Integrantes de la organización del Frente Democrático Revolucionario de Obreros y Campesinos (FEDROC), se manifestaron la mañana de este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, para denunciar a un ministerio público a quien acusan de obstruir la acción de la justicia en contubernio con peritos de esta dependencia.

Así lo informó en conferencia de prensa Antonia Hernández Mendoza, madre de una menor que fue atropellada el mes de junio de 2024 sobre el boulevard Juan Sabines Gutiérrez, frente a las instalaciones de los Servicios Deportivos Municipales en San Cristóbal (Sedem).

Indicó que el responsable se dio a la fuga junto con su motocicleta y a pesar de que se presentó la denuncia en el ministerio público no hay avances de las investigaciones y pretenden darle carpetas.

"Estamos aquí para denunciar al ministerio público Remy de Jesús en contubernio con la perito Nayeli Guadalupe, implicados en probable cohecho al desaparecer pruebas del expediente 268/2024, en el que pretenden echarle la culpa a una víctima menor de edad para proteger a quien la atropelló con una motocicleta, desde el primer momento se ha solicitado el video de la cámara de seguridad que está a unos metros de las instalaciones de la Policía Municipal, hasta la fecha se han negado a proporcionarnos".

Agregó que a pesar de que existen evidencias y que la perito lleva 40 días de no presentarse a trabajar, urgió que se revisen las cámaras de seguridad o que les proporcionen una copia del expediente para ver cómo se inició la investigación.

Finalmente, dijo que el ministerio público pretende dar carpetazo al expediente, "ya se denunció ante el juez de control, por lo que pedimos una copia del expediente, por eso venimos aquí como integrante de la FEDROC para exigir justicia, vamos a seguir exigiendo justicia".

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                Normalistas de Ayotzinapa atacaron este miércoles al medio día el cuartel militar de Chilpancingo, Guerrero, luego de violentas protestas para “conmemorar” la desaparición de 43 de sus compañeros, en septiembre de 2014.

                En una nueva jornada de vandalismo, los normalistas tomaron por la mañana la autopista del Sol, la más importante vía que comunica al puerto de Acapulco y a todo el estado de Guerrero con la ciudad de México.  Desde las 13 horas se apoderaron de la caseta de peaje ubicado en el punto llamado Pablo Blanco, al sur de la capital de Guerrero.

                A los pocos minutos llegó  Jorge Miranda Huesca, asesor del secretario general de gobierno del estado de Guerrero, con la intención de dialogar con los transgresores de la ley a fin de que liberaran la autopista y permitieran el flujo normal de automovilistas.

                Sin embargo, como respuesta Miranda fue atacado brutalmente a golpes y con descargas eléctricas quedando tirado en el suelo gravemente herido e inconsciente, de donde fue levantado por Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos.

                Tras abandonar la caseta por su voluntad, los estudiantes se trasladaron a la 35  zona militar, en el norte del municipio, donde lanzaron piedras, bombas molotov, explosivos caseros y cohetones al interior del cuartel,  en protesta por su participación en la noche del 26 de septiembre del 2014, cuando 43 estudiantes desaparecieron en Iguala.

                Tras el acto de barbarie, los sedicentes normalistas se retiraron con absoluta impunidad como ha ocurrido en todos los casos relacionados desde los hechos sangrientos de Ayotzinapa.