Oaxaca, diciembre de 2025.— El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido en el tramo cercano a Nizanda, dejó un saldo de 13 personas fallecidas y decenas de heridos, y puso bajo la lupa un proyecto que, pese a ser reciente, ya había presentado fallas antes de este accidente fatal.
El tren circulaba por la Línea Z, que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos, cuando varios vagones salieron de las vías. A bordo viajaban más de 240 pasajeros, en su mayoría habitantes de comunidades del Istmo. La magnitud del impacto convirtió el hecho en uno de los accidentes ferroviarios más graves registrados en la región en los últimos años y provocó la movilización de cuerpos de emergencia estatales y federales.
Aunque este es el primer descarrilamiento con pérdidas humanas, no fue el primer incidente registrado en la ruta. Desde el inicio de operaciones del Tren Interoceánico se reportaron salidas parciales de vagones durante recorridos de prueba, así como incidentes relacionados con el estado de la vía, durmientes y ajustes en tramos recién rehabilitados, especialmente en zonas curvas y de alta vibración. Estos eventos no dejaron personas lesionadas y fueron atribuidos públicamente a fallas operativas o ajustes técnicos propios del arranque del proyecto, por lo que no derivaron en la suspensión prolongada del servicio.
El proyecto fue inaugurado en diciembre de 2023 como una de las principales apuestas del gobierno federal para detonar el desarrollo del sureste del país. Precisamente por tratarse de una obra relativamente nueva, el accidente ha generado inquietud entre usuarios y especialistas, quienes cuestionan el estado de la vía, el mantenimiento y los protocolos de seguridad. Hasta ahora, las autoridades han informado que se realizan revisiones técnicas, sin que se haya dado a conocer una causa concreta del descarrilamiento.
La operación del Tren Interoceánico está a cargo de un organismo público federal, por lo que su supervisión y mantenimiento dependen directamente del Estado. Sin embargo, tras el accidente, la información oficial ha sido escasa, lo que ha incrementado la desconfianza y la percepción de que los incidentes previos no derivaron en una revisión profunda que evitara una tragedia mayor.
El descarrilamiento ocurre además en un contexto de cuestionamientos a grandes obras públicas impulsadas durante el sexenio pasado. Investigaciones periodísticas han señalado presuntas irregularidades en contratos de distintos proyectos de infraestructura, algunos relacionados con personas cercanas al entorno familiar del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque no existe información oficial que vincule directamente estas denuncias con el Tren Interoceánico ni con el accidente, el tema ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de obras.
Más allá del debate político, el accidente deja una pregunta que resuena entre las comunidades del Istmo: por qué un tren que ya había mostrado fallas continuó operando sin una revisión exhaustiva. Para especialistas, el caso refleja un problema recurrente en el país, donde la urgencia por poner en marcha proyectos suele imponerse sobre la seguridad de quienes los utilizan.
Con 13 personas fallecidas, el descarrilamiento del Tren Interoceánico no puede quedar solo como una estadística. Mientras continúan las investigaciones técnicas, crece la exigencia de que se tomen medidas reales para garantizar que una obra presentada como símbolo de desarrollo no vuelva a convertirse en una amenaza para la población.
