Familiares de Juana Santiz Jiménez  y Ernesto Gómez Pérez, ambos sentenciados injustamente  a 25 años de prisión  por homicidio, denuncian el mal actuar de la Fiscalía de Justicia Indigena al violentar los derechos humanos de los menores hijos de (Juana) al obligarlos a firmar una declaración falsa o a modo en contra de su madre, ya que de lo contrario fueron amenazados de ser acusados del asesinato de su padre.

Hechos ocurridos Naranjatik Bajo del municipio Chenalhó en el año 2022. 

Familiares e integrantes de la Colectiva Cereza, denunciaron las irregularidades en el caso, asegurando que hasta la fecha la Fiscalia no ha aportado pruebas que inculpen a los sentenciados, pidiendo la libertad inmediata de Juana y Ernesto.

Aseguraron que el cuerpo de Juan, fue localizado enterrado en un terreno y que tenia historial de ser violento, tanto que fue acusado de asesinar a uno de sus hermanos, por lo que fue expulsado de dos comunidades, ganándose varios enemigos, quienes pudieron haberlo asesinado.

"Para la Fiscalía es fácil acusar a las mujeres indígenas, en vez de buscar al o los verdaderos asesinos, pero vamos a seguir alzando la voz", aseguraron las abogadas.

Por falta de pruebas, la tarde-noche de este martes un juez absolvió a Juanita, de origen tzeltal de 18 años de edad, después de ser violada, fue acusada del delito de homicidio calificado, ahora ya se encuentra libre y se ha reunido con sus familiares, así lo informó la abogada Marcela Fernández, integrante de la Colectiva Cereza.

Destacó que este es un caso que se dio en el contexto de violencia objetivo que hay en San Cristóbal de Las Casas en contra de mujeres de pueblos indígenas que migran a la ciudad y que son víctimas de violencia sexual, "la joven ya había sido violentada a los 15 años de edad cuando llegó a esta ciudad de San Cristóbal”.

Afuera del Cerss número 5 de San Cristóbal, la abogada informó que la joven de 18 años, originaria del municipio de San Juan Cancuc, fue detenida el 14 de marzo de 2022 cuando estaba en un domicilio ubicado en el barrio de Guadalupe, de esta ciudad.

Agregó que en el domicilio en el que ella estaba se encontró el cuerpo sin vida de Juan “N”, y Juanita fue acusada por ese asesinato, durante el proceso el agente del Ministerio Público no tuvo ningún medio de prueba para acusarla de la responsabilidad penal.

Expresó que la tarde de este martes, un juez dictó sentencia absolutoria en su favor por insuficiencia probatoria y por la causa de la duda razonable, porque frente a los medios de prueba que aportó el agente del ministerio público, no hubo suficiencia para establecer su responsabilidad.

Por su parte la activista Patricia Aracil Fernández manifestó que la liberación de Juanita se logró por la argumentación del juez ante la insuficiencia de pruebas, pero la defensora pública, en coadyuvancia con la Colectiva Cereza aportó medios de prueba y acompañamiento, entre ellos un dictamen elaborado por una psicóloga clínica tzeltal, en el que se estableció que efectivamente. Juanita padeció la violencia sexual.

“Se demostró un estrés post trauma y la veracidad de la declaración de Juanita en cuanto a los hechos, aparte que se demostró un trastorno mental transitorio que se colocó en el juicio como una causa para establecer la duda razonable porque había diferentes escenarios que podrían haberse acreditado como teoría del caso y frente a eso el juez decidió absolverla”, mencionó.

Refirió que Juan “N”, era 30 años mayor que Juanita y con quien se había conocido en un parque, “la acosaba y llamaba sistemáticamente. El día de los hechos la engañó para que fuera a su cuarto, la encerró, le indujo a una intoxicación etílica grave y la atacó sexualmente”.

Finalmente, la Colectiva Cereza, afirmó que la mujer buscará justicia por la falta de investigación exhaustiva y de la diligencia que debieron de tener las autoridades para investigar la violencia sexual de la que fue víctima. "No lo hicieron, a pesar de que lo denunció ante diversas autoridades; el agente del ministerio público le tomó la declaración un año después".

La Colectiva Cereza y mujeres de diferentes organizaciones, se manifestaron a las afueras de la Fiscalía de Justicia Altos, en San Cristóbal de Las Casas, la tarde de este viernes, para denunciar  la criminalización hacia las mujeres de pueblos originarios, a quienes no se les garantiza el derecho a una vida libre de violencia

Es el caso de Juanita una indígena tzeltal que está procesada bajo la causa 33/2022 del juzgado de control y tribunal de enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas, acusada del delito de homicidio calificado.

Indicaron que será el martes 09 de mayo del 2023 que se dictará el fallo, sin embargo, las defensoras de los derechos de las mujeres en situación de cárcel temen que el juez sea influenciado para dictar una condena no favorable.

Las inconformes  se manifestaron a las 2:00 de la tarde, con consignas como: “libertad para Juanita”, “ministerios públicos constructores de delitos”, “yo también me defendería”, “ante una violación derecho a la defensa legítima”.

Mientras que en las pancartas se leían leyendas: "basta ya de violaciones sexuales, feminicidio, ocultos por la Fiscalía General del Estado”, “ Fiscalía cómplice de la violencia”, “Juanita defendió su vida”, “precaución aquí violan los derechos de las mujeres”.

Cabe recordar  que Juanita es una mujer qué emigró del municipio de San Juan Cancuc hacia San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de mejorar su condición de vida, sin embargo, a un año de su llegada a esta ciudad  fue según sus defensoras hostigada por días, amenazada y violada por Juan, quien el 14 de marzo del 2022 apareció degollado en la habitación donde ella fue detenida.

Según el reporte Juanita se encontraba visiblemente lesionada y en un estado alterado de conciencia; durante la audiencia del juicio oral el ministerio público fue incapaz de desahogar pruebas que demostraran cómo sucedieron los hechos.

Finalmente las defensoras de los derechos humanos de la mujer, visibilizaron la violencia estructural en la impartición de justicia, afirmando que, existe una discriminación y violencia extrema en contra de las mujeres de pueblos originarios en San Cristóbal de Las Casas.