La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la muerte de Alejandro Aparicio Salgado presidente municipal de Tlaxiaco.

De acuerdo con la Fiscalía, el morenista murió de tres impactos de bala luego del atentado que sufrió esta mañana tras su toma de posesión. 

Los primeros reportes señalan que dos individuos atacaron a los integrantes del cabildo, encabezados por Aparicio, mientras se dirigían a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tlaxiaco (SAPAT). El ataque ocurrió a la altura del libramiento Oriente.

Durante el ataque resultaron con heridas de arma de fuego el síndico Perfecto Hernández y la regidora Cleotilde Santos, además de otras tres personas. 

La secretaría General de Gobierno, informó que Aparicio fue trasladado al hospital del IMSS en la ciudad de Oaxaca. 

Por estos hechos, fue detenido un individuo para investigar su presunta responsabilidad en el ataque.

La alta demanda para los trabajos y poca mano de obra ha incrementado los costos.

El sismo del 7 de septiembre de 2017 afectó principalmente a Oaxaca y Chiapas, esas entidades recibieron más de 12 mil millones de pesos, tanto de aportaciones federales como estatales para la reconstrucción; sin embargo, a un año de la tragedia, los avances en los trabajos son menores a 40%.

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta mayo de este año, Oaxaca fue la entidad que recibió más recursos, con siete mil 362 millones, pero sólo habían ejercido 36.7% de los recursos, con lo que el avance de las obras es de 34.3%.

Para atender la emergencia, Chiapas recibió cinco mil 323 millones, con lo que los trabajos tiene un avance de 39.7%, mientras que en lo financiero representa se han aplicado 37.4%.

Esta situación se refleja en los testimonios de la gente, en Juchitán, Oaxaca, uno de los municipios más afectados de la entidad, sus habitantes dieron a conocer que las reconstrucción de las viviendas ha sido más cara que los 120 mil pesos que se les entregó a los que perdieron todo.

Además, la escasez de trabajadores incrementó el costo de la mano de obra y el avance ha sido lento, esta situación también se ha presentado en Chiapas.

Asimismo, varias familias denunciaron que han sido víctimas de fraudes, ya que se han acercado personas a prometerles hacerse cargo de la reconstrucción de sus viviendas, les solicitan las tarjetas con los recursos y desaparecen.

El sismo del 7 de septiembre, de 8.2 grados, afectó a 57 mil construcciones en Oaxaca, mientras que en Chiapas las afectaciones abarcaron a mas de 53 mil, cifra que se se incrementa con el sismo del 19 de septiembre.

Organizaciones y colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y organizaciones solidarias exigieron al Estado mexicano el cese a la serie de asesinatos, hostigamientos y violencias perpetradas en contra del Comité en Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los integrantes de la CODEDI realizada en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en donde relataron que el día 17 de julio de 2018, aproximadamente a las 11:30 horas, hombres portando armas de alto poder, con trajes militares y encapuchados cercaron la casa de Abraham Hernández González, coordinador regional del CODEDI en la comunidad de Salchi; en San Pedro Pochutla, Oaxaca. 

“Arrastraron a Hernández González de su casa y lo llevaron a la fuerza en una camioneta con placas RH-70-92 escoltada por una motocicleta. La familia y los miembros del CODEDI inmediatamente dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca y a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, las cuales no tomaron ninguna acción efectiva para encontrar al Hernández González, a pesar de que tenían elementos movilizados a escasos kilómetros del lugar. Cinco horas más tarde, aproximadamente a las 16:30 horas, fue encontrado muerto, con señales de tortura y ejecutado con un tiro en la frente”, indicaron.

Destacaron que Abraham coordinaba los trabajos colectivos en un terreno de un simpatizante de la organización que lleva una lucha jurídica de hace años, juntamente con el CODEDI, en contra del despojo de sus tierras por grupos criminales de la región, que se han dedicado a venderlas a empresas turísticas nacionales y extranjeras.

Refirieron que esta situación de conflicto ya había sido reiteradamente denunciada a las autoridades municipales y el CODEDI había hecho diversos intentos de mediación entre los involucrados, sin tener respuesta favorable. Ante estos hechos el comité responsabiliza a los grupos criminales y al Estado mexicano por los hechos ocurridos, debido a que este homicidio se suma a la emboscada del 12 de febrero, donde fueron asesinados tres integrantes de la organización.

Tomando en cuenta el historial de represión, el contexto de violencia del estado de Oaxaca y los recientes hechos de hostigamiento y asesinato, solicitaron se respete y garantice la integridad y seguridad personal de los y las integrantes de los pueblos indígenas y comunidades campesinas integrantes del Comité, así también la efectiva justicia y sanción a los culpables intelectuales y materiales de las cuatro ejecuciones extrajudiciales del 12 de febrero y del 17 de julio en contra a los integrantes del CODEDI.

"Pedimos se de seguimiento de las investigaciones por la Procuraduría General de la República, ya que se trata de hechos de competencia federal, por el uso de armas de alto poder y acciones criminales, tomando en cuenta las denuncias que involucran a las fuerzas estatales en los hechos, el respeto a los usos y costumbres y al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y comunidades campesinas vinculados al CODEDI, en el fortalecimiento y organización regional de sus topiles”, concluyeron.