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Elementos del Grupo interinstitucional encabezados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) lograron la detención de dos sujetos por el delito de robo con violencia y portación de arma de fuego en el municipio de Pijijiapan.

Lo anterior, derivado de la implementación de una serie de operativos anti pandillas efectuados en diversas zonas, colonias y periferias de los municipios de la región Istmo Costa.

Los dos sujetos fueron detenidos en sobre el tramo carretero Mapastepec-Pijijiapan.

Los presuntos responsables responden a los nombres de Cristian “N” y Noé “N”, mismos que pertenecen al grupo delictivo MS18, a quienes se les aseguró un arma de fuego calibre 22, tipo escuadra.

Por estos hechos, la Fiscalía de Distrito Istmo Costa dio inicio a la Carpeta de Investigación número 012-069-705-2017 por el delito de robo con violencia y portación de arma de fuego.

Derivado de las primeras investigaciones, se logró conocer que los dos imputados despojaron a las víctimas de una motocicleta marca Italika y de un teléfono celular, hechos ocurridos en el municipio de Pijijiapan.

Asimismo, la instancia local desahoga las investigaciones pertinentes para conocer si los presuntos responsables han participado en otros hechos delictivos en la región.

Por su parte, el Fiscal del Ministerio Público luego de realizar las diligencias correspondientes entre las que destacan, dictámenes periciales y comparecencia de las víctimas, logró acreditar la presunta responsabilidad de los imputados.

Mientras tanto, la Procuraduría de Chiapas indicó que, en coordinación con los tres niveles de gobierno, continuarán implementando patrullajes y recorridos pie tierra las 24 horas del día en diversos municipios del distrito.

Lo anterior, con el objetivo de mantener índices de seguridad y evitar que grupos de delincuentes pretendan establecerse en la región Istmo Costa.

 

En estas acciones participan efectivos de la PGJE en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía Federal y Municipal, Instituto Nacional de Migración (INM), Ejercito Mexicano y Marina Armada de México.

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Senado se suma a impugnaciones contra Constitución de la CDMX

·         El legislador Pablo Escudero aseguró que la impugnación que presentarán será por invasión de competencias en materias educativa y salud; controversia la presentará en la SCJN

Por considerar que la Constitución de la Ciudad de México tiene posibles invasiones a la competencia del Congreso de la Unión en materias educativa y salud, el Senado de la República anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Pablo Escudero, indica que el artículo 8 de la Constitución local titulado Ciudad Educadora y del Conocimiento contraviene al artículo tercero de la Carta Magna.

Además, señala que el documento capitalino también interfiere con algunos preceptos de la Ley General de Educación, ya que la Asamblea Constituyente, sin facultad alguna, dio atribuciones educativas a las delegaciones en la capital, cuando éstas son exclusivas de las autoridades federales.

En tanto, detalla que tras una revisión y análisis, también el artículo 9, titulado Ciudad Solidaria, viola los artículos 4 y 73 federales, así como los 235, 236 y 237 de la Ley General de Salud.

Lo anterior porque en el apartado D.7 de ese artículo se establece que a toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa.

A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable”, dicta el artículo 9 de la Constitución de la CDMX.

Sin embargo, ésa es una atribución exclusiva del Congreso de la Unión, aseguró el legislador Escudero.

El Senado de la República se suma a los interpuestos por la Presidencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República.

 

Las impugnaciones de estas instituciones son por la invasión de facultades exclusivamente federales.

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Desalojo pacífico; la reserva, a salvo

Durante las primeras horas de este jueves, elementos del grupo interinstitucional encabezaron un operativo pacífico que permitió la restitución de un predio al interior de la Reserva Natural Cañón del Sumidero.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Especializada de la PGJE, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), así como personal de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Fiscalía Especializada en Grupos Sensibles y Vulnerables, y Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.

Además, representantes de la Secretaría General de Gobierno, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Fiscal de Distrito Metropolitano, Nery León Aragón, dio a conocer que la restitución del predio responde a una denuncia formal y que en todo momento se privilegió el diálogo con los invasores.

Asimismo, sostuvo que “todos sabemos que la Reserva Natural Cañón del Sumidero es un pulmón no sólo para Chiapas, sino para México, por lo cual estamos obligados a defender todos y no permitir asentamientos que atenten contra el equilibrio ecológico”, afirmó.

Por otra parte, León Aragón señaló que la Procuraduría trabaja de la mano con las instancias estatales y federales para prevenir y combatir los delitos ambientales en todas las regiones de la entidad.

Cabe destacar que, las personas que se encontraban en el asentamiento desalojaron la Reserva Natural de manera pacífica, por lo que posteriormente fue restablecido al Gobierno Federal como su legítimo propietario.

En este operativo fueron detenidos Mario “N”, Humberto “N”, Dilan “N”, Homero “N”, Óscar “N”, Salatier “N”, quienes fueron trasladados a la Fiscalía de Distrito Metropolitano para que sea la autoridad competente quien resuelva su situación jurídica.

De esta forma, el Gobierno de Chiapas refrenda el compromiso de velar por el Estado de Derecho y garantizar el acceso a una justicia integral, sin distingo alguno.

 

 

 

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