En la conferencia mañanera, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la ola de violencia desatada tras el operativo contra Cártel de Jalisco Nueva Generación dejó 28 personas fallecidas, entre ellas:

25 elementos de la Guardia Nacional

1 custodio penitenciario

1 funcionario de fiscalía

1 mujer

Además, murieron más de 40 presuntos delincuentes durante el operativo y enfrentamientos posteriores. Se registraron 27 agresiones contra autoridades y 70 personas fueron detenidas.

El líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, murió en un tiroteo en Jalisco durante un intento de captura por parte del Ejército. Tras ello, integrantes del cártel bloquearon carreteras e incendiaron vehículos en distintos puntos del país, generando más de 250 bloqueos en 20 estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la calma y aseguró que los bloqueos fueron despejados y que la actividad se restablece gradualmente, aunque se mantiene activo un centro de mando.

Desde Estados Unidos, la Casa Blanca confirmó apoyo de inteligencia a la operación y reconoció la acción del Ejército mexicano.

La situación continúa bajo vigilancia, mientras el país permanece atento a posibles reacciones tras uno de los golpes más fuertes contra el narcotráfico en los últimos años.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 18 de febrero de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas, ha logrado la vinculación a proceso de Vicente “N”. Se le imputa su probable responsabilidad en el delito de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Antecedentes y Detención

El proceso legal se originó el pasado 12 de enero de 2026, tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de armamento en un domicilio particular. 

Los hechos se sitúan en la localidad de Nuevo Tenejapa, dentro del municipio de Maravilla Tenejapa.

Tras las investigaciones pertinentes, el Ministerio Público de la Federación (AMPF) solicitó una orden de cateo, la cual fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Resultados del Operativo

Durante la diligencia en el inmueble señalado, las autoridades lograron asegurar:

• Armamento: Un rifle y una escopeta.

• Municiones: Dos cargadores y 300 cartuchos útiles.

• Bienes: Dos vehículos y el aseguramiento del inmueble.

Situación Jurídica

El Juez de Control dictó las siguientes medidas tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal (MPF):

1. Vinculación a proceso contra Vicente “N”.

2. Prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

3. Un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado cumplirá la medida cautelar en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa.

#FGR

#MaravillaTenejapa

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La reciente detención de Yoel Alter, identificado por autoridades federales como integrante y operador de la secta Lev Tahor, vuelve a exhibir una realidad incómoda: la persistencia de estructuras criminales que operan durante años ante la mirada tardía o permisiva del Estado.

Alter es acusado de trata de personas y matrimonios forzados, delitos que, de acuerdo con las investigaciones, se cometían principalmente contra menores de edad, obligados a integrarse a un sistema de control absoluto bajo el disfraz de prácticas religiosas. No se trata de hechos aislados, sino de un modus operandi documentado internacionalmente, atribuido desde hace años a Lev Tahor.

La secta mantiene presencia en Chiapas al menos desde 2017, con reportes constantes de abusos, aislamiento, sometimiento de mujeres y niños, y el traslado irregular de personas entre países. En 2022, el rescate de 17 menores en las inmediaciones de Tapachula confirmó que las alertas no eran infundadas. Aun así, el grupo continuó operando.

El caso de Yoel Alter resulta especialmente inquietante porque ya había sido detenido en Guatemala, lo que plantea una pregunta inevitable:
¿por qué alguien señalado por delitos tan graves podía encontrarse en libertad y moviéndose en territorio mexicano?

La falta de una explicación clara por parte de las autoridades abre la puerta a sospechas de fallas en la cooperación internacional, vacíos legales o negligencia institucional. En cualquiera de los escenarios, el costo lo pagan siempre los mismos: los menores de edad.

La prisión preventiva dictada contra Alter es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una revisión profunda sobre cómo y por qué Lev Tahor logró asentarse durante años en Chiapas, pese a antecedentes públicos, denuncias previas y rescates documentados.

Este caso no solo exige justicia penal. Exige también rendición de cuentas, porque cuando una red de abuso logra sobrevivir tanto tiempo, la responsabilidad no recae únicamente en sus líderes, sino también en quienes debieron impedirlo y no lo hicieron.