Chiapas.— Maestras y maestros interinos en el estado de Chiapas dieron a conocer un pronunciamiento público en el que reportan adeudos salariales que, en algunos casos, superan un año, pese a haber desempeñado funciones frente a grupo en distintos centros educativos de la entidad.

De acuerdo con el documento difundido, existen docentes que cubrieron interinatos completos de hasta seis meses y que, hasta el momento, han recibido únicamente pagos parciales o continúan sin percibir remuneración, situación que —señalan— ha impactado de manera directa en su economía y en la de sus familias.

En el pronunciamiento, el magisterio interino también expone la existencia de presuntas irregularidades administrativas, al referir que algunos docentes habrían sido presionados para firmar documentos contractuales con los que se justificarían pagos incompletos, lo que, a su consideración, limita la posibilidad de realizar reclamaciones posteriores.

El documento fue dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como al gobernador del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, a quienes solicitan su intervención para revisar esta situación, al considerar que existe una discrepancia entre el discurso oficial que señala a la educación como prioridad y las condiciones que enfrentan docentes interinos en la práctica.

“No se puede hablar de educación como prioridad cuando no se paga a quienes educan. Cumplimos frente a grupo, sostuvimos las escuelas y hoy se nos niega el salario que legítimamente nos corresponde”, se expresa en el pronunciamiento.

Las maestras y maestros reconocieron que algunos de sus compañeros firmaron documentos debido a la necesidad económica, subrayando que esta condición no debería ser utilizada como un mecanismo de presión en los procesos administrativos.

Finalmente, el magisterio interino hizo un llamado a las autoridades educativas para que se revisen de manera integral los casos pendientes, se cubra el pago correspondiente al trabajo realizado y se dé seguimiento a las situaciones señaladas, reiterando que su demanda se centra en el respeto y reconocimiento de su labor docente.

“La educación se construye con justicia, y la justicia empieza respetando a las maestras y maestros”, concluye el documento.

Esta denuncia se suma a otras expresiones de inconformidad del sector educativo en Chiapas, donde docentes interinos han manifestado públicamente que, pese a haber cumplido con sus responsabilidades académicas, continúan a la espera del pago correspondiente.

Ciudad de México. — Desde 2022, el gobierno mexicano ha recurrido a la contratación de médicos cubanos para cubrir el déficit de personal de salud en zonas rurales y de difícil acceso. Aunque la medida ha sido defendida como una solución urgente, el esquema de pago y administración de recursos ha generado cuestionamientos por su falta de transparencia, particularmente en lo referente a salarios y gastos logísticos.

A diferencia de otros trabajadores del sector público, los médicos cubanos no reciben pagos directos del Estado mexicano. Los recursos son transferidos a entidades vinculadas al gobierno de Cuba, que se encargan de administrar salarios, hospedaje, alimentación, transporte y otros gastos derivados de su estancia en el país.

Costos elevados, salarios poco claros

Información obtenida a través de solicitudes de transparencia y reportes periodísticos indica que el costo total por médico puede rondar los 100 mil pesos mensuales, cifra que incluye tanto la remuneración como los gastos operativos. Sin embargo, no existe un desglose público que precise cuánto de ese monto llega efectivamente al médico.

Estimaciones basadas en documentos oficiales parciales sugieren que el ingreso directo del profesional podría representar solo entre 20 y 30 por ciento del total, aunque las autoridades mexicanas han reconocido que no cuentan con datos sobre los salarios individuales, ya que esa información es administrada por la parte cubana.

Logística pagada en México, control externo

Uno de los aspectos que ha despertado mayor debate es que gran parte de los gastos logísticos se realiza dentro del territorio mexicano —como rentas, hoteles, alimentación y transporte—, pero el control del dinero y la contratación de proveedores no depende de autoridades nacionales, sino de las entidades cubanas encargadas del programa.

Especialistas en rendición de cuentas advierten que este tipo de esquemas no constituyen por sí mismos actos de corrupción, pero sí generan zonas de opacidad que dificultan la fiscalización del gasto público y abren la posibilidad de sobreprecios o uso ineficiente de recursos.

Falta de auditorías y contratos públicos

Hasta el momento, no se han hecho públicos los contratos completos ni se ha informado sobre auditorías independientes que permitan conocer:

• el costo real del hospedaje y alimentación,

• los proveedores involucrados,

• el porcentaje exacto que reciben los médicos.

Organizaciones civiles y colegios médicos han señalado que con salarios competitivos y contratos directos, muchos médicos mexicanos podrían ocupar esas plazas, lo que ha intensificado el debate sobre la pertinencia del modelo actual.

Debate abierto

El gobierno federal sostiene que la contratación responde a una necesidad inmediata de atención médica, mientras que críticos subrayan que la falta de transparencia impide evaluar con claridad el impacto financiero y ético del programa.

Por ahora, no existen pruebas públicas de irregularidades, pero la ausencia de información detallada impide descartar posibles abusos, manteniendo el tema en una zona gris que continúa generando polémica.

En México se repite como consigna que la austeridad es una virtud. “No gastar de más”, presumen algunos políticos, como si recortar fuera gobernar. Pero lo que hoy vivimos no es una política responsable, sino un Estado cada vez más débil, incapaz de imponer orden o dar respuestas.

Las señales están por todos lados. El huachicol fiscal dejó de ser un rumor para convertirse en símbolo: redes que mueven enormes cantidades de dinero mientras el poder mira hacia otro lado. No es un problema menor ni aislado, es la prueba de que el crimen organizado encontró espacios cómodos para operar.

Al mismo tiempo, el gobierno anuncia operativos con nombres llamativos que prometen mucho y entregan poco. La Barredora y otros esfuerzos sirven para la narrativa, pero no cambian la realidad cotidiana. El mensaje implícito es peligroso: hay espectáculo, pero no consecuencias visibles.

Lo más grave es la normalización de los asesinatos impunes. Periodistas, candidatos, funcionarios locales y ciudadanos se suman a una lista que crece sin explicación ni cierre. Cuando la violencia se vuelve costumbre, el miedo ocupa el lugar de la autoridad.

Este escenario no solo afecta hacia adentro. También abre la puerta a presiones externas. Estados Unidos no necesita inventar excusas: la violencia, el narcotráfico y el dinero ilícito bastan para presentarse como un problema de seguridad regional. Cuando un país no controla su territorio ni protege a su gente, otros empiezan a opinar —y a decidir— por él.

La pérdida de soberanía no llega de golpe ni con uniformes extranjeros. Llega lentamente, cuando un gobierno prefiere ahorrar que gobernar, explicar que resolver, y administrar la crisis en lugar de enfrentarla.

La alternativa existe. No pasa por gastar sin medida, sino por reconstruir capacidad del Estado, recuperar autoridad, enviar señales claras de que la violencia y la corrupción no son tolerables. Sin propaganda, sin dogmas, sin excusas.

Porque sin autoridad real, no hay paz posible. Y sin un Estado fuerte, ninguna soberanía se sostiene.