Más de 400 internos del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (Cerss), ubicado en San Cristóbal de Las Casas, iniciaron una huelga de hambre, para denunciar la corrupción en el sistema penitenciario y de los custodios.

A través de un comunicado, los internos dieron a conocer que a partir de este lunes no probarán ningún tipo de alimento hasta que se cumplan sus peticiones.

Los denunciantes entre ellos presos políticos manifestaron malos tratos, cobros excesivos por introducir alimentos y precios elevados en las tiendas ubicadas en el interior del reclusorio y violaciones de los derechos humanos por el personal del penal.

"Estamos cansados de tanta injusticia, rompemos el silencio y nuestros miedos, exigimos al gobierno de Chiapas y de México escuchar nuestras demandas”.
 
Entre sus exigencias están:  el cambio del actual director, Hugo Alejandro Hernández Serrano, señalado como extorsionador y corrupto; aplicar una auditoría al administrador; alto al cobro del 15 por ciento de cada cosa que les trae la familia.

Así también pidieron el servicio médico y abastecimiento de medicamentos, atención jurídica con traductores del tzotzil y tzeltal, equipar la cocina, láminas para los techos del área de visita y colchones. Finalmente los reclusos afirmaron que la huelga será indefinida y pacífica.

Representantes de Promedios de Comunicación Comunitaria (ProMedios), el Colectivo Flor de Asfalto, la Colectiva Autónoma de Colaboración Social, entre otros, dieron a conocer que se han cumplido 130 días de huelga de hambre de los reclusos Marcelino Ruiz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo, internos en el Cerss 5, en San Cristóbal de Las Casas.

Y 10 en Comitán y que hasta la fecha, el estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. En conferencia de prensa, contaron que el pasado 15 de marzo, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de las cárceles para exigir justicia y libertad.

Así como para denunciar al estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, “tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia”.

 Indicaron que los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19.

Asi también solicitaron medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

 Agregaron que Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses privado de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, mientras que Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011 y llevan 10 años, 10 meses, sentenciados a 75 años de prisión cada uno, “pagando por un delito que no cometieron”.

 Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura.

Mientras que Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

 “Exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares", expresaron.

Finalmente pidieron  la especial atención e intervención del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan".

A 8 días de permanecer en huelga los trabajadores agremiados al Sitrassapam, las autoridades no se han acercado para dialogar con ellos y tratar de solucionar sus demandas.

Desde el 10 de mayo los trabajadores iniciaron el paro  laboral para exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, así también la destitución del director general de este organismo Jesús Carmona de la Torre y del subdirector administrativo Carlos Guillén Gordillo, por la falta de capacidad e interés por resolver sus peticiones.

Cabe señalar que la mesa directiva del  Sitrassapam  ha denunciado el salario elevado que percibe Jesús Carmona, y que el personal de confianza que se contrató en esta administración recibe las mismas presentaciones que los sindicalizados pero en proporciones cuadriplicadas porque cotizan mucho más que el personal de campo, considerando que son aproximadamente 20 personas con salarios altos.

A pesar de las condiciones climáticas, los trabajadores siguen aposentados en las banquetas afueras de las instalaciones del Sapam, asegurando que no se moverán hasta que sean atendidos, algunos vecinos han manifestado su inconformidad por el volumen de las bocinas, otros se han acercado para ofrecerles café con pan y respaldarlos.

Finalmente trascendió que la mesa directiva se reuniría con la delegada de gobierno de la zona Altos, Angélica María Domínguez para tratar de llegar algún acuerdo.