a los legisladores resultados, y ya están hartos de los privilegios que se les otorgan.

Debemos acabar con esos privilegios para que los policías, marinos y soldados se dediquen a proteger y servir a la sociedad en su conjunto y no estén solo al servicio de unos cuantos.  El que quiera escoltas que los pague”, subrayó.

Finalmente, el líder ecologista llamó a los grupos parlamentarios a aprobar lo antes posible su propuesta, así como a atender otros temas de gran relevancia como el mando único policial y la Ley de Seguridad Interior.

Habitantes del municipio de Comalapa, determinaron retener a funcionarios y de no haber solución inmediata de sus peticiones, tomarían la presidencia y la quemarían.

La tarde de este miércoles, alrededor de las 17:00 horas, en el barrio de Huixnayal se llevó a cabo una reunión entre comuneros y representantes del municipio encabezado por Jorge Antonio Aguilar Lucas, mismos que al no llegar a un acuerdo económico por los proyectos productivos fueron retenidos.

Dentro de los retenidos se encuentran: Ing. Bonifilio Vásquez Rodríguez, Director Agropecuario, Ing. Edvin Sergio Mazariegos Méndez, Director de Obras Públicas, Oduverlando Vásquez Miguel, Regidor; Mario Álvarez López, Regidor y a la Regidora  Aradelia Hidalgo Morales.

También  fueron secuestradas las unidades númerso 12 y 09 de la policía municipal, llevándose también retenidos a los policías Edny Pérez, Felipe Mejía Pérez, Elmer Gálvez Morales.

Se indica que los inconformes pretenden tomar la presidencia para después incendiarla.

Cabe destacar que la situación social del municipio ha sido muy tensa, primeramente por el asesinato de Jesús Alaín Anzueto Roblero, Regidor del PVEM, mismo donde el alcalde fue acusado de tan lamentable hecho.

Finalmente se informó que los inconformes sostienen en este momento una reunión con una comisión del gobierno estatal, previendo represiones de las autoridades municipales y llegar a una posible solución.

HECHOS

En los primeros días de marzo  de 2017, el presidente municipal de Frontera Comalapa, Jorge Antonio Aguilar Lucas, fue detenido y presentado en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en donde rindió su declaración en torno al homicidio de Alaín Anzueto, perpetrado la noche del 1 de marzo de 2016.

Fuentes oficiales señalaron que el alcalde fue detenido cerca del municipio de La Trinitaria cuando iba a bordo de una camioneta en dirección a Comitán, al hacer caso omiso de los topes, elementos de la policía especializada marcaron el alto y pidieron a los tripulantes que se identificaran.

Una fuente oficial informó que alrededor de la 11 de la noche, personal de la Policía Especializada de Comitán recibió una denuncia que manifestaba que del municipio de Frontera Comalapa se dirigían alrededor de 4 vehículos compactos en convoy a Comitán y que al parecer a bordo de dichos vehículos se transportaban personas armadas.