- Destacó el inicio de las licenciaturas en Medicina General, Enfermería y Salud Comunitaria en Comitán

- Anunció la apertura de una nueva sede en Tapachula

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Alma Herrera Márquez; el secretario general, Antonio Méndez Hernández; el jefe de las Carreras de Ciencias Médicas, Marx Cartagena Rivero; y la directora de Unidades Académicas, Fabiola Astudillo Reyes, con el propósito de fortalecer la oferta de educación superior en Chiapas.

Durante el encuentro, el mandatario destacó el próximo inicio de las licenciaturas en Medicina General, Enfermería y Salud Comunitaria en la Unidad Académica de Comitán de Domínguez. Asimismo, explicó que estas licenciaturas no requieren examen de admisión, son gratuitas y forman parte de un modelo educativo innovador con enfoque humanista.

Además, Eduardo Ramírez anunció que en los próximos meses se concretará la apertura de una nueva sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Tapachula, lo que ampliará las oportunidades de acceso a la educación superior para las y los jóvenes chiapanecos.

Eduardo Ramírez

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Ciudad de México.– La muerte del profesor Alberto Israel Jasso, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, ha generado una intensa discusión a nivel nacional sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y las consecuencias que pueden derivarse de una denuncia mientras las investigaciones aún se encuentran en curso.

De acuerdo con la información difundida por diversos medios nacionales, el docente falleció por suicidio días después de que se presentara una denuncia en su contra por presunto acoso sexual. Antes de su muerte, publicó un video en redes sociales en el que negó las acusaciones y afirmó que no había tenido un proceso justo, señalando que su decisión no debía interpretarse como una admisión de culpabilidad.

Hasta el momento, no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad o inocencia del profesor. La investigación relacionada con la denuncia continúa bajo la conducción de las autoridades competentes.

El caso ha provocado un amplio intercambio de opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios expresan solidaridad con la denunciante y exigen que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos, otros cuestionan el impacto que pueden tener las acusaciones públicas cuando aún no existe una resolución judicial.

Especialistas en derecho han recordado que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia hasta que una autoridad competente determine lo contrario. Al mismo tiempo, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres subrayan que las denuncias por violencia o acoso deben investigarse con seriedad, imparcialidad y sin revictimizar a quienes las presentan.

Más allá del debate jurídico, el caso también ha puesto sobre la mesa la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales de atención psicológica y acompañamiento tanto para las personas denunciantes como para quienes enfrentan procesos legales o administrativos, a fin de prevenir desenlaces trágicos.

Las autoridades educativas y de procuración de justicia no han informado, hasta el cierre de esta edición, sobre una conclusión de la investigación relacionada con la denuncia.

Este caso refleja la complejidad de encontrar un equilibrio entre garantizar el acceso a la justicia para las presuntas víctimas, respetar plenamente los derechos de las personas acusadas y evitar que los juicios emitidos en el ámbito público sustituyan las resoluciones de los tribunales.

Prensa Libre Chiapas dará seguimiento a este caso conforme las autoridades den a conocer información oficial y verificable.

Trabajadores señalan presuntos despidos injustificados, presión política y vulneración de derechos laborales dentro de la Universidad Intercultural de Chiapas.

Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) denunciaron presuntos casos de violencia laboral y política al interior de la institución, señalando directamente al rector Javier López Sánchez por prácticas que, aseguran, han afectado principalmente a mujeres docentes.

De acuerdo con testimonios de integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (SUTUNICH), algunas profesoras habrían sido separadas de sus funciones poco tiempo después de convertirse en madres, situación que consideran una posible vulneración a sus derechos laborales y humanos.

Los casos denunciados presuntamente ocurrieron en la sede de Yajalón, donde trabajadores afirman que existen antecedentes de inconformidades relacionadas con las condiciones laborales dentro de la institución educativa.

Asimismo, los denunciantes señalaron a la coordinadora Andrea Espinosa Aguilar, a quien acusan de ejercer presión sobre trabajadores para asistir a eventos de carácter político y respaldar publicaciones relacionadas con la administración universitaria.

Durante una conferencia de prensa, integrantes del SUTUNICH solicitaron la intervención de las autoridades competentes para investigar los hechos denunciados y garantizar condiciones laborales libres de violencia, discriminación y cualquier forma de presión indebida.

Los trabajadores también hicieron un llamado a los organismos de derechos humanos y a las instancias laborales para que revisen los casos expuestos y determinen si existieron violaciones a la normatividad vigente en materia laboral y de igualdad de género.

Las denuncias se suman a otras inconformidades que en distintos momentos han sido expresadas por sectores de la comunidad universitaria, quienes han solicitado mayor transparencia en las decisiones administrativas y laborales dentro de la UNICH.

Hasta el momento de la publicación de esta información, el rector Javier López Sánchez no ha emitido ninguna declaración pública respecto a los señalamientos realizados por integrantes del SUTUNICH. Este medio permanece abierto a recibir y publicar la postura de las autoridades universitarias con el fin de garantizar el derecho de réplica y ofrecer una cobertura equilibrada de los hechos.