• En Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas

La Fiscalía General del Estado presentó a ocho personas con reporte de no localizadas, mismas que fueron ubicadas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas.

La FGE implementó las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas, y como resultado, los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial localizaron a cinco personas menores de edad y tres mayores de edad. 

Las personas fueron presentadas ante el Fiscal del Ministerio Público para ser escuchadas en declaración ministerial, mismas que ya se encuentran con sus familiares, en buen estado de salud.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y población en general, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Fiscalía General del Estado de Chiapas 

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• Medida cautelar de prisión preventiva 

La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Juan “N”, como presunto responsable del delito de pederastia, cometido en agravio de una menor de edad de identidad reservada, por hechos ocurridos en San Cristóbal de Las Casas.

El Juez de control vinculó a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando el plazo de un mes para la investigación complementaria.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Cinco familias, integradas por 18 personas, fueron desalojadas la tarde del miércoles en la colonia Explanada del Carmen, al sur de San Cristóbal de Las Casas. Un notario, acompañado por elementos de la policía, ejecutó el desalojo tras una orden judicial que reconoce la propiedad del terreno a una persona identificada como Marilú.

Las viviendas, construidas de madera y techadas con láminas de asbesto, fueron desmontadas y las pertenencias de las familias, entre muebles, electrodomésticos y enseres personales, quedaron en la vía pública.

De acuerdo con los afectados, llevaban 50 años viviendo en el predio, el cual fue propiedad de una mujer identificada como doña Elena, quien falleció sin dejar documentos que avalaran la posesión de los terrenos a su favor. Señalaron que la disputa inició tras su muerte, cuando presuntos herederos reclamaron la propiedad y presentaron la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Elementos de la policía permanecieron en el sitio para evitar que los desalojados regresaran a sus viviendas. Las familias solicitaron apoyo al gobierno estatal, ya que aseguraron no tienen un lugar donde refugiarse.

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