La afectada, quien señaló vivir actualmente con una discapacidad motriz y ser una persona autista, explicó que acudió al CEJUM en silla de ruedas y encontró instalaciones que no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad. Indicó que la rampa de acceso termina en un escalón de grandes dimensiones y posteriormente existen otros escalones para llegar al área de recepción, lo que dificultó su ingreso al inmueble.

Olivera también señaló que el personal del centro le habría negado el acceso a una persona que la acompañaba, situación que complicó aún más el proceso para presentar su denuncia. Consideró que quienes trabajan en una institución especializada en atender a mujeres víctimas de violencia deberían contar con capacitación para atender a personas con discapacidad, autismo y otras neurodivergencias.

La denunciante agregó que presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y que una visitadora acudió a su domicilio; sin embargo, aseguró que hasta ahora no ha recibido el acompañamiento especializado que necesita para conocer los pasos que debe seguir para solicitar formalmente la adecuación de las instalaciones y la actualización de los protocolos de atención.

Asimismo, cuestionó que a pesar de haber entregado evidencias mediante un archivo digital, el CEJUM haya rechazado algunos de los señalamientos contenidos en su queja. Por ello, manifestó su preocupación sobre el seguimiento que se está dando a las pruebas y pidió que su caso sea atendido con perspectiva de discapacidad y derechos humanos.

“Ese edificio tiene que cambiar y ese personal también tiene que cambiar”, sostuvo, al señalar que continuará buscando que las autoridades correspondientes revisen las condiciones de accesibilidad y atención del centro.

Indicó que su siguiente paso será acudir ante las instancias de la Secretaría de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez para exponer lo que considera deficiencias en el servicio brindado por el personal del CEJUM en San Cristóbal de Las Casas.

La afectada señaló que actualmente no desea hacer pública la denuncia de violencia que originó su proceso, debido a que continúa siendo una situación difícil para ella, pero consideró necesario visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres con discapacidad cuando buscan acceder a la justicia.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, el inmueble permanece en condiciones de abandono y en su interior se acumula una gran cantidad de basura, situación que aseguran, representa un posible foco de infección para quienes habitan y transitan por la zona.

Los vecinos señalaron que los propietarios no han realizado labores de limpieza ni permiten el acceso al inmueble, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para verificar las condiciones del lugar y prevenir algún accidente o afectación a la salud de la población.

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A través de un pronunciamiento la comunidad estudiantil recordó que la institución está próxima a cumplir 26 años de su fundación y sostuvo que durante este periodo se ha caracterizado por la organización colectiva y la defensa de la educación pública e intercultural.

Los normalistas señalaron que el plantel enfrenta de manera recurrente diversas carencias que desde su perspectiva, afectan el derecho a la educación establecido en el Artículo 3° constitucional. Indicaron que pese a haber privilegiado el diálogo y el respeto para alcanzar acuerdos, no han obtenido soluciones concretas a sus necesidades prioritarias.

Ante esta situación, la comunidad estudiantil presentó un pliego de peticiones en el que demanda atención inmediata a las condiciones formativas y de infraestructura de la escuela.

Finalmente, los estudiantes pidieron respeto a su organización interna, así como a su derecho a la libre expresión y a la participación colectiva en las decisiones relacionadas con sus derechos y necesidades como comunidad estudiantil.