La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que a través del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA), se han beneficiado a más de 18 mil personas con acciones en materia de prevención del delito durante el transcurso del año 2017.

Lo anterior, al implementar estrategias en el marco del Programa Regional de Seguridad y Prevención que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello en los 122 municipios del estado.

Es importante destacar que Centra es el único programa de rehabilitación en Latinoamérica que cuenta con la certificación del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, como parte del movimiento de Comunidades Seguras.

Además, las cinco clínicas que operan en Chiapas se encuentran reconocidas por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), con grado de excelencia.

Derivado de lo anterior, se han realizado 594 acciones en materia de prevención del delito, resultando 18 mil 102 beneficiados; 9 mil 236 hombres y 8 mil 863 mujeres.

El ciclo de pláticas y talleres de prevención se ha impartido a través de personal especializado de los Centras ubicados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Comitán y Pichucalco.

Entre los temas que han sido analizados destacan la “Prevención de Adicciones”, “Violencia Familiar, Escolar y en el Noviazgo”, “Prevención del Acoso Escolar” y de “Violencia basada en el Género”.

Además de, “Trata de Personas”, “Abigeato”, “Extorsión”, “Embarazo en Adolescentes”, “Estilos de Vida Saludable” y los mecanismos de denuncia con los que cuenta la Procuraduría de Chiapas.

Es importante mencionar que las pláticas de prevención del delito han sido dirigidas a estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y de nivel universitario.

Por lo que respecta al tratamiento residencial o ambulatorio que ofrece Centra, durante el año 2017 se han beneficiado a 191 usuarios, 172 hombres y 19 mujeres, que han recibido tratamientos en las diversas clínicas con las que cuenta el estado.

Asimismo, se han brindado un total de 2 mil 881 terapias psicológicas individuales, mil 853 atenciones de ayuda mutua y 4 mil 745 consultas médicas.

Es de resaltar que, se han efectuado mil 345 terapias de seguimiento a egresados de las diversas clínicas del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento  en Adicciones y más de 250 terapias familiares.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que derivado de las acciones que encabeza el grupo interinstitucional en materia de seguridad, se continúan desplegando operativos de inspección y cierre de bares y cantinas en municipios de la región Centro.

Lo anterior, con el objetivo de mantener los índices de seguridad y en atención a las políticas públicas en materia de prevención del delito que impulsa el Gobierno del Estado.

La dependencia estatal informó que dichas acciones operativas se continuarán desplegando a otros municipios de la región.

Por lo anterior, la fiscalía de Distrito Centro encabezó la inspección de bares y cantinas ubicados en los municipios de Villaflores y Ángel Albino Corzo.

Elementos del grupo interinstitucional, realizaron la inspección de 14 inmuebles con venta de bebidas alcohólicas.

Entre los inmuebles que fueron inspeccionados en el municipio de Ángel Albino Corzo se encuentran los bares, “Broncos y Vaqueros”, “El Resbalón”, “El Perico”,” Rincón del Toro”, “Las Gardenias” y “El Pingüino”.

Mientras que en el municipio de Villaflores se inspeccionaron los bares, “La Caminera”, “La Palapa”, “El Palenque y “Las Caguamas de Don Moxel”.

Además de, cuatro establecimientos de los denominados “Cervecentros” y una tienda de abarrotes denominada “Morsa”.

Es importante destacar que en los establecimientos se verificó la afluencia de las personas al interior y afuera de los bares, con la finalidad de mantener el orden en la vía pública, inhibir y combatir cualquier posible expresión del delito.

Derivado de estas acciones, el grupo interinstitucional realizó recorridos pie tierra y patrullajes preventivos en el municipio de Ángel Albino Corzo, en los barrios “Los Ángeles”, “Emiliano Zapata”, “La Pila”, “San Agustín”, “Centro”, “Ciudad Rural” y “Nuevo Poblad”.

En Villaflores, los cuerpos de seguridad recurrieron las Colonias “Huanacaxtle”, “San Ramón”, “Santa Catarina”, “Matzumon”, “Brasil”, “Magisterial”, “Almacenes”, “Deportiva” y la zona el libramiento.

