San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- En el marco del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con motivo del Día Internacional del Detenido Desaparecido, maestros de la Asamblea Estatal Democrática (AED), Sección 40, anunciaron que realizarán una movilización este viernes 30 de mayo en San Cristóbal de Las Casas.

La acción incluirá la toma simbólica de las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ubicada en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el barrio de Santa Lucía, a cinco cuadras del centro histórico,  a partir de las 10:00 de la mañana y contempla también un mitin en el mismo lugar. 

Por este motivo, se prevé el cierre parcial de vialidades en esa zona de la ciudad. El secretario general de la AED-Sección 40, Héctor Solís Espinoza, informó que esta movilización forma parte de una serie de actividades organizadas por el magisterio para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales y denunciar la situación de violencia y desapariciones en el país.

Por lo que invitó a padres de familia, organizaciones sociales, maestros activos y jubilados a sumarse a esta acción política. "Rechazamos las recientes declaraciones de la CNDH que minimizan la existencia de desapariciones forzadas en México, cuando hay más de 130 mil víctimas registradas”, expresó el dirigente.

Finalmente la AED reiteró su llamado a la unidad del gremio magisterial y a la sociedad civil para visibilizar la crisis de derechos humanos y fortalecer la lucha por mejores condiciones laborales y de justicia social.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-Organizaciones como la "Red Todos los Derechos para Todas y Todos" y otros organismos de derechos humanos demandaron la liberación inmediata de Mario Gómez López, defensor de derechos humanos en Chiapas, quien, según denuncian, fue detenido de manera arbitraria y cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En un comunicado, las organizaciones señalaron que las autoridades se han negado a proporcionar información sobre el caso, tanto a sus familiares como a representantes de derechos humanos. 

Pascuala López, esposa de Mario Gómez López y también defensora de derechos humanos, informó que su esposo fue detenido el pasado 24 de enero alrededor de las 8:00 horas por elementos de la Policía Municipal en la caseta de vigilancia del Periférico Norte, en la entrada de la colonia Santa Cruz, Ejido El Pinar, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con el comunicado, Mario Gómez López, cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo el expediente MC-892-22 y está inscrito junto con su esposa en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

“Mario Gómez López fue detenido de forma arbitraria, sin que se le informara el motivo de su arresto. Ni su familia ni sus representantes legales conocen la razón de su detención, aunque se presume que podría haber sido trasladado al CERSS 14 El Amate, ubicado en Cintalapa, a más de 150 kilómetros de San Cristóbal de Las Casas”, detalla el comunicado.

Las organizaciones exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno la liberación inmediata de Mario Gómez López y que se garantice su integridad física, seguridad y libertad. Además, solicitaron medidas urgentes para prevenir daños irreparables que puedan poner en riesgo su vida y derechos fundamentales.

El llamado está dirigido a las autoridades federales, estatales y de procuración de justicia en Chiapas, en un esfuerzo conjunto por esclarecer los hechos y asegurar la protección de los defensores de derechos humanos en la entidad.

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Tuxtla .- El Comité Digna Ochoa denuncia que el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado de Chiapas han evadido su responsabilidad en el atropello de Julio César Flores Pérez, ocurrido el 5 de diciembre de 2024 en San Cristóbal de Las Casas, donde un vehículo militar perteneciente al Batallón 44 atropelló al joven, causándole graves heridas.

A pesar de que los militares inicialmente se comprometieron a cubrir los gastos médicos a través de su aseguradora INBURSA, se han negado a asumir su responsabilidad, dejando a Julio César en una situación crítica. Tras ser trasladado de urgencia a un sanatorio privado, el joven acumula una deuda superior a medio millón de pesos.

Además, un fiscal de la Fiscalía Altos intentó intimidar a la víctima, responsabilizándolo del accidente, mientras que el Ejército y la aseguradora continúan eludiendo sus obligaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco ha actuado frente a la gravedad del caso, sin iniciar una queja formal.

El Comité Digna Ochoa exige una investigación imparcial, que se proteja a la víctima y su familia, y que la SEDENA cubra los gastos médicos y la reparación integral del daño. Este caso refleja una grave irregularidad en el tratamiento de víctimas por parte de las autoridades y exige una pronta respuesta.

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