Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Un centenar de integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC) marcharon por las principales calles de la capital chiapaneca, para exigir al gobierno del estado la instalación de una mesa de diálogo resolutiva ante demandas agrarias, de salud, educación, vivienda y justicia, entre otras. 

La movilización concluyó en un mitin frente a Palacio de Gobierno, donde anunciaron un plantón indefinido, hombres en su mayoria colgaron sus mantas, desmontaron sus mochilas para luego instalarse alrededor bajo un intenso sol. Los manifestantes señalaron que pese a múltiples solicitudes de audiencia no han recibido respuesta. 

Entre sus principales exigencias se encuentra la entrega de escrituras de predios en comunidades como 28 de Junio, Santa Rufina Las Perlas y Guadalupe La Cuchilla, así como la regularización de tierras en municipios como Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez y Venustiano Carranza.

Además, la OCEZ-RC demando proyectos productivos, construcción de viviendas dignas, acceso a agua potable y ampliación de apoyos sociales. También exigió  la aparición con vida de Uverlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, desaparecidos desde el 26 de junio de 2023, un caso que sigue sin resolverse.

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Un rotundo fracaso resultó la gran marcha denominada por la estabilidad de la Caja Popular San Juan Bosco, convocada por un grupo de desestabilizadores plenamente identificados por las autoridades. 

Alrededor de 300 personas, en su mayoría “acarreados”, que fueron llegando a la plazuela de María Auxiliadora a bordo de combis colectivos y uno que otro camión, a quienes se les repartió 200 pesos en efectivo como pago de su día, su torta, su refresco, lonas y cartulinas previamente rotuladas por “los coordinadores” de la marcha, ordenándoles que debían portarlas y ondearlas a lo largo de la manifestación “pacífica”. 

La mayoría vestidos de blanco en señal de paz, contrastaba con el odio y el rencor con el que expresaban consignas contra las autoridades que ordenaron vía sentencia de amparo la restitución de los bienes inmuebles de la Caja Popular y su debido cumplimiento por parte de la Fiscalía General del Estado.  

Al frente de la marcha Rosa Elvira Flores Sánchez, maestra jubilada de 75 años de edad, se acercaba a sus incondicionales para pedirles que gritaran vivas a su nombre "para que el pueblo vea y escuche que tengo todo el respaldo", sus órdenes se cumplieron a lo largo de la caminata bajo en candente sol que caía a plomo.  

Hay que subrayar que la Caja Popular San Juan Bosco, lo integran más de 60 mil socios ahorradores mayores y más de 20 mil socios ahorradores menores de 18 años, por lo que, quienes marcharon representan el 0.3 por ciento del padrón de afiliados, de ahí el fracaso en la convocatoria por parte de los organizadores.

Trascendió que los acarreados eran de la colonia Primero de Enero, Nueva Maravilla, la Hormiga y Molino los Arcos, de la zona norte de la ciudad.

Así también se dijo que a tres líderes de esas colonias les dieron un pago de 50 mil pesos para movilizar a la gente, pero no lograron el objetivo porque los que recibieron el pago ya no llegaron por ser día de trabajo, en sí los trabajadores y socios inconformes eran aproximadamente 150.

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* Las dependencias gubernamentales se declaran en alerta para aplicar la ley si se altera el orden público.

* No se va a permitir y se actuará con energía, determinan la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno. 

Personal de la Secretaría de Gobierno y Mediación, así como de la Fiscalía de Distrito Altos, acordaron tomar medidas de seguridad y protección en las inmediaciones de los inmuebles de la Caja Popular San Juan Bosco, que recientemente fueron restituidos por mandato del Juzgado Tercero Federal en materia de amparos.

Ante posibles disturbios que pretenden realizar grupos de choque manipulados y contratados por Rosa Elvira Flores, Manuel Maciel Mora y Francisco Darwin Trejo Recinos, las autoridades han determinado enérgicamente que no se va a permitir disturbios, que no se van a tolerar desmanes y quien altere el orden público será sometido al imperio de la ley. 

Circulan versiones en grupos de WhatsApp que Armando Ramón Ballinas Ramos, Pedro Fabián Bonifaz Bermúdez, Antonio de Jesús Guillén Flores, Rosa Viviana Flores Cruz, Oscar de Jesús Hernández Gómez, Alberta Felipa Guillén Ramos, Octavio Gonzalo Rosales Trujillo, Felipe de Jesús Cordero Pérez, José Ramón Gómez González, Alba Sagrario Martínez Gómez, Humberto Elí Domínguez Molina, José Nolasco Aguilar Montoya y Alejandro Díaz Espinoza, serán los responsables de coordinar a los grupos violentos que ya fueron contratados para infiltrarse en esta manifestación haciéndose pasar como socios ahorradores. 

También se filtró la información que Rafa un “líder pesado” de la zona norte, es el encargado de acarrear a grupos de jóvenes indígenas violentos y como pago recibió una camioneta pick up marca Nissan color roja propiedad de la Cooperativa que le fue entregada la semana pasada directamente por Darwin Trejo Recinos, luego de una reunión que sostuvieron “los coordinadores de la marcha” en el estacionamiento de la Caja Popular que se ubica en el fraccionamiento Salesiano. 

Se tiene conocimiento de buena fuente que durante la manifestación gritarán consignas y portarán cartulinas en contra del gobernador del estado, de los jueces federales, de la Fiscalía de Justicia del Estado, de la Fiscalía de Distrito, de la Suprema Corte, de la presidenta municipal de San Cristóbal Fabiola Ricci y de los representantes legales de la Caja Popular, entre otros.

Cabe mencionar que la Caja Popular San Juan Bosco tiene 64 mil socios ahorradores mayores y cerca de 20 mil ahorradores menores en 8 municipios del estado, por lo que valdrá la pena ver cuántos socios asisten a la marcha y cuantos serán infiltrados para causar desorden y poner en riesgo la paz pública en la ciudad.

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