San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.19 de febrero de 2026.- Una mujer indígena solicitó la liberación de su pareja, detenido el pasado 3 de febrero por agentes estatales y recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, acusado de presunta venta de estupefacientes, al asegurar que su detención se realizó sin orden de aprehensión.

La denunciante, identificada como Jennifer Natasha Hermenegildo Díaz, señaló que el hombre fue detenido en la colonia La Hormiga, al norte de la ciudad, cuando regresaba de su trabajo, y posteriormente trasladado ante las autoridades, donde le informaron que era investigado por delitos contra la salud.

Indicó que tanto su esposo como un menor de edad, familiar del detenido, se dedican a la albañilería y negó que estén vinculados con la venta de drogas, por lo que pidió a las autoridades revisar el caso y garantizar un proceso legal justo.

La mujer agregó que por falta de recursos económicos no han podido contratar un abogado, lo que ha complicado la defensa legal, mientras su familia enfrenta dificultades económicas y emocionales.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades correspondientes para dar seguimiento al caso, informar sobre la situación jurídica de los detenidos y garantizar el respeto a sus derechos.

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Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fueron inhabilitadas, en redes sociales, diversas páginas y cuentas digitales que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación.

Las investigaciones desarrolladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo permitieron establecer líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad.

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico correspondiente, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, con estricto apego al marco legal vigente.

Con estas acciones, el gobierno de la Nueva ERA fortalece su política firme para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que el uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho.

Así mismo se exhorta a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

El Gobierno del Estado actuará con determinación, firmeza y estricto apego al marco jurídico.

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