San Cristóbal de Las Casas, Chiapas-Colectivos feministas y ciudadanos se manifestaron este viernes para exigir justicia por los recientes feminicidios ocurridos en el estado, alzando la voz contra la violencia machista que continúa cobrando vidas de mujeres y niñas.

Con pancartas y consignas como "No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal", las activistas denunciaron el feminicidio de las menores Rosa y Daysi, ocurrido en el municipio de San Juan Chamula, así como los asesinatos de Maricruz y Esmeralda, registrados este mismo día en los municipios de Berriozábal y Bochil, respectivamente

Las manifestantes señalaron la inacción y la falta de resultados por parte de las autoridades en la atención a la violencia de género, y exigieron una investigación seria, con perspectiva de género, en cada uno de los casos.

“Estos crímenes no son hechos aislados ni casos pasionales. Son parte de una estructura patriarcal que violenta y asesina a las mujeres con total impunidad”, denunciaron voceras de los colectivos durante su intervención.

Las protestas se realizaron con la intención de visibilizar la gravedad de la situación y la urgencia de frenar los feminicidios en Chiapas. Los colectivos reiteraron su exigencia de justicia, seguridad y garantías para vivir una vida libre de violencia.

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Miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Carranza han dejado claro su distanciamiento de los actos e intereses personales de Manuel Hernández Martínez, conocido como "El Chema", quien ha sido señalado de promover divisiones dentro del grupo, poniendo por encima sus intereses personales. En un comunicado reciente, la organización condenó estas acciones y reafirmó su compromiso con la unidad y la lucha por los derechos de sus integrantes.

Además, los miembros de la OCEZ Carranza aprovecharon la ocasión para exigir la aparición con vida de Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, quienes fueron reportados como desaparecidos el 26 de junio de 2023. La desaparición de ambos sigue siendo un caso pendiente de resolución, y la organización reiteró su llamado a las autoridades para que se agilicen las investigaciones y se garantice justicia.

Este pronunciamiento refleja la creciente tensión dentro del movimiento, así como la urgencia de resolver los casos de desaparición que afectan a sus miembros y familias. La OCEZ Carranza mantiene su lucha por la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.

Piden libertad de defensores indígenas

Habitantes de las Cañadas de la Selva de Chilón se manifestaron frente al Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) número 5, la mañana de este lunes.

En el marco de la Jornada de Lucha por el Dia de la Resistencia Indígena, los manifestantes exigieron el fin de la criminalización de los defensores del territorio y la liberación de tres presos políticos tseltales: Juan Carlos Guillén Moreno, Francisca Silvano Saragoz y Marcos Díaz Hernández.

Los inconformes indicaron que Juan Carlos Guillén Moreno, campesino indígena tseltal y miembro activo del Frente Popular Revolucionario (FPR), fue detenido el 9 de octubre de 2024, mientras acompañaba a su padre a una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario.

 "Su arresto es visto por las comunidades indígenas como una represalia por su participación en el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), donde protestaba contra la militarización en su región. Guillén ya había sido objeto de represión en 2020 por manifestarse pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón", expresaron.

Agregaron que Francisca Silvano Saragoz y Marcos Díaz Hernández, están presos en los Centros Estatales de Reinserción Social (CERSS) 5 y 16 respectivamente, acusados ​​de delitos que fueron fabricados para despojarlos de sus tierras.

Respecto al caso de Marcos Díaz, se denunció un traslado ilegal a otra prisión, donde ha sido sometido a tratos degradantes y actualmente incomunicado.

Los familiares de los presos y sus compañeros de lucha aseguraron que las acusaciones carecen de pruebas y que los detenidos han sido víctimas de tortura, violando sus derechos humanos. Finalmente pidieron que el gobierno intervenga para otorgarles la libertad inmediata en la mesa de reconciliación.

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