Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 30 de abril de 2026.— Estudiantes de diversas unidades académicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) solicitaron la revisión del “Protocolo para prevenir, atender y sancionar la violencia, hostigamiento, acoso sexual y discriminación”, antes de que sea ratificado por el Honorable Consejo Universitario.

A través de un comunicado dirigido a medios de comunicación y a la sociedad chiapaneca, la comunidad estudiantil manifestó su interés en contribuir a la construcción de un instrumento que, además de sancionar, priorice la prevención y la educación en materia de violencia y discriminación.

Los estudiantes señalaron que, si bien reconocen la importancia de contar con un protocolo, consideran que la propuesta actual presenta áreas de oportunidad, especialmente en aspectos relacionados con la inclusión de la realidad social del alumnado, como las dificultades económicas, el traslado desde zonas rurales y el acceso limitado a medios digitales para realizar denuncias.

Asimismo, enfatizaron la necesidad de que el documento sea resultado de un proceso participativo, en el que se integren las voces de estudiantes, académicos y especialistas.

En este sentido, informaron que han solicitado a la rectora, Juana de Dios López Jiménez, aplazar la ratificación del protocolo, instalar mesas de trabajo paritarias y fortalecer los mecanismos de diálogo y transparencia dentro de la institución.

Finalmente, la comunidad estudiantil reiteró su compromiso con la construcción de un entorno universitario libre de violencia, donde el consenso y la participación sean la base para garantizar la seguridad de las y los estudiantes.

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Sí, en Chiapas se ha registrado un aumento alarmante de feminicidios durante el primer trimestre de 2026. 

Según reportes de colectivas feministas como 50 más 1 y datos de la Fiscalía local, la entidad ha contabilizado 13 feminicidios en lo que va del año (hasta principios de abril). 

Datos claves del incremento en 2026:

El mes más violento ha sido marzo, que cerró con 6 feminicidios, convirtiéndose en el mes con mayor registro de crímenes machistas en los últimos años para el estado.

Tan solo en enero se registró un aumento del 200% respecto al mismo mes del año anterior, pasando de un caso en 2025 a tres en 2026.

Entre los municipios más críticos encontramos a Tapachula que se mantiene como un "foco rojo" de violencia, sumando casos recientes como el de una mujer de 67 años asesinada en su domicilio a finales de marzo.

El perfil de las víctimas registradas corresponde a jóvenes de 19 años hasta menores de edad y mujeres de la tercera edad. 

Organizaciones civiles han exigido a las autoridades reforzar la Alerta de Violencia de Género ante lo que consideran por ahora una respuesta institucional insuficiente.

El fiscal general del estado maestro Jorge Luis Llaven Abarca, ha subrayado reiteradamente que no habrá paz en Chiapas mientras continúen los hechos violentos y las agresiones hacia las mujeres.

Altamirano, Chiapas.— El caso de Hermila “N” ha generado indignación en este municipio, luego de que fuera encarcelada presuntamente por negarse a entregar bienes que construyó junto a su esposo, quien actualmente se encuentra en calidad de desaparecido.

De acuerdo con información recabada, la mujer enfrenta un proceso legal en medio de una disputa con familiares políticos, quienes buscan quedarse con terrenos, una camioneta de trabajo y un tractor que formaban parte del patrimonio familiar.

Testimonios cercanos señalan que su detención no solo estaría vinculada al conflicto familiar, sino también a la intervención de autoridades comunitarias y ejidales, cuyas decisiones se habrían basado en los llamados “usos y costumbres”.

Sin embargo, este caso ha encendido la preocupación de diversos sectores, al considerar que dichas prácticas no deben vulnerar derechos fundamentales ni justificar la privación de la libertad sin un proceso legal claro y transparente.

Aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas ya tiene conocimiento de los hechos, hasta ahora no se han reportado avances relevantes en la investigación.

Ante esta situación, crece la exigencia de que las autoridades estatales intervengan de manera inmediata para garantizar justicia, el respeto a los derechos humanos y evitar que este caso se convierta en un precedente de abuso bajo el amparo de normas comunitarias.

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