Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de enero de 2025 – La reciente administración de la Subsecretaría de Caminos e Infraestructura Hidráulica, encabezada por el Ing. Rafael Ruiz Morales, ha tomado la decisión de despedir de manera masiva y arbitraria a más de 250 trabajadores, afectados de forma directa por esta medida.

El pasado jueves 2 de enero, sin previo aviso ni justificación clara, el nuevo titular de la dependencia ordenó la salida inmediata de todo el personal que laboraba en los distintos programas de inversión de la subsecretaría. Los empleados, entre los que se encuentran desde personal de intendencia, vigilantes, y trabajadores de mantenimiento hasta licenciados e ingenieros de supervisión de obras, recibieron apenas 30 minutos para retirar sus pertenencias, con la confirmación de que no se les permitiría el acceso nuevamente a las instalaciones.

El impacto de esta decisión es aún más significativo, ya que entre los despedidos se encuentran trabajadores con más de 20 años de servicio en los programas de inversión de esta dependencia, quienes han dedicado su labor a la ejecución de proyectos clave para el desarrollo de la infraestructura hidráulica en el estado.

Cabe destacar que, en contraste con esta medida, la Secretaría de Infraestructura del estado había emitido un documento oficial en el que instruía a todas las subsecretarías a garantizar la continuidad de trabajo del personal asignado a los programas de inversión. Sin embargo, la nueva administración parece haber ignorado esta directiva, generando un grave perjuicio no solo a los trabajadores, sino también a las familias chiapanecas que dependen de estos empleos para su sustento.

Este despido masivo ha causado un fuerte revuelo social, ya que se considera un atropello a los derechos laborales y un golpe devastador a la economía de las familias que dependen del empleo público en Chiapas. Los afectados denuncian la falta de sensibilidad y el abuso de poder por parte de las nuevas autoridades, quienes, lejos de promover el bienestar de los trabajadores, han dejado claro un desdén por la estabilidad laboral y la justicia social.

A través de esta denuncia, se hace un llamado urgente al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, para que tome cartas en el asunto y revise el proceder de su administración. La comunidad exige que se garantice el respeto a los derechos de los trabajadores del Estado y que se brinde una solución inmediata a los afectados por esta decisión, cuestionando si este es el tipo de "humanismo" que se promueve en su discurso.