Además de, las Colonias “San Marcos”, “Solidaridad”, “Bicentenario”, “Popular”, “Margaritas”, “Sirena”, “20 de Noviembre”, “San Juan” y “Guioronda”.

Por lo que respecta al municipio de Villa Corzo, se realizaron patrullajes en los Barrios “Conasupo”, “Colosio”, “Tapachulita” y “El Cerrito”.

En estos trabajos participan efectivos de la PGJE en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPM), Policía Federal y Municipal; Marina Armada de México y Ejército Mexicano.

Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su firme compromiso con toda la ciudadanía para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas.

María Claudia Gómez Ruíz, empleada del área de Archivo de la Secretaría de Educación, denunció públicamente a un administrativo por acoso laboral y amenaza de golpes contra su persona. 

La afectada dio a conocer que ha sufrido el constante acoso  por parte de  José Rubén Hidalgo Cruz,  jefe del Área de Superior  en Archivo General de la Secretaría de Educación, sin embargo el sujeto también la amenazó  con "enseñarle a ser mujer, en la calle". 

Gómez Ruíz relató que de todo inició cuando señaló ante sus superiores a Hidalgo Cruz por no cumplir con sus responsabilidades. 

Fue desde ese momento en que comenzó todo: "José  se ha dedicado a insultarme, nunca ha respetado a las mujeres, es un grosero y prepotente. Yo señalé  que el señor deja siempre sola su área de trabajo y le indignó tanto que a partir de ese momento  he sido víctima de insultos,  mentadas de madre". 

La denunciante desde ese momento temió por su integridad por lo que decidió levantar una denuncia ante la Función Pública por acoso; "aparte el señor se dedica a pedir dinero prestado y nunca lo regresa, ese es mi caso". 

Sin embargo, las amenazas y la situación de Claudia no cambiaron, por el contrario, la situación ha empeorado. 

"El día viernes 17 de marzo llegué a mi trabajo a las 7:30, como todos los días, estando ya varios compañeros ahí dentro de la oficina, de pronto empezó con los insultos e indirectas,  a lo cual yo le dije si a mí me lo decía, y  me contestó, 'sí  a ti hija de tu reputa madre'". 

En esa ocasión cansada de los insultos y la situación, hizo frente a su acosador recibiendo más insultos. "Empezó a  decirme Pinche vieja pobre,  yo le contesté mejor pobre que teporocha, porque tú dejas el trabajo botado,  vas a tomar y ni te dignas a regresar,  eso es peor que ser pobre, respondiéndome  'chinga tu reputa-madre'". 

En esa ocasión y ante la vista de todos los compañeros de trabajo el hombre sin miramientos la amenazó con golpearla, y haciendo señas obscenas le reviró  "un día de estos te voy a enseñar a ser mujer en la calle, yo llegué a mi límite y respondí, vente pendejo no te tengo miedo, pinche teporocho porque iba  en estado de ebriedad". 

Claudia agregó que fue reinstalada en las mismas oficinas que su agresor después de un proceso legal, pero nunca pensó que tendría que lidiar con un ser "tan despreciable y sin respeto hacia las mujeres. Llegaron más insultos, dijo que fuera para chuparle la verga y me alzaría  las patas para darme  una cogida que eso me hacía falta". 

Por la situación que se ha vuelto insostenible, la víctima presentó una denuncia ante la PGJE en el área  de Servidores Públicos, para ponerle un alto al funcionario,  con  actitud grotesca en contra de  las mujeres.  

Así mismo dio a conocer que el caso fue turnado a sus superiores, que no han hecho nada al respecto a pesar de que han presenciado la conducta del hombre. 

Ante ello, María Claudia Gómez Ruíz hace un llamado al secretario de educación Roberto Domínguez Castellanos, para frenar un acto vergonzoso en contra de una mujer trabajadora de la Secretaría de Educación, así como al director de personal para frenar la situación que podría costarle la vida. 

Al mismo tiempo pide la intervención de la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra las Mujeres y se aplique la ley contra un sujeto que puede causar daño físico, incluso quitar la vida a la denunciante, por la actitud que el agresor ha mostrado.