Diversos representantes de defensoras de derechos humanos y familiares radicados en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, demandaron la liberación de cuatro mujeres acusadas de trata de personas, detenidas en el contexto de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE) para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez.

En conferencia de prensa urgieron la reintegración a sus familias de 23 menores de edad que se encuentran resguardados en el DIF estatal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, así como el esclarecimiento de la muerte de Adolfo Gómez, quien apareció muerto el pasado 27 de julio en una celda del penal número 5 de San Cristóbal.

Mencionaron que sobre las investigaciones para encontrar a Dylan Esaú, localizado finalmente el pasado 13 de agosto, la Fiscalía de Chiapas informó hace tres semanas que “desmanteló una red de trata de personas” en la zona norte en San Cristóbal y se detuvo a tres mujeres, además de “rescatar” a 23 menores de edad.

Al respecto, Enereida Gómez Sánchez, madre de cinco de los 23 menores “rescatados”, dijo que las mujeres detenidas son: su hermana María Hortensia y sus cuñadas, Juana Montejo González y Maribel Gómez Sántiz, madres del resto de los menores.

Externó que fueron detenidas su madre Josefa Sánchez Gómez y su padre Adolfo Gómez, quien apareció muerto dentro del penal, con señales de golpes, sin que hasta la fecha se haya esclarecido la forma en que falleció.

Agregó que, en la casa cateada por agentes estatales a mediados de julio pasado en San Cristóbal, vivían cinco familias que se dedicaban a vender artesanías en las calles de la ciudad, y que debido a que no tienen con quien dejar a sus hijos, los llevan con ellos.

“Esto es una injusticia lo que nos hacen porque no hemos cometido ningún delito”, agregó Enereida, y que cinco de los menores que la policía dijo haber rescatado, son sus hijos; cuatro de su hermano Aníbal Gómez Sánchez; cinco de su otro hermano Ever y cinco de María Hortensia, los 23 menores, 20 de ellos están resguardados en el DIF estatal, y tres más con sus madres en el penal de El Amate.

Afirmó que el martes pasado le entregarían a sus hijos, pero el proceso no se concretó debido a que sus actas de nacimiento tienen algunos errores en los apellidos.

Finalmente, Enereida exigió que sean liberadas las mujeres, devueltos los menores a sus familiares y que se investigue la muerte de Adolfo, a esta petición se unieron  Melel Xojobal, la Colectiva Cereza y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

·         Coloca la responsabilidad en las víctimas, las familias y las escuelas sin resolver reconocer la responsabilidad de las autoridades estado de Chiapas

Organizaciones de la Sociedad Civil pertenecientes a la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), afirmaron en un documento electrónico que los llamados operativos  “Mochila Segura” que se pretenden implementar en esta ciudad no han demostrado ser eficaces y criminalizan a la adolescencia, además de que  violan derechos humanos.

Además señalaron que la aplicación de estas acciones no protege a niñas, niños y adolescentes, ni previene la portación de armas o el consumo de drogas, ya que están dirigidas a las consecuencias y no a las causas.

“Coloca la responsabilidad en las víctimas, las familias y las escuelas sin reconocer la responsabilidad de las autoridades estado de Chiapas en la definición de una política de protección integral”, dijeron.

Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), ChantiikTajTajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., MelelXojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., WorldVision México, integrantes de REDIAS,   lamentaron que  tras  lo sucedido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde un adolescente se suicidó luego de disparar en contra de dos alumnos, una alumna y su maestra en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, los titulares de las secretarías de Educación Pública y de Seguridad y Protección Ciudadana del estado hayan  hecho la reactivación del operativo “Mochila Segura” en las escuelas públicas de la entidad.

“Lamentamos que se busque generalizar un operativo policial en lugar de estimular la participación de niñas niños y adolescentes como lo obliga la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) que permitiría crear comunidades educativas y alertas tempranas frente a la violencia. Este programa violenta el derecho a la intimidad, la seguridad jurídica, no discriminación e interés superior, así como el principio de presunción de inocencia que debe prevalecer en todos los Estados democráticos”, agregaron

Asimismo señalaron que con este tipo de acción se  suma la criminalización de las y los adolescentes solo por el hecho de estar en algún grupo en las redes sociales y que no representan una solución para atender y prevenir los casos de violencia en el espacio escolar.

“Enfatizamos que lo que se necesita es una política pública que el estado de Chiapas aún no ha cumplido y que debe ser una tarea del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), misma que a la fecha no ha sesionado y como factor adicional, no cuenta con el presupuesto suficiente para funcionar”, afirmaron

Por último,  dijeron que se  suman al llamado de la  Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM e invitan a madres y padres de familia a presentar amparos en contra de las revisiones de las mochilas de los menores, para poder dejar  un precedente que permita que las acciones de protección de violencia sean actos de mandato jurídico