Aldama, Chiapas.- Con el objetivo de fortalecer las medidas de seguridad en Aldama y municipios vecinos, el Ayuntamiento Municipal anunció una serie de sanciones para quienes incumplan las disposiciones oficiales.

De acuerdo con el comunicado emitido, la portación y detonación de armas de fuego será sancionada con una multa de 50,000 pesos en la primera ocasión, mientras que en caso de reincidencia, la sanción económica ascenderá a 100,000 pesos.

Asimismo, se informó que los vehículos sospechosos estacionados después de las 20:00 horas, cuyos ocupantes se encuentren consumiendo bebidas alcohólicas, serán sujetos a una multa de 20,000 pesos por persona.

Dentro de las nuevas disposiciones también se prohibió la circulación de vehículos con cristales polarizados, medida que busca prevenir actos delictivos y garantizar una mayor visibilidad para las autoridades. La multa por incumplimiento será de 5,000 pesos.

Finalmente, quedó prohibido el uso de pasamontañas en espacios públicos, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el municipio.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a respetar estas medidas, recordando que su cumplimiento es fundamental para preservar el orden y proteger la integridad de los habitantes

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Manuel Maciel Mora y Francisco Darwin Trejo Recinos, fueron encontrados como presuntos culpables de haber cometido el delito de suplantación de identidad en agravio de la Caja Popular San Juan Bosco, por lo que fueron vinculados a proceso este lunes en el juzgado de control “El Canelo” en Chiapa de Corzo.

La titular del juzgado les dictó diversas medidas cautelares, entre ellas que deberán acudir al juzgado a firmar cada viernes a la Unidad de Medidas Cautelares en Tuxtla Gutiérrez, hasta que termine el proceso penal correspondiente. 

Ambos individuos fueron encontrados como presuntos culpables de usurpar funciones y atribuciones que no les corresponden, en virtud de la escritura pública 59762 protocolizada en Iguala, Guerrero en 2023,  fue cancelada su inscripción en el Registro Público de la Propiedad el 2 de febrero de 2024, por órdenes de un juez federal mercantil, anulándoles toda personalidad jurídica. 

Por lo que deberán pagar una multa económica de 200 mil pesos cada uno de ellos. Se les prohibió salir del estado o del país mientras dure el proceso penal y tienen prohibido concurrir a reuniones con socios o empleados y acercarse a las instalaciones de la Caja Popular San Juan Bosco, tanto al corporativo, a las oficinas generales y a las 16 sucursales que existen en 8 municipios del estado.

De incurrir en violaciones a las medidas cautelares, la juez de control podría dictarles órdenes de aprehensión por sustraerse de la ley, a pesar de que Francisco Darwin Trejo Recinos, se presentó a la audiencia con la protección de un amparo ante el temor de ser detenido.

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Una persona de la tercera edad denunció que fue detenida y encarcelada en la comunidad Predio Santiago en San Cristóbal de Las Casas y para su liberación las autoridades de la zona, le fijaron una multa económica de 15 mil pesos acusándola de hacer brujería en la comunidad.

Las autoridades de la comunidad le dieron un plazo hasta el sábado 26 para vender su vivienda, pero no lo logró por lo que decidieron despojarla de su patrimonio y golpearon a su hijo menor edad. Actualmente se encuentra rentando un cuarto en la zona norte de esta ciudad.

Rosa Pérez López, es el nombre de la abuelita, quién no sabe hablar español y a través de una persona realizó su denuncia para exigir justicia, aclaró que lo único que hizo, fue una fiesta en honor a la imagen de San Judas Tadeo el pasado 25 de enero de 2023, pero las autoridades se incomodaron.

Desde esa fecha ha sido hostigada y amenazada. La traductora, con autorización de la afectada dio los nombres de las autoridades responsables de la comunidad: Juan Jiménez, Sebastián Díaz Pérez, Sebastian Arias, Patricio Díaz Pérez, Sebastian Pérez Mochilu, Domingo Pérez, Manuel Gómez, Salvador López López y Pascual López.

Finalmente se informó que la afectada presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Justicia Indígena para investigar el caso y llamar a citar a los responsables del despojo para que se haga justicia.