A unas horas del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, México vive un ambiente de alta tensión y dualidad marcada, donde la fiesta futbolística internacional coexiste con intensas protestas sociales y un caldeado debate político.

El país está bajo los reflectores globales por convertirse en el primero en albergar tres Mundiales, pero el inicio de la justa ocurre entre paros magisteriales, obras a contrarreloj y un estricto blindaje de seguridad.

El panorama actual se divide en los siguientes ejes:

En el ambiente político tenemos la ausencia presidencial por cálculo mediático ya que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que no asistirá a la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca. Rompiendo el protocolo tradicional de los mandatarios anfitriones, decidió regalar su boleto VIP a una joven de una comunidad indígena de Veracruz. 

Hay acusaciones en las redes sociales de boicot y de complot: El gobierno ha señalado que existe un intento de la oposición y de sectores de ultraderecha para proyectar una imagen de caos y violencia ante los miles de periodistas extranjeros que ya se encuentran en la capital del país, Guadalajara y Nuevo León, sedes de los partidos mundialistas.

Se perciben fricciones internacionales en la víspera del arranque del torneo que ha estado marcado por tensiones bilaterales con Estados Unidos tras enérgicos discursos de la presidenta mexicana contra la "injerencia" del Departamento de Justicia estadounidense. 

A esto se sumaron complicaciones logísticas extremas, como las restricciones que obligaron a la selección de Irán a concentrarse en Tijuana bajo la premisa de "juegas y te vas" en sus duelos en territorio estadounidense. 

Por si eso fuera poco tenemos el Ambiente social y las protestas que estallan como petardos.

El desafío más fuerte sin duda alguna es el de la CNTE: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantiene bloqueos y marchas masivas. 

Las y los maestros exigen desde hace casi 15 días la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, sus legítimos derechos a una pensión digna y demandan un aumento salarial del 100%. Este conflicto mantiene en duda el acceso libre al FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino. 

A las protestas magisteriales se han sumado diversos colectivos como el de las familias de personas desaparecidas que han anunciado movilizaciones en las inmediaciones de los estadios para aprovechar la atención internacional y exigir justicia ante una crisis de seguridad que el balón no ha podido ocultar. 

En el caso particular de la Ciudad de México se suma el malestar urbano por obras inconclusas lo que ha provocado que vecinos  de las zonas aledañas al Estadio Azteca mantengan quejas por proyectos de infraestructura vial apresurados y estaciones del Metro que arrancan el torneo operando a medias o entre escombros. 

Ante la fiebre del fútbol la capital del país se encuentra colapsada, incluso por las torrenciales lluvias de los últimos días que amenazan con prolongarse durante el mundial. 

Para mitigar un poco el colapso vial en la Ciudad de México durante el debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, el gobierno federal decretó la suspensión total de clases en educación básica y media. Asimismo, se ordenó el home office obligatorio para burócratas y se exhortó a las empresas privadas a implementar el teletrabajo. 

Ante los temores por la presencia de la delincuencia organizada y eventos delictivos recientes, las autoridades desplegaron el operativo militar y policial más grande de la historia reciente del país denominado “Plan Kukulcán”. 

Más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército custodian ya aeropuertos, hoteles y las tres sedes nacionales del Mundial.

Hay que subrayar que a pesar de todas las adversidades y el alto costo comercial de las entradas, el fervor futbolero se respira en las calles de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Miles de aficionados extranjeros han sido recibidos con mariachis en los aeropuertos, y en las fachadas de la capital del país lucen monumentales murales dedicados a la cultura mexicana y la pasión futbolera.

Ahora todos esperamos que ruede el balón…

La justicia penal en San Luis Potosí padece una alarmante distorsión en sus prioridades. Mientras la Fiscalía local demuestra una celeridad implacable para procesar y encarcelar a comunicadores bajo la controversial regulación de identidad digital, la gran mayoría de las víctimas de crímenes graves en el estado topan con un muro de ineficacia burocrática. Datos recientes de la plataforma de análisis México Evalúa sitúan a San Luis Potosí entre los estados con mayor rezago judicial en el país, registrando un índice de impunidad del 93.2% en la resolución de casos. Esta realidad evidencia un aparato de seguridad pública que castiga con rapidez la disidencia digital mientras permite que la delincuencia de alto impacto opere al margen de la ley. [1, 2]

Radiografía de la Impunidad: Cifras de la Desproporción

• Efectividad Institucional Mínima: De acuerdo con los indicadores consolidados por México Evalúa, la efectividad promedio del sistema de justicia potosino es de apenas el 6.8% en la resolución efectiva de carpetas de investigación, quedando muy por debajo de la media nacional. [1]
• Violencia Organizada: Aunque informes oficiales del gobierno federal destacan disminuciones porcentuales en el promedio de homicidios dolosos, el Índice de Paz México ubica a San Luis Potosí con una de las calificaciones más desfavorables en delitos de la delincuencia organizada (4.792), multiplicando por tres la media nacional en este rubro. [1, 2]
• El Filtro de la Cifra Negra: Organismos civiles reportan que solo 6 de cada 100 delitos cometidos en el estado llegan a ser investigados por las autoridades. De este pequeño porcentaje que ingresa al sistema, las tasas de impunidad específica rozan niveles absolutos, alcanzando un 99.9% de olvido judicial en el robo simple y más del 94% en feminicidios. [1]

La Alerta Internacional ante la Prisión Preventiva

Con exagerada anticipación en Chiapas rumbo a la sucesión gubernamental en 2030, estos tres perfiles ya figuran en las "conjeturas políticas" locales, cada uno con fortalezas y retos distintos según el panorama actual:

Sasil de León Villard, es vista como una de las figuras femeninas con mayor trayectoria legislativa (diputada local, diputada federal y dos veces Senadora). Su posicionamiento nacional y su cercanía con las estructuras de poder la mantienen como una carta fuerte para la gubernatura.

Jorge Llaven Abarca, el actual Fiscal General del Estado ha construido una plataforma basada en la seguridad y gobernabilidad. Su estrategia "seguridad desde lo local" y su presencia constante en operativos de alto impacto lo perfilan como el candidato del "orden", un tema prioritario para el electorado chiapaneco de cara al 2030.

Óscar Aparicio Avendaño, como  Secretario de Seguridad del Pueblo, ha trabajado en estrecha colaboración con Llaven Abarca, incluso siendo coautor del libro "Chiapas, camino a la paz". Su perfil es más técnico-operativo, pero su visibilidad en la pacificación del estado lo coloca como un actor relevante en la mesa de sucesión. 

¿Qué definirá la balanza?

Existe una fuerte corriente que sugiere que el próximo gobierno de Chiapas (2030-2036) debería ser encabezado por una mujer, lo que daría ventaja a Sasil o a otros perfiles entre los que se mencionan también a Patricia Armendáriz Guerra y María Elena Orantes.

Si el estado continúa enfrentando retos de violencia, el electorado podría inclinarse por perfiles como Llaven o Aparicio.

Todas y todos los aspirantes según el apoyo que reciban desde el centro del país y la estructura del partido en el poder, serán determinantes en sus aspiraciones.