Alumnos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) plantel 331 de la cabecera municipal de Altamirano, marcharon por las diferentes calles de ese municipio para exigir la destitución de un docente del plantel por acosar a sus alumnas.

Más de 200 estudiantes se manifestaron desde las 10:00 de la mañana de este martes, en donde hicieron un llamado a padres de familia, alumnos, docentes y demás, para no permitir el regreso al Conalep de Altamirano al biólogo Gabriel Arguello Méndez, quien había renunciado de esa institución, tras haber sido acusado de ser un mal docente y de acosar a las alumnas de esa escuela.

Los inconformes lamentaron que el sindicato Charro de docentes del Conalep, regido por su secretario general Julio César Mejía Hernández en apoyo con la Dirección General, hayan permitido el regreso del docente sin pensar en los alumnos y alumnas de dicho colegio.

“Que se atenga a las consecuencias quien apoye a este mal docente, por cualquier situación dada, responsabilizamos directamente a la dirección estatal de Conalep, así como al secretario general del sindicato charro Julio César Mejía Hernández”, aseveraron en un comunicado.

Finalmente el contingente concluyó con un mitin en el parque central de Altamirano, donde gritaron consignas como: “Fuera acosador de alumnas", "padres de familias, alumnos y docentes nos unamos a esta demanda”.

Por incumplimiento de obras y por falta de atención ciudadana, campesinos de la ranchería Nuevo Jardín de la zona media de Altamirano, retuvieron al director de la Policía Municipal César Rogelio Sántiz Hernández, a quien llevaron hasta la comunidad como forma de presión.

Una comisión de aproximadamente 25 personas de la comunidad Nuevo Jardín llegó a la presidencia municipal en busca de las autoridades encabezadas por el alcalde Gerardo Aguilar Gómez, para reclamarle diversos compromisos que hasta el momento no ha cumplido.

Los inconformes, al no encontrar a los funcionarios y cansados de tantas evasivas, sacaron por la fuerza a los empleados y a algunos funcionarios de tercer nivel. Ante esto, testigos señalan que el jefe policiaco César Rogelio apareció con gestos de provocación, por lo que fue retenido por los molestos pobladores.

Se dice que al presidente municipal le ha faltado capacidad para solucionar las demandas, no ha cumplido con algunos compromisos y está mal asesorado, pues este escenario es el resultado de la molestia de los lugareños que exigen respuesta a sus planteamientos y una solución a sus necesidades.

Al menos unas 150 personas de la comunidad San Miguel Chiptic del municipio de Altamirano acudieron a la presidencia municipal para notificar a las autoridades municipales  el acuerdo de derribar  un garaje y un baño que están construyendo en la propiedad del señor Agustín Alvares Vázquez, a quien lo acusan de negarse a acatar los acuerdos de la comunidad y de causar divisionismo y conflicto social.

En el documento, que va dirigido al presidente municipal Gerardo Moreno Aguilar, solicitan la intervención de Víctor Hugo Sánchez Zebadúa, secretario de Asuntos Religiosos del gobierno estatal para que ponga fin a un conflicto religioso en la comunidad y que advirtieron podría salirse de control por la desobediencia de Agustín Álvarez, quien se niega a acatar el acuerdo ejidal.

Explicaron que en la comunidad no permiten la profanación de otra religión ajena a la católica y así se ha regido por usos y costumbres; sin embargo, el acusado, quien profesa la religión adventista, desde hace un par de años luego de acordarse su expulsión le dieron la oportunidad de quedarse en la comunidad pero sin contar con derechos ejidales; sin embargo está construyendo su casa en un lugar urbano y eso ofende a la asamblea.

Dicen que de forma prepotente y expresiones burlonas, Agustín Álvarez presume el apoyo de los pastores del séptimo día y del secretario de Asuntos Religiosos que, incluso, se han rumorado 14 órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios, por lo que responsabilizan a Agustín Álvarez y a Víctor Hugo Sánchez de cualquier altercado que pudiera suscitarse en la comunidad.

Por lo tanto, ponen del conocimiento al secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda para que ponga atención a dicha problemática y evitar que un problema pequeño se convierta en un conflicto social, que por lo tanto promoverán el desplazamiento inmediato de Agustín Álvarez de la comunidad y se hará acreedor de una multa por desobedecer los acuerdos de la asamblea.