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Clausuran establecimiento por falta de permisos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 19 de agosto de 2026.- Un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas fue clausurado por autoridades municipales en la colonia Central Campesina Obrera, al norte de San Cristóbal de Las Casas, luego de detectar que no contaba con la documentación necesaria para acreditar los permisos requeridos para su funcionamiento.

La intervención fue realizada por personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, quienes colocaron sellos de Suspensión de Actividades por Incumplimiento a las Disposiciones Reglamentarias en Materia de Prestación de Servicios y Actividades Mercantiles.

De acuerdo con la autoridad municipal, la acción se efectuó en atención a denuncias ciudadanas y a una solicitud presentada por la mesa directiva de la colonia, por lo que se llevó a cabo la verificación correspondiente para determinar si el establecimiento cumplía con la normatividad vigente.

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas señaló que mantendrá las acciones de inspección y vigilancia en establecimientos comerciales, con el propósito de garantizar que operen conforme a las disposiciones legales y reglamentarias.

Asimismo, reiteró su disposición de atender los reportes y denuncias de la ciudadanía relacionados con posibles incumplimientos a la normativa municipal.

San Cristóbal de Las Casas H. Ayuntamiento 2024-2027

Fabiola Ricci Diestel

#diarioprensalibrechiapas

#sancristobaldelascasas

#sancristobal

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Fiscalía de Justicia Indígena refuerza atención a víctimas de violencia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, mantiene especial atención en casos de violencia familiar, abuso sexual, violación y pederastia, delitos que son denunciados en municipios de las regiones indígenas de Chiapas, informó Flor Alma Gómez Santiz, Fiscal de Justicia Indígena.

Destacó que se mantiene especial atención en casos de pederastia y otros delitos contra menores, por lo que se realizan investigaciones incluso cuando los hechos son reportados mediante redes sociales, siempre que existan elementos que permitan presumir la comisión de un delito.

Gómez Santiz, reconoció que las mujeres indígenas enfrentan diversas barreras para denunciar, entre ellas el desconocimiento del español, analfabetismo, dependencia económica y condiciones sociales y culturales. Por ello, la Fiscalía cuenta con traductores de tseltal, tsotsil, tojolabal y chol.

Explicó que también se realizan recorridos y trabajo comunitario, además de mantener coordinación con autoridades municipales y comunitarias para fortalecer la prevención y evitar que los conflictos escalen hasta convertirse en delitos.

Precisó que la problemática varía entre regiones. En Los Altos se atienden principalmente casos de violencia familiar y violación, mientras que en municipios de la Selva y la región Chol, como Ocosingo, Chilón, Yajalón, Bachajón, Tumbalá, Tila y Sabanilla, se han identificado investigaciones relacionadas con pederastia, entre otros delitos.

La funcionaria aclaró que los asuntos agrarios, civiles o mercantiles no corresponden a la Fiscalía; sin embargo, se brinda orientación y se canaliza a las personas ante las instancias competentes.

Finalmente, hizo un llamado a las personas víctimas de algún delito a denunciar y acercarse a la Fiscalía de Justicia Indígena o a la institución más cercana, al señalar que se busca garantizar una atención oportuna y fortalecer la confianza de las comunidades en las instituciones de justicia.

 

@diarioprensalibrechiapas

#sancristobal

#fiscaliadejusticiaindigena

#fgechiapas

#regionaltos

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Padres de familia exigen aclarar manejo de 600 mil pesos de “La Escuela es Nuestra”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-Padres de familia del jardín de niños Dr. Rafael Pascacio Gamboa, ubicado en el barrio de La Merced, manifestaron su inconformidad por el manejo de los recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra”, luego de que el plantel recibiera 600 mil pesos destinados a obras de mejoramiento.
La inconformidad se centra en que de acuerdo con los denunciantes, el recurso fue recibido por una educadora que forma parte del comité encargado del programa, situación que consideran puede generar malos entendidos y dudas sobre la administración del dinero.
Ariadna Luna, madre de familia y presidenta del comité, señaló que ella presentó su renuncia para evitar verse involucrada en alguna situación relacionada con el manejo o comprobación de los recursos.
Explicó que se convocó a una reunión con padres de familia para informar sobre la situación; sin embargo, varios no pudieron acudir debido a sus actividades laborales.
“Sabemos que el apoyo o recurso destinado para una escuela no debe llegar a manos de una maestra o maestro, porque puede haber malos entendidos”, señaló, aunque reconoció que actualmente el dinero se está utilizando para realizar obras dentro del plantel.
Denunció un presunto faltante de 3 mil 500 pesos correspondiente al periodo 2024-2025, cuando se desempeñó como tesorera del comité de padres de familia, asegurando que al concluir su gestión entregó los recursos y la documentación correspondiente al nuevo comité, por lo que exigió que se aclare el supuesto faltante y rechazó asumir el pago.
“Toda entrada de recurso o compra de artículos en beneficio de la institución la tengo en regla y puedo comprobarla cuando lo requieran”, afirmó.
Los padres de familia solicitaron que se transparente el manejo de los 600 mil pesos y que se revise la integración del comité responsable de administrar los recursos, a fin de evitar cualquier duda sobre su aplicación y garantizar que sean utilizados exclusivamente en beneficio del plantel.
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