De acuerdo con testimonios de habitantes, el suministro ha sido irregular desde hace varios años, llegando en algunos meses solo dos o tres días con baja presión. Las fallas actuales se atribuyen a desperfectos en una de las bombas del sistema de agua, dañada por una descarga eléctrica durante los constantes apagones en la zona.

Autoridades municipales señalaron que el equipo afectado se ubica en el predio Santa Elena, a unos 5 kilómetros de la cabecera y que actualmente solo una bomba se encuentra en operación, lo que limita la distribución. Vecinos recordaron que la crisis se agravó durante el conflicto social de la pasada administración, cuando ejidatarios tomaron la presidencia municipal por más de un año y acusan que el servicio se suspendió de manera intencional como medida de presión política, deteriorando aún más la infraestructura hidráulica.

Los afectados exigieron una solución definitiva, pues consideran insuficiente la distribución parcial y temporal de agua. “Este problema lleva años y ahora empeoró; antes el agua llegaba cada 10 o 15 días, ahora llevamos más de un mes sin una gota. Estamos cansados de comprar agua cara y vivir así”, denunció un vecino.

El Sistema de Agua Potable pidió comprensión y aseguró que trabaja en la reparación de la bomba dañada para restablecer el servicio lo antes posible, aunque no precisó una fecha para su normalización.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Ambiental, ejecutó dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los municipios de Altamirano y Ocosingo, derivado de investigaciones por el delito de ecocidio en su modalidad de comerciar, procesar y acopiar recursos forestales maderables sin autorización de la autoridad competente.

Las diligencias se realizaron en seguimiento a denuncias anónimas que señalaban actividades de almacenamiento y venta de recurso forestal maderable sin la documentación correspondiente, lo que fue corroborado mediante actos de investigación.

Con la autorización del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo, se ejecutaron los cateos con el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Fiscalía Indígena, Guardia Estatal Preventiva, Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Dirección de Servicios Periciales.

En el inmueble ubicado en la carretera Altamirano-Cuxuljá a la altura del ejido 12 de Octubre, se aseguraron 307 piezas de madera en rollo; 18 mil 751 piezas de madera aserrada en diversas presentaciones; maquinaria tipo sierra cinta de 3 pulgadas; torre de sierra de 6 pulgadas; estructura metálica con rodillos y bandas para transportar troncos de madera; dos desorilladoras de madera y sierra sin marca; y una sierra cinta con estructura metálica de la marca Danckaert International.

En el inmueble cateado en la localidad Nueva Providencia, de Ocosingo se aseguraron 29 piezas de madera en rollo; 20 mil 58 piezas de madera aserrada; 90 mil tabletas para caja de empaque; una estructura metálica con rodillos y bandas para transportar trozos de madera; dos sierras cinta con estructura metálica; ocho sierras cinta de 06 pulgadas; un motor con disco esmeril para afilar; dos tanques de oxígeno industrial; un afilador de hoja de sierra; y una desorilladora de madera y sierra.

Los bienes quedaron bajo resguardo en los predios intervenidos, mientras que el Ministerio Público continuará con las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de hacer frente al delito de ecocidio con Cero Impunidad.

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Vecinos de distintos barrios y colonias señalaron que el suministro ha sido irregular desde agosto de 2023, cuando se averió la bomba principal que abastece los tanques de almacenamiento de agua. La falla se originó en medio del conflicto político registrado durante la pasada administración, cuando ejidatarios tomaron la presidencia municipal por más de un año.

Según denuncias ciudadanas, suspendieron el servicio como medida de presión para exigir la desaparición del concejo municipal. Pese a los pagos puntuales de sus recibos, muchos usuarios deben recurrir a la compra de agua en pipas, cuyo costo oscila entre 300 y 400 pesos o bien adquirir garrafones de 20 litros a 10 pesos cada uno, generando un gasto adicional difícil de sostener para muchas familias.

Los ciudadanos señalaron que los tanques de almacenamiento siguen vacíos y que no se ha dado mantenimiento a las bombas de agua ubicadas en la comunidad de Santa Elena, origen del suministro. La situación, afirman, se ha mantenido sin solución desde hace más de cinco años, sin que ninguna administración haya logrado resolverla.

Las zonas más afectadas incluyen El Campo, Las Casitas, La Candelaria, El Arenal y Barrio Centro, donde el malestar es creciente ante la falta de respuestas claras por parte del actual ayuntamiento encabezado por Gaspar Sántiz. La población exige una solución inmediata al problema del agua potable.