San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- El desplome de un eucalipto de aproximadamente 15 metros de altura en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH puso en alerta por el riesgo que representan otros árboles para alumnos, docentes y personal de la universidad, al registrarse ya cuatro reportes de ejemplares caídos en este sector.

El árbol se desplomó durante las fuertes ráfagas de viento registradas la tarde del miércoles. Tras el incidente, personal de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente realizó una inspección y detectó afectaciones en las raíces del ejemplar.

De acuerdo con la evaluación preliminar, las afectaciones estarían relacionadas con cortes realizados en las raíces durante la construcción de una calle cercana, hace aproximadamente tres años, lo que habría debilitado la estructura del árbol.

Ante esta situación, serán inspeccionados otros tres eucaliptos que presentan condiciones similares para determinar las medidas necesarias, entre ellas trabajos de poda o derribo, en caso de que representen un riesgo.

La preocupación se extiende a la comunidad universitaria, debido a que estos árboles se encuentran en un área con tránsito constante de estudiantes y trabajadores, por lo que un nuevo desplome podría ocasionar daños a personas o instalaciones.

Además, autoridades mantienen comunicación con vecinos de la colonia Revolución Mexicana, quienes señalaron estar dispuestos a realizar trabajos de poda o derribo de árboles cuyas ramas se proyectan hacia las calles, conforme a lo que determine la evaluación técnica.

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Cerca de dos millones de personas en Chiapas, es decir, una de cada tres, dependen parcial o totalmente de sistemas comunitarios para acceder al agua potable, debido a la falta de cobertura de los servicios públicos en comunidades rurales y periurbanas, advirtió la organización Alianza Aguas Comunes.

De acuerdo con un análisis territorial elaborado por RED+AGUA Chiapas, con base en datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, aunque las cifras oficiales reportaban una cobertura de agua del 89.4%, solo el 47.3% de los hogares en la entidad cuenta con una toma domiciliaria y apenas el 41.2% recibe agua diariamente.

Ante este panorama, la organización señaló que son los propios habitantes, mediante comités, patronatos y asambleas comunitarias, quienes administran, operan y mantienen los sistemas de abastecimiento de agua en localidades donde las instituciones no han logrado garantizar el servicio.

Por ello, hizo un llamado al Congreso del Estado para que la nueva Ley de Aguas reconozca legalmente a los sistemas comunitarios, les otorgue respaldo institucional, capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento para fortalecer su operación.

La Alianza Aguas Comunes propuso cinco ejes para la nueva legislación: reconocimiento legal de los sistemas comunitarios, corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades, capacitación y asistencia técnica, mecanismos de coordinación con los municipios y la creación de un registro simple y gratuito de estos sistemas.

Los representantes de la organización afirmaron que la gestión comunitaria no sustituye la responsabilidad del Estado, sino que complementa la prestación del servicio en las zonas donde la infraestructura pública es insuficiente, por lo que fortalecer estos modelos permitirá avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua en Chiapas.

La Alianza Aguas Comunes está integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorios rurales e indígenas del sur de México y junto con RED+AGUA Chiapas, asegura haber contribuido a mejorar el acceso al agua y al saneamiento para más de 120 mil personas en 321 comunidades del sureste del país.

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