Este martes, el Fiscal de Distrito Metropolitano de la Procuraduría de Chiapas, Felipe Neri León Aragón, encabezó un operativo disuasivo en el centro de Tuxtla Gutiérrez para evitar el ambulantaje.

En estas acciones participaron representantes de la PGJE, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, y fiscales municipales de la Coordinación de Política Fiscal del Ayuntamiento.

Lo anterior, en seguimiento a los operativos implementados para prevenir y combatir el ambulantaje, lo que ha permitido garantizar el libre tránsito en el centro de la capital chiapaneca.

DATOS

El ambulantaje en Tuxtla Gutiérrez se convirtió en un grave problema de seguridad, salud pública y de economía. Por un lado, se cree que en Tuxtla de pronto estaba copada por al menos 4 mil ambulantes, una inmensa mayoría provenientes de otros estados liderados por sujetos que con antecedentes delictivos.

El ambulantaje arrastró el asunto de la seguridad, pues las calles prácticamente eran intransitables por los peatones. Además, eso era aprovechado por la delincuencia común para hacer de las suyas y difícilmente la policía podía hacer algo para detenerlos. Era como un enjambre meterse al centro de Tuxtla.

Por otro, los ambulantes generaron enormes pérdidas al comercio establecido, pues se cree que existía una evasión de impuestos de más de 5 mil millones de pesos anuales. Las ventas del comercio organizado y de las empresas se desplomaron, a la par de que se iba perdiendo las tradiciones de comprar en los mercados entre el olor a hierbas y el sabor a pozol.

A finales de 2016 (diciembre), en un operativo plenamente organizado y respetando la ley y los derechos humanos, la policía capitalina desalojó las calles y avenidas ocupadas por los ambulantes. Fue un rescate sorpresa que los ciudadanos aplaudieron.

En conferencia de prensa en ese entonces, el alcalde de la ciudad Fernando Castellanos Cal y Mayor dijo que se habían girado 28 órdenes de aprehensión en contra de sujetos que habían vendido los espacios de manera ilegal.

Con satisfacción, el alcalde dijo: Por fin logramos recuperar para la ciudadanía las banquetas del primer cuadro de nuestra ciudad, resolviendo así una añeja demanda de la ciudadanía y de los comerciantes y empresarios de la zona.

Hoy, hemos recuperado el Centro no sólo para los negocios formales, lo hemos recuperado para nuestros hijos, para nuestros padres y para nosotros mismos, para recorrerlo y reconocerlo, para volver a identificar sin obstáculos sus edificios y espacios. Hoy, el centro vuelve a ser de todos y para todos”.

·         Manifestantes aseguran que el alcalde ordenó a sus policías municipales a que detuvieran a Pedro Coyazo, y luego de propinarle una brutal golpiza y darlo por muerto, arrojaron su cuerpo al basurero municipal

 Habitantes de la comunidad de Zotipak, localizada sobre el tramo de la antigua carretera que conduce del municipio de Chicoasén a Soyaló, amaneazan con recrudecer sus acciones en contra del actual Presidente Municipal Benjamín Hernández Pérez, quien presuntamente ordenó la detención y tortura de uno de sus dirigentes de nombre Pedro Coyazo Pérez, quien fue sacado de su domicilio y luego de torturarlo arrojaron su cuerpo a un basurero municipal.

Trascendió que el problema se originó desde que el actual alcalde pretendió desviar el agua de las tuberías que alimentan a las comunidades de Agua Fría y Zotipak, para beneficiar un rancho de su papá, y abastecer del vital líquido un afluente para la cría de mojarras tilapias.

Dicha acción molestó a los habitantes de aquel lugar, quienes como medida de presión mantuvieron retenido al alcalde hasta que luego de firmar algunos acuerdos, fue liberado, pero en represalia por la acción, ordenó a sus policías municipales a que detuvieran a Pedro Coyazo, y luego de propinarle una brutal golpiza y darlo por muerto, arrojaron su cuerpo al basurero municipal de aquel lugar.

Sin embargo, Coyazo Pérez fue rescatado con vida, aunque golpeado y malherido, por lo que desde las primeras horas de la madrugada de este miércoles, los habitantes de Zotipak bloquearon el camino y amenazan con realizar otras acciones como medida de protesta en contra del alcalde Benjamín Hernández.

El clima que se respira es de absoluta tensión, pues a raíz de la represión ordenada por el alcalde, la población está enfurecido y ha amenazado con tomar acciones de protesta en las próximas horas. Se habla de la posible retención del alcalde y de sus familiares, así como de bloqueos carreteros y marchas en la capital del estado.

En esta zona está fresca la violencia ocurrida en el municipio de Tecpatán, cercano a Chicoasén, en donde turbas inconformes quemaron la presidencia municipal por la omisión e incompetencia del alcalde Armando Pastrana Jiménez.

 De Acuerdo de trabajadores de la presidencia, el edil Armando Jiménez Pastrana, fue acusado de USO indebido de Recursos Públicos por Las Comunidades. Cuando llegaron a reclamarles, policías municipales intentaron desalojarlos. “La gente se enojó y empezaron a prenderle fuego a Los documentos que encontraron un su paso. Sacaron muebles al patio y los destruyeron “, reveló una fuente.

Como parte de los resultados mensuales del programa “Cero Corrupción”, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, informó la sanción de 85 funcionarios en el segundo mes del año 2017.

El funcionario estatal dio a conocer que La Unidad de Asuntos Internos recepcionó en el mes de febrero 266 denuncias, de las cuales 85 fueron por faltar a su servicio, 47 por excederse en sus funciones y presuntos actos de corrupción, 7 abandonaron su servicio, 3 por encontrarse en estado de ebriedad, uno por desacato de una orden y 123 por no aprobar el examen del Centro de Control y Confianza.

Lláven Abarca detalló que las corporaciones involucradas pertenecen 170 a la Policía Estatal Preventiva, 37 de la Policía Auxiliar, 33 de la Subsecretaría de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, 12 a la Estatal Fuerza Ciudadana, 8 a la Policía Estatal de Tránsito, 3 del Instituto de Formación Policial, 2 a personal administrativo y uno a la Policía Estatal Fronteriza.

Por ello, se determinó iniciar 23 carpetas de investigación por encontrarse responsabilidad, las cuales fueron turnadas al Consejo de Honor y Justicia, quien determinó la destitución de 4 elementos, la suspensión de 10, dos amonestaciones privadas, 6 renuncias por acreditarse la falta administrativa y 1 elemento fue sobreseído, indicó Lláven Abarca.

Finalmente, el responsable de la seguridad en Chiapas, hace un llamado a la ciudadanía y a los propios medios de comunicación a continuar participando en el programa “Cero Corrupción” y denunciar cualquier acto fuera de la ley por parte de los funcionarios de esta dependencia o en su caso se tenga una actuación legal poderla resaltar; ya que dicho programa tiene la finalidad de premiar o sancionar si así se requiere a fin de seguir transparentando a la institución.

Para ello, se pone a disposición el número telefónico 089 de denuncia anónima, 01 800 221 1484 y 60 4 11 45 de la unidad de asuntos internos, así como el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. y la página www.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet, como medios para realizar sus denuncias o quejas.